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| Cadáveres de 15 de los migrantes asesinados en San Fernando de Tamaulipas. AFP |
MARÍA VERZA Especial para EL MUNDO
México DF Actualizado: 23/08/2014 12:09 horas
"Lo peor está por venir". La frase, del padre Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos del Camino de Ixtepec (Oaxaca), estremece si se tiene en cuenta que la pronuncia en un acto de conmemoración de la mayor masacre de la historia reciente de México: los 72 migrantes asesinados hace cuatro años en un rancho de San Fernando (Tamaulipas), la punta este de la frontera de México con EEUU.
"Fue un crimen de lesa humanidad y no podemos acostumbrarnos a eso", añade el sacerdote.
Solalinde, uno de los más destacados defensores de derechos de los migrantes, cuenta con tristeza que los asesinados eran "mercancía" del Cartel del Golfo que pasó por territorio Zeta (el cártel enemigo) y esté grupo los liquidó.
"Nos rodearon tres carros -contó entonces a la prensa uno de los dos únicos supervivientes -Nos llevaron a una casa. No nos pidieron nada, solo dijeron: ¿quieren trabajar con nosotros? Y nadie quiso. Nos amarraron las manos atrás, nos tuvieron ahí una noche. Después nos botaron boca abajo y escuché un ruido, que disparaban. Mataron a todos. Cuando se fueron, corrí". Este ecuatoriano que entonces tenía 17 años, hoy vive oculto. Protegido, dicen. Y con miedo.
También tienen miedo las familias de los muertos de distintos países de Centro y Sudamérica, muchas de las cuales han recibido amenazas en sus propias casas. Por eso solo una docena se ha atrevido a dar la batalla en los tribunales.
Doña Ángela es una de ellas. "Mis dos hijos y mi esposo fueron masacrados pero en total represento a siete personas asesinadas ahí. No hay medicina para este dolor, hasta nos quisieron extorsionar diciéndonos que habían aparecido. Es muy fuerte", lamenta esta guatemalteca en un discurso grabado por las organizaciones civiles que la apoyan. "Hablo para que haya justicia", añade sin poder contener las lágrimas.
Todo ocurrió un 23 de agosto de hace ahora cuatro años. A los pocos días de encontrarse los cuerpos, el gobierno federal anunció que se pondría en marcha un plan coordinado para poner fin a los secuestros migrantes. ¿Puede haber algo peor, cómo pronostica Solalinde?
Un año después, entre abril y mayo de 2011, se encontraron 49 fosas clandestinas, también en San Fernando, con 193 migrantes. Se cree que eran pasajeros víctimas de los secuestros masivos a autobuses que hubo en esa época. No hubo denuncias. Las compañías de transporte miraban para otro lado. Las maletas sin dueño se acumulaban en la estación de esa localidad de 60.000 habitantes. Cuando se localizaron los cuerpos, unos quedaron en Tamaulipas, otros los llevaron al DF y un puñado de ellos fueron cremados... Sus identidades se fueron con el humo.
"Abrí el ataúd y había 17 bolsas plásticas de diversos colores, un pedazo de carne con tierra y gusanos y más bolsas pero no el cadáver, ¿por qué este engaño?", se queja una madre hondureña que esperaba recibir repatriados los restos de su hijo. "Esperamos su colaboración para saber donde está el cuerpo", pidió en una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Justicia pendiente
En el caso de las fosas, así como en la masacre de los 72, se considera que hubo participación directa o indirecta de funcionarios y autoridades pero la justicia, como denuncia Amnistía Internacional, "continúa pendiente".
La ONG lanzó esta semana un llamamiento "urgente y enérgico" a esclarecer los hechos. Y la institución que vela por el acceso a la información en México, el IFAI, acaba de exigir a la Procuraduría General de la República (PGR) que haga públicos los documentos relacionados con la masacre y que la fiscalía se había negado a ofrecer con el argumento de que se encontraban reservados por doce años. La PGR solo anunció en octubre de 2010 la detención de ocho personas acusadas de planear y ejecutar el multihomicidio pero no se sabe sí fueron liberados, condenados o sigue el proceso en su contra. Sin verdad no hay justicia, recuerdan las víctimas.
Según un informe de febrero de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (uno de los colectivos que asesora legalmente a las víctimas), fueron vinculados a la investigación penal 17 funcionarios, de los cuales siete están siendo procesados. Parece que la gran mayoría de ellos eran policías municipales. El mismo documento dice que cables desclasificados estadounidenses de 2010 y 2012 muestran que las autoridades mexicanas estaban informadas de los crímenes de los Zetas y dejan entrever sospechas de posibles complicidades de los tres gobernadores que tuvo Tamaulipas de 1993 a 2011.
Y la situación, insiste el padre Solalinde, puede empeorar.
Un año después de las fosas y dos después de la masacre, el 13 de mayo de 2012 fueron encontrados 49 torsos en Cadereyta (Nuevo León) en la carretera que va a Tamaulipas. Se cree que todos eran también migrantes. Fueron decapitados, desmembrados y junto a ellos se encontraba una manta en la que el cártel de los Zetas se atribuía los hechos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un informe sobre migración presentado este mes asegura que la respuesta que dio México a todas estas atrocidades "osciló entre la indiferencia y la opacidad".
La Fundación antes mencionada va más allá al asegurar que hubo errores y engaños durante las exhumaciones y las identificaciones que, en algunos casos, dieron con los huesos de unos en las casas de otros. También denuncia un "trato inhumano y degradante" a las familias que nunca fueron consideradas como 'víctimas'.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ni siquiera calificó la masacre de los 72 como una violación grave a los derechos de las personas.
Ante la presión social, a finales del año pasado, ya con el gobierno de Enrique Peña Nieto en el poder, la PGR, con la asesoría del Comité Internacional de la Cruz Roja, firmó un convenio con varias organizaciones civiles, entre ellas el Equipo Argentino de Antropología Forense, para identificar y buscar la causa de la muerte de los migrantes, un total de 314, asesinados en los tres sucesos mencionados.
En mayo de este año, según datos de la Fundación para la Justicia, cerca de 200 restos permanecían sin identificar. De la masacre de los 72 todavía seguían en esa situación 11 cadáveres, indicó Amnistía Internacional.
Pero, al margen de las violaciones a los derechos de las víctimas y sus familias, el problema está lejos de acabar, como augura el padre Solalinde.
El mes pasado, en solo unos días, las fuerzas de seguridad rescataron a 231 migrantes secuestrados en varios puntos de Tamaulipas, una muestra de que la trata de personas y su extorsión, es un negocio en auge, uno de los más rentables del crimen organizado, alertó hace ya tiempo la ONU.
"Esto va a reventar y tanto los países de origen de esos migrantes, como México y EEUU serán responsables por no proteger a los seres humanos", concluye Solalinde.
____Fuente: http://www.elmundo.es/internacional/2014/08/23/53f86422268e3e316c8b456e.html
