La doble legitimidad de la protesta
Protestas en Tucupita, Delta Amacuro, por desabastecimiento |
MIGUEL HENRIQUE OTERO
Presidente Editor del diario "El Nacional", Venezuela
4 DE JULIO 2016 - 12:01 AM
A cualquier hora del día, en cualquier lugar de Venezuela, hay
personas protestando. No son enemigos de la patria, ni conspiradores, ni
agentes del imperialismo, ni soldados de la guerra económica ni ciudadanos a
los que cabe endilgar descalificación alguna. Son personas desesperadas. Padres
y madres que reaccionan ante la precariedad de la que son víctimas. Existencias
temerosas por el pan de sus hijos. Nada menos que esto: gente que teme al
hambre y a la enfermedad. A la carestía programada, característica de los
regímenes totalitarios. Temerosas de morir por escasez de medicamentos y
atención hospitalaria. Nunca, léase bien, nunca en Venezuela se habían
producido tantos fallecimientos de neonatos por contaminación de los quirófanos
de los
hospitales públicos. Lograr que en el sistema de salud de la revolución
bonita realicen una intervención quirúrgica en tiempo razonable, se ha
convertido en una experiencia, mezcla de terror y agonía.
He
escrito “escasez programada”. Ningún ciudadano consciente debería alejarse de
este pensamiento: la hambruna venezolana fue planificada. En 1999 comenzó su
múltiple ejecución. Se convirtió a Petróleos de Venezuela en el centro de un
enorme engranaje de corrupción, en desmedro de sus capacidades productivas; se
comenzó la expropiación de empresas (recordemos aquí el drama de Agroisleña) y
de fincas productivas, que fueron saqueadas y conducidas a la ruina total; se
puso en marcha el cerco legal, impositivo y de fiscalizaciones hostiles e
injustificadas, con el objetivo de paralizar y cerrar industrias venezolanas;
se creó el esquema de control cambiario que, tarde o temprano, haría estallar
las finanzas nacionales; se arrancó con el ancho y creciente intervencionismo
en la economía real del país por parte de los organismos gubernamentales a
cargo de ignorantes de oficio; se dio inicio a la adquisición, a montos de
escandaloso sobreprecio, de insumos y bienes terminados, como mecanismos para
hacer factible la corrupción y el enriquecimiento súbito de los capitostes del
chavismo-madurismo, así como el financiamiento de mercenarios políticos como
los de Podemos, o la compra de votos útiles en las instancias internacionales.
Estas
y muchas otras medidas, insisto en ello, no fueron improvisadas. Se fueron
acumulando unas tras otras, avanzando en su propósito de arruinar al país. Día
a día, a pesar de las innumerables voces que advirtieron, de todas las formas
posibles y a través de los más variados mecanismos, que Venezuela estaba siendo
conducida a una crisis de proporciones inéditas. Se señaló, con considerable
anticipación, que vendría una baja de los ingresos petroleros. Pero ni Chávez
ni Maduro hicieron nada por controlar los gastos desproporcionados, tomar medidas
de apertura económica, establecer prácticas de ahorro. Lo ocurrido, de acuerdo
con los más novedosos criterios del derecho internacional de las víctimas,
califica como deliberadas violaciones
de una serie de derechos humanos. En vez
de actuar para atenuar las consecuencias del programa de sufrimientos que
vendría, el régimen se dedicó a diseñar la represión, comprar armas, diseminar
el miedo en el país, al tiempo que dejaba el campo abierto para el auge de la
delincuencia. Porque además, y esto tampoco puede ser olvidado: nunca como
ahora, con la omisión y complicidad del Estado, se había permitido la
proliferación de bandas de delincuentes, como está ocurriendo ahora mismo en
Venezuela. El nuestro es un país que tiene una parte considerable de su territorio
bajo el dominio de la delincuencia. A menudo, estas bandas están amparadas y
mantienen acuerdos con destacadas figuras del régimen.
Protestas contra desabastecimiento en Tucupita, Delta Amacuro, reprimidas |
No
hace falta sustentar la legitimidad de las protestas en nuestro país. Lo que a
diario vemos no necesita mayores ni complejos argumentos: la sociedad está
levantando su voz en contra del hambre inducida, de la precariedad diseñada, de
la mortandad estimulada por los más oscuros propósitos. Que todo esto es
deliberado lo demuestra, sin atenuantes, la negativa del régimen a aceptar la
ayuda humanitaria que, desde distintas partes del mundo, se prepara para salvar
las vidas de los venezolanos.
Nadie
quisiera salir a las calles a reclamar sus derechos. Todos preferiríamos estar
dedicados a
nuestro trabajo, a nuestra aula, a los asuntos de nuestro hogar.
Pero ello no es posible, por una verdad indiscutible: a los venezolanos nos han
robado la paz. Nos han despojado del más básico de los bienes: vivir con
algunas certidumbres. Nos han despojado de casi todo, y todavía se pretende
despojarnos de nuestro derecho de protestar.
Presos por protestar contra desabastecimiento, Tucupita, Delta Amacuro |
Y
es que el ciudadano que protesta es, en la específica circunstancia venezolana,
un héroe. Un valiente. Alguien que, a pesar del hambre, del estado de angustia
causado por las carencias de todo tipo, del peligro constante que representan
la delincuencia común y las bandas armadas de régimen; alguien que, a pesar de
las evidentes y cada vez más brutales prácticas represivas de diversos cuerpos
uniformados, de todos modos sale a la calle y reclama sus derechos. Es por todo
esto que, cuando me preguntan fuera del país por la legitimidad de las
protestas en todas las regiones de Venezuela, no dudo en responder: las
protestas en Venezuela son doblemente legítimas.
Fuente: http://www.el-nacional.com/miguel_henrique_otero/doble-legitimidad-protesta_0_876512408.html
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