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sábado, 16 de julio de 2016

Implementarán sistema para monitorear llamadas telefónicas de disidentes políticos recluidos en cárceles venezolanas

Implementarán sistema para monitorear llamadas telefónicas de disidentes políticos recluidos en cárceles venezolanas

El régimen asegura que implementará un sistema para combatir las llamadas mafias carcelarias, impidiendo la realización de llamadas telefónicas vía móviles celulares ubicados en el interior de recintos carcelarios.

El régimen asegura, asimismo, que mediante el mismo sistema monitoreará las llamadas telefónicas de los recluidos en centros carcelarios; sin embargo, o las restringe e inhibe, o las permite para así monitorearlas. Son acciones antagónicas, no susceptibles de ser aplicadas las dos al mismo tiempo, al unísono.

Caracas, 16 de julio de 2016

En nota de prensa publicada por la Agencia Venezolana de Noticias, se afirma que “…activarán sistema de supervisión que inhibe señal en las cárceles…”; asimismo, que “la ministra Iris Varela señaló que se espera que la semana que viene se instale esta tecnología en la cárcel de Ramo Verde.”

Aquí la nota de prensa:

“La ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, anunció este viernes 15 de julio el inicio de la activación del llamado Sistema Tecnológico de Seguridad Penitenciaria (Sitesep) para combatir las “mafias” en las cárceles y prevenir que los internos usen teléfonos celulares.
“Nos permite un control absoluto de la dinámica de los recintos penitenciarios del país”, dijo la ministra y aseguró que el mecanismo capta información “en tiempo real” lo que ayudará a combatir “las mafias penitenciarias”.
Señaló que este viernes se inicia la primera etapa que incluye la activación del centro de comando y control regional de la Gran Caracas, que “monitorea las cárceles” ubicadas en la capital del país y en zonas cercanas que representan unos diez internados.
La ministra agregó que se espera que la semana que viene se instale esta tecnología en la cárcel de Ramo Verde, donde se encuentra preso el coordinador nacional de Voluntad Popular (VP), Leopoldo López.
“Vamos a arrancar la próxima semana instalando el sistema de tecnología de seguridad penitenciaria en Ramo Verde, allí vamos a colocar todo este sistema de inhibidor de señal de monitoreo en tiempo real, de control”, dijo.
Indicó que este mecanismo evitará “muchas especulaciones” porque “siempre salen algunos personajes que están privados de libertad allí a través de sus familiares a decir que le están violando sus derechos humanos pero en realidad lo que tienen es un libertinaje”.
Asimismo, apuntó que un privado de libertad “no puede estar teniendo un teléfono celular” y “ningún privado de libertad puede sentirse con privilegios por encima de otros”.
La ministra aseguró que en la mayoría de las cárceles los presos tienen derecho a una llamada gratuita por semana de tres minutos a sus familiares, “por supuesto que es de telefonía controlada”, y a una visita por semana.
“Nadie puede decir que a los privados de libertad se les está incomunicando”, agregó.
Varela dijo en diciembre que durante 2016 prácticamente la totalidad de los presos del país estará bajo “el humanitario” régimen oficial, que incluye desde evaluaciones disciplinarias hasta controles periódicos de desarme.
Entonces estimó que en 2016 se estará “muy cerca del 100 por ciento” de la población reclusa acatando las normas de este régimen “y toda esta historia de terror en los recintos penitenciarios debe formar parte de un pasado que no puede volver”.
La Asamblea Nacional (AN) ha señalado que desde las cárceles del país se planifican y ordenan secuestros, robos y otros crímenes y que los reclusos portan potentes armas de fuego como se ha demostrado en videos recientes que los mismos presos se han encargado de difundir.
Según el último informe presentado en noviembre pasado por la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), más de 6.500 presos han muerto en los últimos 16 años en cárceles de Venezuela, en las que el hacinamiento supera actualmente el 190 por ciento, debido principalmente a la lentitud del sistema judicial.”

Hasta aquí la nota de prensa.

Cómo podrá ser advertido, el sistema a ser implementado pareciera tener dos objetivos muy distintos entre sí; de una parte, inhibir las llamadas celulares que pudiesen ser efectuadas o ser atendidas desde el interior de recintos carcelarios; por otra, “monitorear” las llamadas en cuanto a su contenido e intervinientes, quién llama por teléfono y a quién, qué hablan, cuánto tiempo hablan: A tales efectos activarán el llamado “Sistema Tecnológico de Seguridad Penitenciaria”, otro de los innumerables planes y programas del régimen para combatir la delincuencia.

Sin embargo, el sistema así planteado es incongruente: Sí inhibe las llamadas telefónicas efectuadas desde móviles celulares ubicados en el interior de recintos militares, ¿cómo podrán “monitorear” las llamadas telefónicas, sí éstas llamadas no podrían ser efectuadas pues estarían restringidas y bloqueadas?

Por tanto, o el sistema restringe y bloquea las llamadas telefónicas, o no restringe ni bloquea llamada telefónica alguna para así brindar al “sistema” la oportunidad de “monitorearla” y conocer así entonces el contenido de las conversaciones sostenidas con delincuentes recluidos en algún centro carcelario, cómo sería el caso de cuándo conspiran para planear secuestros, extorsiones y muertes por encargos desde las cárceles o simplemente, qué sería lo más común, para citar y darles instrucciones a las consabidas víctimas de cómo deben ser efectuados los respectivos pagos para recuperar vehículos y hasta familiares o allegados secuestrados.

No obstante, en la Venezuela de lo posible, el sistema a ser implementado ejecutará al unísono las dos acciones antagónicas: Inhibirá y restringirá las llamadas telefónicas efectuadas desde celulares ubicados en el interior de recintos carcelarios; y, al mismo tiempo que las inhibe y restringe, permitirá “monitorearlas” para “…captar información “en tiempo real” (para) combatir “las mafias penitenciarias.”

Por lo tanto, hemos de acotar dos cuestiones: La primera de tales acotaciones consiste en que resultaría más adecuado, idóneo y eficiente colocar en las azoteas de cada recinto carcelario la antena de un simple aparato electrónico cuya función consista en bloquear llamadas por teléfono móvil celular.

En efecto, “…un bloqueador de llamadas por teléfono celular, es un instrumento que impide recibir señales de teléfono celular desde la estación base. Cuando se utiliza, el bloqueador desactiva efectivamente los teléfonos celulares. Estos dispositivos se pueden utilizar en cualquier lugar, pero se utilizan principalmente en lugares o recintos dónde están restringidas las llamadas telefónicas, para no perturbar actividades por el ruido como en escuelas u hospitales, o para evitar comisión de crímenes como sería el caso de las cárceles y otros establecimientos penitenciarios.” Esta información se encuentra en Wikipedia, la enciclopedia universal cibernética; también puede descargar esa información bajo formato electrónico haciendo clic aquí, respecto a un artículo en cuya edición participamos nosotros hace un par de años; pero sí de veras busca adquirir el dispositivo, hasta navegando por Internet conseguirá infinidad de proveedores…

La segunda de tales acotaciones es respecto a que el sistema así propuesto constituye una evidente desviación de poder; me explico, estaríamos en presencia de un acto viciado y afectado por desviación de poder cuándo a través de ese acto se encubre bajo la apariencia de un manto de legalidad un acto ilegal, pues aún cuándo a través del acto se ejerce una atribución o facultad legalmente atribuida se desvía ese ejercicio hacia fines u objetivos distintos a los legalmente perseguidos, encubriendo esa irregularidad en el aspecto formal del acto ejecutado, invalido materialmente por nulo; en el caso de marras, el órgano ministerial quizás tenga competencia tanto para bloquear e inhibir llamadas desde móviles celulares ubicados en el interior de centros carcelarios, y hasta competencia para “monitorear” las conversaciones sostenidas vía telefónica por individuos recluidos en centros carcelarios. Pues bién, el sistema propuesto esta viciado por desviación de poder por cuanto pareciera estar dirigido específicamente para “monitorear” las llamadas telefónicas de Leopoldo López, el opositor político recluido en la cárcel militar de llamada “Ramo Verde”, ubicada en las cercanías de la Gran Caracas, pues así expresamente lo afirma la ministra:

“…Se espera que la semana que viene se instale esta tecnología en la cárcel de Ramo Verde, donde se encuentra preso el coordinador nacional de Voluntad Popular (VP), Leopoldo López.”

Ahora bién, ¿por qué es “desviación de poder”? Para que el acto administrativo carezca de vicios, el sistema propuesto debería ser aplicado sin discriminación alguna en todos los recintos carcelarios del país, o se bloquean, restringen e inhiben en todas las cárceles del país “todas” las llamadas que puedan ser efectuadas mediante móviles celulares, pero sólo pareciera que le aplicarán la medida al ya señalado preso político, Leopoldo López; o se “monitorean” todas las llamadas telefónicas efectuadas vía móviles celulares ubicados en centros carcelarios, sin excepción alguna, no sólo aquellas en las que intervenga como interlocutor el ya nombrado disidente político, Leopoldo López.

¿Por qué es desviación de poder? Por cuanto para nadie es un secreto que desde el interior de las cárceles las mafias carcelarias manejan y controlan su imperio criminal, ordenando ejecutar asesinatos, secuestros y extorsiones, así como igualmente para hacer alarde hasta en las distintas redes sociales de su malhabido poder: Fiestas, celebraciones, posesiones materiales, poder de fuego…

Entonces, ¿para que cebarse sobre un dirigente político que purga condena en una cárcel? ¿Se combatirá acaso a las mafias carcelarias escuchando y monitoreando las conversaciones telefónicas de Leopoldo López?

Estamos en presencia entonces de una errada medida de política criminal, no sólo por incongruente dada la imposibilidad material de implementar en un sistema dos funciones antagónicas, o se restringe y bloquea cómo ya expresáramos –colocando una “antenita” en las azoteas de las cárceles-, o se monitorean las llamadas que sean efectuadas desde móviles celulares ubicados en el interior de centros carcelarios; sino también por estar viciada de ilegalidad, dado que constituye una desviación de poder implementar un sistema sólo para monitorear las llamadas telefónicas de los presos políticos del régimen, en vez de extender la aplicación de esa medida a todos quienes estén recluidos en centros carcelarios, sin discriminación ni excepción alguna.

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martes, 5 de julio de 2016

Abatidos dos niños por la policía

ABATIDOS DOS NIÑOS

POR LA POLICÍA

Fundamerced

Caracas, 5 de julio de 2016

Dos personas fueron abatidas y dos funcionarios resultaron heridos durante un enfrentamiento entre sujetos armados y los uniformados de la Cuarta Compañía del Destacamento 341 (D341), del Comando de Zona de la Guardia Nacional Bolivariana N° 34 (CZGNB-34), y la Policía del estado Guárico (Poliguárico), la noche del domingo 2 de julio.

Según fuentes policiales, efectivos de la GNB y efectivos del Centro de Coordinación Policial de Poliguárico, ejecutando labores de patrullaje en el sector Bicentenario, de El Sombrero, conocido como Concha de Mango, avistaron a un sujeto en actitud sospechosa, por lo cual procedieron a darle la voz de alto, pero éste emprendió veloz huida hacia una vivienda, de características precarias, tipo rancho.

Al llegar los funcionarios, fueron recibidos a tiros, resultando heridos dos efectivos de Poliguárico, uno con herida superficial en la cabeza y otro en uno de los brazos. Ambos fueron trasladados al hospital, donde según el reporte policial, se encuentran fuera de peligro.

Al ver la acción de los sujetos, los uniformados accionaron sus armas de reglamento y dispararon contra los pistoleros, resultando heridos los sujetos; por tal motivo, fueron trasladados a la sala de emergencia del Hospital Dr. Francisco Risquez de la población de El Sombrero, donde fallecieron a los pocos minutos de su llegada.

Los fallecidos quedaron identificados como Aleixis Javier Seíjas López de 12 años y José Gabriel Aquino López de 14 años, ambos menores y según la legislación venezolana: Niños. Los cadáveres fueron trasladados a la morgue del Hospital Dr. Israel Ranuárez Balza de San Juan de los Morros, Guárico, para la necropsia de rigor.

Se conoció que en el sitio del suceso fueron colectadas dos armas de fuego, una tipo pistola y una escopeta, además de una bomba; se presume que ambos abatidos pertenecen a la banda de “El Picure”, cuyo líder fue abatido a principios de mayo.

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jueves, 8 de octubre de 2015

Predpol: Software para predicción del crimen

PredPol, el primer software de predicción del crimen

Forbes Staff / Forbes Staff Tecnología / 8 de abril de 2015

Esta startup californiana hunde su algoritmo en un mar de datos y es capaz de predecir en dónde ocurrirá el siguiente delito, pero algo tan bueno no puede no tener detractores.

Por Ellen Huet

Dos o tres veces al día, en casi 60 ciudades de todo Estados Unidos, miles de agentes de policía hacen fila para pasar lista al inicio de sus turnos. En ese trámite le es entregado un mapa marcado y se les dice: Durante sus rondas, vayan a las zonas marcadas en rojo, cada una de aproximadamente la mitad del tamaño de una manzana de la ciudad. Pero el departamento de análisis criminal del departamento no fue el responsable de esos mapas, sino generados por PredPol, un programa de software de “predicción policial” que analiza datos históricos sobre la delincuencia a través de un algoritmo desarrollado por la compañía, y determina entre 10 y 20 lugares más probables en donde podría ocurrir el próximo acto delictivo. Si los oficiales pasan sólo entre 5% y 15% de su turno en esas zonas, predice PredPol, prevendrán más crímenes de los que podrían si recurrieran sólo a su instinto o experiencia.

Los departamentos de policía pagan entre 10,000 y 150,000 dólares al año para tener acceso a esas marcas rojas luego de escuchar que otros departamentos que usan ese servicio han visto caídas de dos dígitos en la incidencia criminal. Es imposible saber si PredPol previene el crimen, ya que los índices de delincuencia fluctúan, o conocer los detalles del algoritmo del software, pero a los jefes de policía con problemas presupuestarios no les importa. Santa Cruz, California, vio una caída en los robos a casa habitación de 11% y de 27% en el robo a mano armada durante el primer año de uso del software. “En realidad no me preocupan las fórmulas”, asegura George Turner, jefe de policía de Atlanta, que implementó el software en julio de 2013. “Ese no es mi negocio. Mi negocio es combatir el crimen en mi ciudad.”

El software policial predictivo es algo muy popular en estos momentos: En una encuesta realizada en 2012 entre casi 200 agencias de policía, el 70% dijo que planeaba implementar o aumentar el uso de la tecnología de vigilancia predictiva en los próximos dos a cinco años. IBM, Palantir y Motorola Solutions incursionan en este campo, pero PredPol, una startup de tres años de edad con sede en Santa Cruz, es una de las primeras empresas a especializarse en el ámbito de predicción policial. Ha levantado 3.7 mdd en capital de riesgo y hace un año contrató como CEO a Larry Samuels, quien tuvo cargos directivos en Atari y Creative Labs. Él espera ingresos de 5 a 6 mdd en 2015, lo que, dice, haría un “gran año” para PredPol, pero apunta que si la empresa engancha a algún pez grande, podría triplicar esa cantidad.

PredPol es utilizada por casi 60 departamentos de policía, la mayor parte de ellos concentrada en Los Ángeles y Atlanta, pero Samuels tiene más en la mira. “Mi objetivo para el final de 2015 que lo usen en la mayoría de las grandes áreas metropolitanas de Estados Unidos”, dice Samuels. “El mercado está listo.”

Pero el público podría no estarlo, o así lo sugieren las tensiones existentes entre ciudadanía y policía. PredPol ha tenido que educar a la gente sobre lo que el software hace y lo que no. No es Minority Report, en donde la policía va por criminales específicos basándose sólo en su intención. En su lugar, se enfoca en la ubicación geográfica, usando el tiempo, lugar y tipo de delito para crear patrones. Para los policías jóvenes, representa una capacitación express sobre las calles que se supone deben proteger. “Tenemos un departamento muy joven, y debemos ser estratégicos sobre dónde pasamos nuestro tiempo”, dice Rick Armendáriz, el capitán del departamento de policía de Modesto, California. Las fuerzas de seguridad están aprovechando el análisis de forma creativa. Durante un tiempo, una división de Los Ángeles twitteó a diario los puntos más conflictivos para que los ciudadanos pudieran mantenerse alerta. Modesto estaciona su “armadillo” –un camión blindado con cuatro cámaras que transmiten en vivo– en una zona distinta de las cajas rojas de PredPol cada día.

El algoritmo de PredPol nació cuando Jeff Brantingham y su cofundador, George Mohler, trabajaban en la UCLA estudiando detenidamente grandes conjuntos de datos al final de la década del 2000. Vieron que la actividad criminal y la actividad sísmica siguen patrones sorprendentemente similares. Cada nuevo evento –un terremoto o un crimen- se remonta a una de dos causas: un factor fijo (como una falla sísmica o un bar ruidoso) o un factor variable (como otro terremoto, que

provoca sacudidas en zonas alejadas, o un tiroteo entre pandillas que desencadena tiroteos de represalia en el mismo barrio). Cada factor se puede reducir a la tasa habitual en la que desencadena otros delitos. Por ejemplo, en Long Beach un robo a casa habitación pone al instante a cualquier domicilio dentro de dos kilómetros en situación de riesgo, con la casa de al lado en el riesgo más alto. “Mucha de la conducta humana se puede explicar con modelos matemáticos muy simples”, dice Brantingham.

PredPol es sexy pero ha sido probada del todo. Atlanta lo desplegó en dos de los seis distritos y vio una caída en los índices de criminalidad, pero los policías en esos distritos pueden haber actuado de otra manera porque sabían que se les había dado una nueva herramienta de lujo. Brantingham espera participar en un estudio más riguroso elaborado por Predpol y en el cual serán evaluados por sus pares, el cual ya ha mostrado cómo predijo en Los Ángeles el doble de delitos que el que hicieron los analistas al interior del LAPD. Un estudio independiente elaborado por RAND Corp. Sobre un esfuerzo policial predictivo no relacionado con Predpol en Shreveport, Los Ángeles. Descubrió que no tuvo ningún efecto en la reducción de la delincuencia, en parte porque los policías dejaron de seguir el programa después de los primeros meses.

Incluso si PredPol reduce la delincuencia, plantea dudas sobre la forma en como se aplica. Al criminólogo de Louisiana State Peter Scharf le preocupa que la designación de cajas rojas podría provocar que los policías jóvenes exageren los peligros de un barrio. “Voy a ese cuadro y todo el mundo es Michael Brown”, dice. Joel Caplan, un criminólogo de Rutgers, afirma que el software predictivo sería mejor si ayudara a solucionar los problemas subyacentes de un área conflictiva. A otros les preocupa que los jefes de policía y los gobiernos de las ciudades se apresuren a adoptar el "Big Data" sin entender cómo funciona. “La idea de que una computadora pueda predecir el crimen es muy seductora”, dice Andrew Ferguson, profesor de derecho de la Universidad del Distrito de Columbia.

Brantingham reconoce las preocupaciones, pero en última instancia, confía en la intuición de un policía. “Le decimos a los oficiales ‘todo depende de que usted use su conocimiento, habilidades, experiencia y formación de la forma más apropiada para detener el crimen.’”

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Fuente: http://www.forbes.com.mx/predpol-el-primer-software-de-prediccion-del-crimen/

lunes, 15 de junio de 2015

Venezuela: ZONAS DE PAZ no existen, afirma viceministro de Justicia

José Vicente Rangel Ávalos:

Las 'zonas de paz' no existen

El viceministro negocia con bandas criminales desde agosto de 2013. Asegura que los delincuentes no siempre entregan las armas y a veces son empleados por ministerios

Fotograma de entrevista concedida a "JOSE VICENTE HOY" por Televen, mostrándo al Viceministro de Justicia conversando amenamente con miembros de bandas delincuentes, en las Zonas de Paz

Por VANESSA MORENO LOZADA

@MoreLosada24

Febrero de 2015

Vanessa Moreno Losada.- Luisa Jiménez se topó con un grupo de nueve jóvenes con chalecos anaranjados fluorescentes que barrían las calles del barrio La Lucha, ubicado en el municipio Andrés Bello del estado Miranda, en mayo del año pasado.

Aquellos muchachos, de entre 13 y 19 años de edad, solían mostrar sus pistolas cuando pedían "algo pa'l fresco" a comerciantes y transeúntes. Fueron los mismos que robaron un camión de productos cosméticos porque su conductor lo dejó "mal parado" el año pasado; los mismos que echaban tiros al aire por las noches o se disputaban el control de las esquinas con otras bandas en La Lucha, mientras los vecinos permanecían en vilo por temor a ser alcanzados por una bala perdida.

Aquel día de mayo del año pasado, al volver del trabajo, Jiménez se encontró con una valla que anunciaba que su comunidad era, a partir de entonces, una "zona de paz".

"Cortaban la maleza y barrían. Por ese trabajo les pagaban 500 bolívares todos los viernes en la alcaldía. Pero solo los dejaban trabajar a ellos. Si un muchacho de la comunidad que no formara parte de una banda quería ganar dinero haciendo lo mismo, no lo dejaban. A la larga se quedaban sentados en las aceras porque ya todo estaba limpio. No los ponían a hacer más nada", aseguró Jiménez.

La Lucha fue una de las comunidades donde se implementó la iniciativa impulsada por José Vicente Rangel Ávalos, viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y secretario de la Comisión Presidencial para la Paz y la Vida, juramentada en junio de 2013 por el mandatario Nicolás Maduro.

"Aquí no se acabó el delito hasta que la banda mató a un coronel retirado del Ejército en un robo a su casa, en Los Apamates", indicó Jiménez.

Las negociaciones entre Rangel Ávalos, como representante del Gobierno, y bandas delicitivas arrancaron en agosto de 2013. Los delincuentes deponían las armas a cambio de que las autoridades les proporcionaran empleo o insumos para construir o sembrar. Las autoridades niegan que haya mediado la promesa de perdonarles los crímenes.

Esta estrategia se replicó en otras zonas de Barlovento, como Cumbo, Las Delicias y El Morro; o de los Valles del Tuy, como Jardines de Betania y Pueblo Nuevo. Fuentes policiales de estas ciudades mirandinas dijeron a Contrapunto que las zonas de paz propiciaron un incremento de los delitos porque los cuerpos de seguridad del Estado recibieron la orden de no ingresar a estos lugares. "Eso era parte del acuerdo con los delincuentes", aseguró un funcionario que pidió no ser identificado.

A un año y medio de la implementación de esta iniciativa, en Cumbo opera una banda que monitorea el desplazamiento de vehículos con radios policiales, según denuncian los vecinos. También obligan a comerciantes y agricultores a pagar vacuna para evitar ser asaltados.

Habitantes de Jardines de Betania en los Valles de Tuy aseguran que la banda liderada por "El Darwin" controla la compra y venta de inmuebles y construcciones en la urbanización, al tiempo que vigilan quién entra y quién sale de esta zona residencial.

El Ejecutivo no ha proporcionado estadísticas sobre los índices de criminalidad o incautación de armas en las zonas de paz, pero la Policía de Miranda reporta que, paradójicamente, los homicidios aumentaron en las áreas donde se ensayó la desmovilización de las bandas.

En su balance anual de 2014, Polimiranda reporta que en los seis municipios que pertenecen a la región de Barlovento se registraron 298 homicidios, 42 más que en 2013. En las seis jurisdicciones de los Valles del Tuy se reportaron 715 asesinatos, 74 víctimas más que el año anterior.

En entrevista exclusiva con Contrapunto, José Vicente Rangel Ávalos negó que existan las zonas de paz, aunque reconoció que ha sido el líder de los diálogos entre el Gobierno y las bandas delictivas para incentivar su desmantelamiento.

¿Qué son las zonas de paz?

¿Zonas de paz? Eso no existe. Es una expresión que ha comentado la oposición para sabotear el trabajo de pacificación. Entre mis misiones está la desmovilización de grupos o bandas armadas en todo el territorio de Venezuela. Entramos en partes de Miranda como Valles del Tuy y Barlovento; pero también en Aragua, Guárico, Falcón y Sucre. Este programa consiste en abordar a estos grupos violentos que están dedicados a la delincuencia.

¿Cómo arrancó esta iniciativa?

Con comunidades que nos invitaron porque conocían a alguien que hacía vida en una banda. Ese grupo nos presentó a otro y así fuimos brincando. No vamos prometiendo lo que no podemos cumplir. Y esa seriedad nos ha servido para entrevistarnos con cientos de cientos de bandas. Fue algo totalmente casual, accidental. Nadie tenía planificado esto. Llegó a los oídos del Presidente, le gustó mucho y lo tomó como parte de su proyecto.

En 2013 usted señaló que había hablado con 200 bandas. ¿A cuántas ha contactado en total?

Con el doble. Se me perdió la cuenta.

¿Cuántas de ellas se desmovilizaron?

La mayoría. No me considero Cristo ni Dios para decir que aquí se acabó el delito, pero hay cantidad de bandas que van por la vía de la desmovilización.

¿Qué les exigen a los jóvenes en estas conversaciones?

Cero delito, cero homicidio. Algunos entregan las armas, otros las guardan. Eso es un poco complicado. Muchas veces hay un grupo que entrega las armas, y hay otro grupo vecino que al saber que las entregan puede irrumpir en su territorio y atacarlos. Tímidamente se han entregado algunas armas, ahora no tengo la cuenta. Pero eso son etapas. En la primera etapa se acaba el homicidio, el secuestro y el robo. Se termina lo de hacerle daño a otra persona, y nosotros le hacemos un seguimiento con los cuerpos policiales, con los organismos del Ministerio de Relaciones Interiores, para ver si ha bajado el delito.

¿Cómo se arman las bandas?

Hay armas que se roban, funcionarios que las venden. Es sabido que muchas veces hay funcionarios corruptos que decomisan armas y después las venden. Aquí hay tráfico de armas: (los delincuentes) pueden encontrar tanto una granada fuera de Venezuela como comprarla a algún militar. Hay muchas vías para armarse. Yo no suelo preguntar de dónde vienen sus armas. Hay muchos fales, que es un arma que tiene 60 años en Venezuela. En 60 años, cuántos robos, cuántas ventas ilegales no se han podido hacer. Cuántos asaltos a comisarías.

¿Qué pasa en las reuniones con las bandas?

Yo les decía a los muchachos que de qué les servía estar en la delincuencia. ¿Cuál es el balance de estar metido en el delito? Negativo, porque o lo mata una banda enemiga o la policía. Como dice el presidente Maduro: "Yo tengo dos manos, en una el Plan Patria Segura y en la otra una mano amiga". Esto no es obligado; no puedo irrumpir en ningún sitio obligando a nadie a hacer la paz. Entro a esos sitios si el grupo quiere que yo entre. Si ellos quieren, podemos ayudarlos a cumplir sus presentaciones (ante tribunales), a trabajar los problemas legales que tengan, a encaminar los proyectos socio-productivos.

¿En qué consisten esos proyectos?

Ya tenemos una cantidad enorme de grupos a los que hemos dotado de herramientas de construcción, agricultura, fabricación de bloques. Ya tenemos funcionando alrededor de 70 máquinas para hacer bloques.

¿Ofrecen créditos para estas actividades?

No, sobre todo se dan herramientas para talleres de herrería, carpintería, máquinas para talleres de plomería, soldadura, todo eso. Por ahí dicen que yo di dinero y con eso las bandas compran armas. Eso es parte de la publicidad mala y negativa.

El alcalde de Tomás Lander, Julio César Marcano, dijo en una entrevista a El Nacional que los jóvenes recibían sueldo mínimo por hacer mantenimiento en sus comunidades. ¿Eso fue parte del acuerdo?

No. Hacemos enlaces con autoridades regionales y ministerios para que puedan absorber a estos jóvenes. El alcalde de Cumaná (David Velázquez) contrató a más de 200 jóvenes desmovilizados. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones contrató el año pasado a más de 200 jóvenes en Barlovento para hacer mantenimiento en las carreteras en las áreas verdes. Esa contratación duró un año.

A un año y medio de que comenzaran las conversaciones con las bandas, ¿cuál ha sido el resultado?

Muy positivo. Cuando entramos en este programa, creímos que era cuesta arriba. No fue algo que planificáramos, aquí nada está escrito. Hay cosas en las que hemos errado y acertado; otras no han ido por el camino que hemos querido. Tenemos que enderezar eso.

En Barlovento y Valles del Tuy hubo 116 homicidios más en 2014 que en 2013. ¿Cómo es que ha disminuido el delito?

Imagínate si no hubiera entrado yo. Fíjate cómo parte del delito lo cometen funcionarios de algunos cuerpos policiales. Se ha visto en la prensa cómo han capturado a un número importante del Cicpc y de policías municipales. Entonces, está la comisión de Freddy Bernal y la que yo dirijo atacando esto.

¿Cuáles son las estadísticas de delitos como homicidios y secuestros?

Lo que pasa es que cuando se habla de eso, es una cifra que ocurre, pero ahí es cuando yo hablo de esos grupos que se han desmovilizado. Nosotros decimos que si hay 100 homicidios, ¿cuántos habría si no estuvieran pacificados? Con esto no vayas a creer que quiero tapar la realidad. Estoy trabajando con ella y voy donde existe esa realidad. Pero también tenemos que ver cómo se enfocan las cosas.

¿Cómo está esa realidad en función de la tasa de homicidios?

En 2014 la bajamos, a diferencia de 2013. Y estos dos meses que llevamos en 2015, comparados con 2014, también la estamos disminuyendo.

La última tasa de homicidios publicada fue de 39 víctimas por cada 100.000 habitantes. ¿De cuánto fue la disminución?

No la tengo aquí. Pero la debe tener el viceministro de Seguridad Ciudadana (Gabriel Oviedo), que es el encargado de esa parte, y él puede decir cuánto hemos bajado.

¿Cómo manejaron el tema legal de los grupos delictivos con los que conversaron?

Nunca los engañamos. Nunca podemos ir por encima de las leyes. Si cometiste un homicidio, vas a prisión.

¿Detuvieron a jóvenes durante estas conversaciones?

Si lo pararon en una esquina, le buscan su prontuario y va preso. Tratamos de colaborar con ellos en problemas legales, como las presentaciones.

O sea que usted estuvo acompañado por el Ministerio Público.

Estudiamos casos para agilizar juicios y sentencias. Pero si tienes una deuda con la justicia, tienes que pagarla.

¿No los conminaron a pagar su deuda con la justicia?

No vinimos aquí a decir: "Si usted entra en el plan de pacificación y si ha matado a alguien, no va a pagar eso". No, tiene que presentarse a la justicia. Que a lo mejor nosotros podamos hablar con la justicia para que, por entregarse, puedan bajarle la pena, eso es otra cosa. Pero no hemos llegado a esos acuerdos.

¿Es cierto que se le prohibió el patrullaje a las policías en las zonas de paz?

No, cualquiera puede ingresar y patrullar. Tienen que hacer patrullaje. Decir que lo prohibimos es parte del ataque contra el plan de pacificación.

¿Qué le dice a las personas que tienen miedo a las bandas, a los transportistas que deben pagar por el rescate de su unidad robada o a los comerciantes que son extorsionados por grupos que vienen de sectores a los que usted llegó?

Hice una reunión en el municipio Andrés Bello con los alcaldes de Barlovento, jefes de cuerpos policiales y militares, y el exministro Miguel Rodríguez Torres, quien habló muy claro de que no existía ninguna zona de paz. Y continúa el rumor. Les puedo decir que hay un equipo que está trabajando, tanto del Patria Segura como del Movimiento por la Paz y la Vida. Hay un problema de percepción. Eso de que tienen miedo de hablar, tendremos que conversarlo. Como movimiento vamos a retomar el trabajo que hicimos el año pasado en todos los sectores.

Los agricultores de Cumbo, en Barlovento, denuncian robos en sus haciendas.

Tengo información de que hay bastantes robos en las haciendas de cacao. Hay muchachos de Cumbo que participaron en el programa y la paz allí duró cuatro meses. Lamentablemente, unos factores intervinieron y parte de estos muchachos volvieron a delinquir. Si funcionó durante un tiempo, sé que lo podemos lograr. Estamos escribiendo el manual.

¿Piensan hacer ajustes en el programa?

Todos los ajustes que se tengan que hacer, los haré.

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Fuente: http://www.contrapunto.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=15879:jose-vicente-rangel-avalos-las-zonas-de-paz-no-existen&Itemid=269

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domingo, 24 de mayo de 2015

Venezuela: Fallas del sistema de atención de emergencias

Falta de policías obliga a fusionar cuadrantes del patrullaje inteligente

Teléfonos sin señal, dañados, descargados o números intercambiados dificultan la atención inmediata en seguridad ciudadana. El Nacional llamó a los 142 cuadrantes que hay los 5 municipios de Caracas para verificar el funcionamiento

En 20% de los números no respondieron | Foto Archivo El Nacional

ISAYEN HERRERA
iherrera@el-nacional.com 24 de mayo 2015 - 12:01 am

Cinco parejas de amigos decidieron cenar en El Hatillo el jueves 16 de abril. Al bajarse de los automóviles vieron a dos hombres extraños estacionados que observaban a quienes entraban al local. Fue intimidante, pero siguieron su camino al restaurante. Estaba lleno. A las 10:00 pm una de las parejas se despidió después de cenar, y a la 1:00 am volvió la mujer descalza y gritando que a su novio se lo habían llevado secuestrado en el carro y allí estaban las llaves de su casa donde se encontraba su hijo. Llamaron al servicio de patrullaje inteligente de El Hatillo para denunciar el plagio mientras que el resto de los amigos se quedaron resguardados en el local, que cerró las puertas para evitar que alguien entrara. La patrulla llegó dos horas después con la víctima, a quien encontraron en la carretera, ya liberado, mientras iban a atender el llamado dos horas después. “Llegaron tarde, pero llegaron”, expresa una de las mujeres del grupo.

El tiempo de respuesta de los cuadrantes de seguridad implementados en Caracas y varios estados del país hace 15 meses es la crítica común de los usuarios, aunque desde el Viceministerio de Prevención y Seguridad Ciudadana se promete que la atención del llamado no debería tardar más de 5 minutos desde el momento del reporte. Luego, errores en los números, problemas de señal, baterías descargadas, celulares averiados o funcionarios ocupados en operativos son las variables de las cuales dependerá que del otro lado del teléfono algún oficial pueda atender el llamado de un ciudadano.

En el área metropolitana de Caracas hay 142 cuadrantes de seguridad. Cada uno abarca un kilómetro cuadrado de territorio y dispone de una patrulla y 2 motos para actuar. Entre el jueves 7 y el viernes 8 de mayo, en la mañana y la tarde, El Nacional llamó a todos los números de los cuadrantes para verificar su funcionamiento. De los 142 números, solo en 31 (20% del directorio) no atendieron y en 3 se negaron a dar información.

En el monitoreo telefónico de los 95 cuadrantes del municipio Libertador en 14 no atendieron las llamadas. Los cuadrantes 7 de Antímano (estaciones de Metro Mamera y Antímano, Párate Bueno, Calle Real del Carmen, calle Cruz Verde, La Rangela, Altos de la Iglesia calle Tras, calle del Medio y calle Guzmán Blanco), 1 de La Pastora (desde el Metro Agua Salud hasta el Barrio Canaima) y el 2 de San Bernardino (urbanización San Bernardino y avenidas José Ángel Lamas, Cecilio Acosta, Humboldt, Baralt, Aranda, Diego Lozada y Germán Roscio) tienen los teléfonos dañados.

En El Junquito los problemas de señal con las líneas Movilnet dificultan las comunicaciones. Al llamar, un oficial de la GNB se identifica, advierte que no se escucha porque no hay señal y se cae la llamada.

Pocos funcionarios. El déficit de funcionarios obliga a que una comisión se ocupe de varios cuadrantes. El criminólogo Fermín Mármol García señala que se requiere incrementar en 70% el pie de fuerza policial para cumplir con los estándares internacionales de 4 funcionarios por 1.000 habitantes. La distribución de los funcionarios, agrega, debería responder a la densidad de poblacional y a un mapa del delito.

Aún con la incorporación de militares a las tareas preventivas de seguridad ciudadana –política criticada por los especialistas y sobre la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho objeciones– el plan tiene poco personal.

El monitoreo arrojó que había 467 funcionarios asignados a 108 de los 142 cuadrantes del área metropolitana, que en su mayoría atienden problemas de ruidos molestos y violencia de género: 230 son de la GNB, 125 de la PNB, 12 de Polimiranda y 100 de policías municipales. Cuando comenzó el plan de seguridad, en enero de 2014, se anunció que solo en el municipio Libertador estarían desplegados 1.420 polinacionales en 52 cuadrantes.

En la práctica varios sectores trabajan fusionados. En el cuadrante 3 de Coche y los 4 que integran El Valle hay 2 funcionarios por cuadrante que se unen para atender las llamadas de emergencia “por lo peligroso de la zona”. En la parroquia El Recreo, 4 guardias nacionales asumen los cuadrantes 2 y 3 por falta de personal para cubrir ambas jurisdicciones.

En la parroquia Sucre, 3 funcionarios de la PNB trabajan unidos para cubrir los cuadrantes 1, 2 y 3, mientras que en los cuadrante 18, 19 y 20 quedan 11 de los 24 policías nacionales que trabajaron inicialmente porque el personal lo asignaron a otras tareas: evitar la presencia de buhoneros en el bulevar de Catia, deportar colombianos y custodiar al alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, que está detenido en su casa en el municipio Baruta. Una patrulla con la identificación Patrullaje Inteligente Parroquia Sucre está permanentemente en la entrada de a residencia.

Teléfonos averiados. En el municipio Sucre hay 22 cuadrantes, de los cuales 9 no atendieron los teléfonos en zonas como Petare, El Llanito, Paulo VI. En Leoncio Martínez los cuadrantes 1 y 2 tenían los celulares descargados a las 10:00 am y el cuadrante 3 (estación del Metro Miranda, Parque Miranda, La Carlota, Santa Cecilia, Campo Claro, Los Ruices y Los Cortijos) lo reportaron hace un mes como averiado. Los cuadrantes 7 y 9 están intercambiados en la página del Ministerio de Interior, Justicia y Paz y fueron atendidos por funcionarios de la GNB.

Mármol León añade que el plan pierde efectividad por la variedad de números que debe manejar un ciudadano dependiendo de la zona donde se movilice. "Hay fallas de inversión tecnológica que deberían solventarse para tener una respuesta más eficaz, como el teléfono único que localice el lugar donde la persona tiene el problema”. Ese modelo está en planes de ejecución con la creación del 911, que sustituyó al 171, que también presentaba fallas.

El director de Seguridad Ciudadana de Sucre, Ángel Alvarado, explicó que hay dos teléfonos por cuadrante en su jurisdicción aunque la página web del MIJ solo publica un teléfono para cada zona demarcada. Denunció que 10 teléfonos de los 22 cuadrantes del municipio están dañados y aún el ministerio no solventa la avería, por lo que recomendó a los vecinos llamar directo a la central telefónica si viven en los cuadrantes 3 (San José y zona 1 de La Bombilla) y 10 (La California Norte y Sur, Brisas de Petare, Campo Rico y Zona Industrial Lebrún, que actualmente están incomunicados.

En el municipio Baruta hay 16 cuadrantes de los cuales los 3, 5, 6, 7, 10 12 estaban apagados en la mañana. Manuel Tangir, director de Seguridad Ciudadana de Baruta, reportó 20 teléfonos dañados hace 2 meses de 32 que hay en el municipio. Actualmente, Chuao, Santa Marta, Santa Sofía, Lomas de las Mercedes, Santa Fe, Valle Arriba, Barrio El Guire, Prados del Este, San Andrés y Las Cocuizas, están incomunicados por la avería de los números de 3 cuadrantes. Tangir también recomienda llamar al centro de emergencias (0212-9038511) e informó que en Baruta se habilitarán 3 cuadrantes más en Hoyo de la Puerta.

En el municipio Hatillo hay 6 cuadrantes y solo en 2 no contestaron las llamadas, mientras que 2 zonas tienen los números intercambiados en la página del ministerio: el cuadrante 5 tiene el número de la zona 2 y el 6 el del cuadrante 3. Ernesto Romero, director encargado de Seguridad Ciudadana de El Hatillo, explicó que los cuadrantes 3 y 6 están bajo la custodia de la GNB y los otros de Polihatillo, que dispone de 150 policías municipales para resguardar 6.000 habitantes.

En el municipio Chacao los 3 cuadrantes están operativos y a cargo de la policía municipal.

App sin respuestas

Desde septiembre del año pasado hay una aplicación del patrullaje inteligente para teléfonos inteligentes que utiliza el GPS del móvil para ubicar el cuadrante donde la persona se encuentra e indica el número al que debe llamar. También puede mandar la denuncia vía mensaje de texto y una foto de manera anónima.

A través de la aplicación Giselle Pérez denunció hace dos meses por mensaje de texto que había una fiesta que alteraba el orden público en la avenida Andrés Bello. El reporte lo hizo a la 1:00 am. Pese a que recibió la notificación de que una patrulla se estaba dirigiendo al lugar fue el amanecer del lunes y no la policía la que terminó con la fiesta. Intentó comunicarse a través del número del cuadrante pero nadie atendió la llamada.

En el sondeo realizado vía telefónica ningún funcionario reconoció que ha recibido denuncias a través de esa aplicación en sus teléfonos móviles.

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Fuente: http://www.el-nacional.com/sucesos/Falta-fusionar-cuadrantes-patrullaje-inteligente_0_633536744.html

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