Pablo Jiménez Guaricuco se quedó sin trabajo. Fue despedido
de su puesto como Escribiente III en el Servicio Autónomo de Registros y
Notarías, Saren. El 5 de noviembre vio el aviso de notificación en la prensa.
Listo: estaba fuera. No importó el reposo por accidente laboral. No importó la
inamovilidad por "fuero paternal". No importó -o sí- que estuviera
liderando la formación de un sindicato. ¿Y qué fue lo que hizo Jiménez
Guaricuco? Dicen que además de liderar protestas tuiteó algunas cosas incómodas
para la directiva del Saren.
El 3 de julio la entonces directora general del Saren, Violeta Clavaud de
Vegas, envió el memorando número 82 a la dirección de recursos humanos de la
institución. Allí pide que se abra un procedimiento disciplinario de destitución
al funcionario Pablo Jiménez "con motivo de la presunta comisión de faltas
graves en el desempeño de sus funciones". Clavaud explica: "... se
encuentra involucrado en la falta de rectitud en el obrar, al darse a la tarea
de crear y retwittear mensajes ofensivos que lesionan y perjudican, el buen
nombre y la imagen de la Institución y de mi persona como máxima autoridad de
este Servicio, recibidos en la cuenta institucional @DenunciasSaren".
Al memorando se le anexó un acta en la cual se reproducen algunos de los
mensajes emitidos por Twitter desde @trabajasaren cuyo titular se identifica en
el perfil como “JimenezD”. Se trata de denuncias sobre corrupción en el Saren,
de quejas porque tras un año de gestión la directora Clavaud no se habría
reunido nunca con los trabajadores en asamblea, sobre ineficiencia en el
Servicio, incumplimiento de normas de Lopcymat y reclamos por aumentos
salariales, además de cuestionamientos a los "logros" de la
directora.
De acuerdo a ese documento el autor de los trinos es Pablo Jiménez Guaricuco. Y
eso le bastó a recursos humanos para ordenar -el 15 de julio- instruir un
expediente disciplinario e invocar causales de destitución en su conducta como
injuria, insubordinación y lesionar el buen nombre del ente público. Otro empleado,
Ronald Hernández, pasa por un proceso similar y tiene el sueldo suspendido.
Pero hay un detalle extra en todo esto: si acaso la queja pública de un
trabajador vía Twitter pudiera asumirse como capaz de perjudicar al Saren y
constituir motivo de despido, lo cierto es que en ninguna parte se comprueba
que la cuenta desde la que se enviaron los mensajes pertenece efectivamente a
Pablo Jiménez. "Esa cuenta no es mía ni tiene nada que me vincule",
dice el propio Jiménez: "En el proceso nunca lograron probar que era mía
porque no lo es".
También lo dice su abogado -un defensor público- en su oficio del 5 de agosto
dirigido a recursos humanos del Saren: "... no existen suficientes medios
probatorios respecto a los presuntos mensajes suscritos por mi defendido a
través de la cuenta de Twitter “JimenezD” @trabajasaren, ya que en ningún
momento se probó que esa cuenta sea de él por lo que las pruebas que existen
son circunstanciales, ya que se limitan a narrar hechos no comprobados".
Enjaulados
Lo que no aborda el defensor público son los temas de fondo que plantea el caso
de Jiménez -quien, de paso, denuncia que él y dos compañeros han sido
hostigados y amenazados- y que van por la misma línea de lo sucedido con otras
personas que si bien no perdieron sus empleos por emitir mensajes vía Twitter,
están pasando por algo no menos preocupante: perdieron su libertad y enfrentan
procesos penales.
Ocho personas fueron detenidas entre el 22 de agosto y el 15 de octubre como
consecuencia de mensajes difundidos por sus cuentas de
Twitter y solo una -la
flautista Daniela Benítez- fue dejada en libertad al establecerse que no tenía
relación con una de las cuentas investigadas, la de un "
vidente" que
se hace llamar
La Negra @Hiipolita.
Leonel Sánchez Camero, responsable de
@AnonymusWar fue detenido en Barinas el
22 de agosto. Lo rastreaban por sus llamados a la desobediencia civil y le
acusan de instigación al odio, ultraje, conspiración, posesión de equipos para
falsificaciones de tarjetas y acceso indebido y por haber intervenido cuentas
de algunas figuras del Gobierno.
Inés Margarita González es la muy conocida
@InesitaTerrible,
quien quedó detenida el 4 de octubre al atender una citación del SEBIN de
Maracaibo. Por sus tuits referidos al asesinato del diputado Robert Serra y sus
comentarios sobre la citación del SEBIN, le acusan de ultraje a funcionario
público, ultraje violento e instigación pública.
Víctor Andrés Ugás cayó en la tentación de difundir lo que algunos afirmaban
tener pero no se atrevían a tuitear: Fotografías del cadáver de Robert Serra.
Lo detuvieron el 13 de octubre y le imputan los delitos de revelación indebida
de data o información de carácter personal y espionaje informático, todos
previstos en la Ley Especial contra los Delitos Informáticos.
El 24 de septiembre desde la cuenta
@Hiipolita salieron dos mensajes en los que
se anunciaba un luto en la Asamblea Nacional.
El 1 de octubre asesinaron a Serra y a alguien en el poder le pareció que tanta
clarividencia era sospechosa. El "vidente" Lessy Marcano y su sobrina
Ginette Hernández (quien manejaba la cuenta para el tío) fueron detenidos el 15
de octubre y dos días después se ordenó la privación de su libertad y fueron
acusados por difusión de falsa información, agavillamiento y oferta engañosa.
María Magaly Contreras también anunció otra muerte a través de su cuenta
@marletmaga en la que se promociona como tarotista y vidente. Sus mensajes
hacen pensar que se trataría de algún opositor encarcelado. El 27 de octubre la
detuvo el SEBIN de Maracaibo y en la audiencia le imputaron los delitos de
instigación e intimidación pública.
Todos permanecen en la sede del SEBIN en Caracas.
"Al revisar los casos lo que encuentras es que se persigue penalmente la
expresión de opiniones e incluso de supuestas predicciones", explica el
abogado Gonzalo Himiob, del Foro Penal: "¿Qué se castiga aquí? La
manifestación de una posición personal, independientemente de los excesos que
algunas de estas personas hayan podido haber cometido". Explica el
especialista que los tipos penales que se aplican en estos casos forman parte
de lo que se conoce como delitos de opinión, muy cuestionados en el derecho
moderno porque se basan en criterios subjetivos que no permiten precisar con
certeza qué es lo que está prohibido y lo que no, algo fundamental en el caso
del derecho penal.
El abogado Alberto Arteaga redondea la idea: "En los últimos tiempos se
han activado mecanismos de persecución penal por los llamados delitos de
expresión (instigación a delinquir, instigación al odio, difamación o injuria o
por ofensas a funcionarios públicos), hechos punibles en los que, en
definitiva, queda su apreciación al arbitrio de jueces carentes de autonomía,
presionados por quienes ejercen el poder".
La vía del castigo
Otro elemento a considerar tiene que ver con la duración de las penas: "La
máxima es de 6 años, en ningún caso la pena justifica que permanezcan privados
de libertad", señala Himiob: "Y mucho menos en el SEBIN. Se está
violentando el derecho que tienen a ser juzgados en libertad". También hay
que detenerse en las acusaciones de instigación: "¿A quién se instigó a
llevar a cabo cuáles acciones?", interviene Alfredo Romero, también
abogado del Foro Penal: "Hay que demostrar que esos mensajes hicieron
nacer en otros la idea de llevar a cabo ciertas acciones. Aquí se está
utilizando el delito de instigación para castigar a un sector de la sociedad en
función de criterios políticos".
El activista de derechos humanos Carlos Correa aporta un referente de estándar
global: Los Principios de Johannesburgo sobre Seguridad Nacional, la Libertad
de Expresión y el Acceso a la Información que señalan que nadie podrá ser
castigado por "criticar o insultar a la nación", ni al Estado ni al
gobierno ni a sus funcionarios, a menos de que la crítica "tuviera la
finalidad y la probabilidad de incitar a la violencia inminente".
Para Romero, el comodín de la instigación tiene un matiz: "Todo depende
del nivel de sensibilidad del funcionario. La sensibilidad es de mil por ciento
cuando se trata de un mensaje contra alguien del gobierno, pero de cero por
ciento cuando es contra alguien de la oposición."
En este punto surgen interrogantes: ¿No hay responsabilidad legal para quien
insulta u ofende a otro a través de Twitter?
"Puede ser, claro, pero no es válido que se apliquen normas penales",
aclara Himiob. El criterio es que en todo caso se trataría de acciones civiles
impulsadas por el agraviado o sus familiares y no del Estado actuando por la
vía penal.
¿Y qué hay con la difusión de la fotografía del cadáver del diputado?
"Quien difundió la foto no forma parte del grupo de personas que están
obligados a guardar la reserva de esas imágenes, que son quienes participan en
la investigación", explica Himiob: "Hacia ellos es que deben
orientarse las acciones legales".
¿Y se puede castigar la expresión de un supuesto acto de videncia? "Los
casos de los videntes representan un retroceso terrible. Es como si desde el
poder se interpretara una relación causa y efecto entre lo que dice un vidente
y la realidad", señala Himiob: "El derecho penal castiga hechos
concretos y materiales que tienen la capacidad de modificar de manera negativa
al mundo exterior. ¿Cómo vas a castigar a un vidente? Esto nos devuelve a
estados de persecución superados desde la Inquisición".
La conclusión de los tres abogados apunta al mismo lugar: De lo que se trata es
de coartar la libertad de expresión. "Quien ejerce un derecho, quien emite
una opinión no comete, por ello, delito alguno", apunta Arteaga:
"Nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones, como dice el artículo
19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos." Himiob plantea la
perspectiva de la situación: "Lo que se busca es generar en los ciudadanos
un sentimiento de inhibición con el mensaje de que tengas cuidado con lo que
digas porque te meto preso".
