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domingo, 15 de marzo de 2015

Pederastia en las aulas: Protocolo de actuación en un centro educativo



Pederastia en las aulas: así debe actuar un centro educativo


  •     La detención de un profesor de un colegio de la localidad madrileña de Villanueva del Pardillo reabre el debate sobre cómo debe actuar un centro educativo. 
  •     Los padres han acusado al colegio de "mentir" y se muestran ofendidos por que se haga referencia a "una actuación irregular" en lugar de referirse explícitamente a abusos sexuales.
Fachada del colegio concertado en Villanueva del Pardillo en el que trabajó el detenido

A.T.R
Jueves, 12/03/15 - 16:21


La detención a manos de la Guardia Civil de un profesor del colegio concertado bilingüe Vallmont de la localidad madrileña de Villanueva del Pardillo por abusar sexualmente de siete menores ha vuelto a reabrir el debate sobre cuál es el protocolo de actuación de un centro educativo ante un escándalo de tamañas proporciones.

Se produce una situación delicada, de acuerdo con la definición del propio centro, con la honradez de un docente en posible entredicho para siempre -en caso de que la acusación no esté fundamentada- y unos padres asustados y preocupados que reclaman información detallada.

En este sentido, varios padres afectados por el escándalo de pederastia en las aulas de Villanueva del Pardillo se han quejado en los medios de comunicación de la información facilitada por Vallmont sobre la detención de su profesor bajo trágicas acusaciones de pederastia. Los progenitores no han dudado en acusar al colegio de mentir o incluso de intentar tapar un caso que sumiría al centro en el absoluto desprestigio.

Otras madres han asegurado que el año que viene matricularán a sus hijos en otro colegio porque, según ha defendido, la dirección "no ha actuado de manera correcta" en la comunicación de los hechos hacia los padres y ha reconocido que existe un "cabreo general por falta de información".

El centro había informado hacía unas semanas a los padres a través de dos circulares que el día 2 de febrero recibieron comunicación de una "presunta actuación irregular" por parte de un docente del centro, sin especificar que se trataba de abusos sexuales, un matiz que ha soliviantado a muchos padres.
Protocolo de actuación

Altos responsables educativos de las comunidades autónomas y fuentes de la Inspección de Educación precisan que el protocolo a seguir ante una situación de estas características exige ante todo la máxima prudencia, aunque al mismo tiempo precisan que en el caso de un colegio concertado la Administración tiene escaso margen de maniobra.

En el caso de Vallmont la investigación se origina al comunicar el padre de un alumno los hechos relatados por su hijo que ponían de manifiesto que dicho profesor estaría cometiendo abusos en el propio centro. En este sentido, si la denuncia de los padres se produce ante los juzgados, el colegio en cuestión está comprometido a mantener la discreción hasta que las pesquisas policiales y judiciales alcancen una conclusión definitiva.

En este caso, una vez reunidas todas las pruebas, la Benemérita detuvo al presunto docente pederasta la semana pasada fuera del colegio. El juez ordenó su inmediato ingreso en prisión. Un mes antes el colegio, con buen criterio, informaba a los padres de una situación irregular que afectaba a uno de sus docentes a pesar de que dicho eufemismo pudiera enfurecer a unos preocupadas familias. El centro educativo de la localidad madrileña ha insistido en que ha atendido a las familias que han solicitado información directa sobre el asunto, "con las limitaciones propias de un proceso bajo investigación por parte de las autoridades".

El centro apeló asimismo a los padres de los alumnos a la "discreción necesaria en el tratamiento y difusión" de esta información.

La vía judicial, sin embargo, no excluye en absoluto la obligación del centro de iniciar su propia investigación interna y de poner en conocimiento de la comunidad educativa y de la Inspección de Educación la nueva situación generada. Un compromiso que obliga asimismo al colegio en el caso de que la denuncia de los padres sea sólo ante el propio centro educativo. Se establecen por tanto dos investigaciones paralelas. Vallmont aseguró haber informado de los hechos a Inspección Educativa y a las autoridades competentes, "con las que se ha venido colaborando de forma permanente" añadía en un comunicado.

La investigación que desarrolla la Administración puede desembocar en un expediente informativo sobre el profesor bajo sospecha que determinará la gravedad de su falta. En última instancia, más allá de la vía judicial, dicho expediente puede concluir en la expulsión definitiva del cuerpo de funcionarios del Estado en caso de que el profesor imparta sus clases en un centro público.

La sanción para los centros concertados sólo la puede determinar el juez. O en todo caso, más allá de la vía judicial, al propio centro. Un procedimiento habitual -el utilizado por Vallmont- pasa por suspender o relevar cautelarmente de sus funciones al profesor acusado hasta que se esclarezcan los hechos. Asimismo el protocolo aplicado por el centro concertado bilingüe de Villanueva del Pardillo es similar al que hubiera utilizado 'siguiendo el manual' un colegio público.
El director fue cesado

El colegio Vallmont de Villanueva del Pardillo cesó el 4 de marzo de sus funciones al director del centro, Alfonso Pasamontes, un mes después de conocer los supuestos abusos sexuales cometidos por un profesor y el mismo día en que tres de las víctimas denunciaron los hechos,

El Consejo de administración del centro concertado y bilingüe le retiró la confianza "para asumir la delicada situación que acontece en estos momentos". "Esta trascendente decisión ha sido tomada tras un largo periodo de reflexión", señalaba el colegio en una circular enviada hace pocos días a los padres.

Aunque Vallmont se ha esforzado en negar que la destitución del director del centro educativo tenga relación con este caso, lo cierto es fuentes informativas aclaran que los artículos 1902 y 1903 del Código Civil establecen que que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado, una obligación que es exigible, no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder.

Del mismo modo que los padres son responsables de los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su guarda, lo son igualmente los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados.

En este caso que analizamos, afectaría directamente al director de Vallmont, una responsabilidad que se vería agravada si en los tribunales pudiera demostrarse, tal y como denuncian algunos padres, que hubo ocultación de datos por parte de la dirección del centro.
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Fuente: http://noticias.lainformacion.com/espana/pederastia-en-las-aulas-asi-debe-actuar-un-centro-educativo_ckPfgCav36QfI6Ndqf8v84/

martes, 30 de diciembre de 2014

Venezuela: 72 estudiantes presos por manifestaciones y protestas



72 estudiantes celebran su día presos, ¿Herederos de la Generación del 28?


Por: Neomar Bonilla
@Neobonilla1


Noviembre 21, 2014

Los estudiantes de una nación siempre han marcado la historia de su país. La lucha por la libertad, la justicia y la defensa de los derechos humanos han sido piezas fundamentales para el impulso del desarrollo
de Venezuela. 


72 estudiantes permanecen aún presos desde las protestas que comenzaron el 12 de febrero de este año. El vocero del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, informó desde su cuenta en la red social Twitter que “19nov: Con las 6 liberaciones de estos últimos dos días, quedan 72 personas privadas de libertad por manifestaciones”. Por lo que jóvenes no podrán celebrar hoy el Día del Estudiante Universitario.



En Venezuela no es primera vez que ocurre esta situación, pues varias generaciones de estudiantes siempre han protestado por políticas y decisiones que han tomado los distintos gobiernos del pasado. Tal es el caso de la Generación del 28, en donde se dieron a conocer varios jóvenes que lucharon y muchos terminaron presos o exiliados. 


Cómo a "La Generación del 28" se le conoció al grupo de estudiantes universitarios que protagonizaron en el carnaval caraqueño de 1928 un movimiento de carácter académico y estudiantil que derivó en un enfrentamiento con el régimen del dictador Juan Vicente Gómez. En tal sentido, lo que inicialmente fue un proyecto restringido al ámbito de la Universidad Central, se transformó en una propuesta destinada a la modificación del sistema político venezolano de comienzos del siglo XX.

Los jóvenes que ingresaron en la Universidad Central de Venezuela entre 1923 y 1925, tomaron la iniciativa de reconstituir los centros de estudiantes pertenecientes a las facultades de Medicina, Derecho e Ingeniería.  En esta etapa destacan como organizadores los siguientes personajes: Jacinto Fombona Pachano, su primer presidente; Raúl Leoni, su segundo presidente; Elías Benarroch; Isaac Pardo, Miguel Otero Silva, Juan José Palacios, José Tomás Jiménez Arráiz, Rafael Echenique Chirinos, Rómulo Betancourt y Jóvito Villalba.

La mayoría de los estudiantes de dicha generación terminaron en la Rotunda, cárcel utilizada por la dictadura para torturar y encarcelar a los que pensaran distintos al Gobierno nacional. Quizás en la Venezuela de hoy, El Helicoide, El Sebin, Fuerte Tiuna  y  Ramo Verde, pueden ser consideradas como las Rotunda del siglo XXI.

Para algunos voceros de la oposición, el Gobierno nacional quizás se equivocó al comenzar una escalada de represión contra los estudiantes y en las primeras manifestaciones asesinaron a dos personas, lo que generó un clima de tensión que mantuvieron a los estudiantes en las calles reclamando sus derechos constitucionales. De esa forma muchos jóvenes presos con imputaciones penales y expedientes han engrosado la fuerza de una oposición estudiantil con ganas de hacer historia.

 
Los 72 estudiantes que permanecen presos aún no han sido juzgados por algún delito común sino tal vez por no compartir los ideales del Presidente Maduro, por lo que quizás se asemeja esta situación con otros  momentos históricos.

Los familiares de estos estudiantes esperan que sean liberados cuanto antes. Que la justicia actual prospere y sea justa. Pero todos tienen un común denominador, que estos jóvenes saldrán de “las Rotundas del siglo XXI” para seguir luchando por sus ideales. 

La fuerza estudiantil jamás se ha detenido en Venezuela, por muy fuerte que parezcan algunos gobiernos, siempre han dado el ejemplo para superar las grandes dificultades que ha vivido la nación, conquistar los objetivos planteados y darle una gran lección a muchos políticos que dicen luchar por la democracia. 

Neomar Bonilla
@Neobonilla1

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Fuente:  http://atodomomento.com/72-estudiantes-celebran-su-dia-tras-las-rejas-herederos-de-la-generacion-del-28/

martes, 29 de octubre de 2013

Encarcelan embarazadas evitando dañar feto






Embarazadas en la cárcel por si acaso se drogan

Por: Carolina García | 29 de octubre de 2013

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      Alicia Beltran, de 28 años, vive en Milwaukee (Wisconsin) y lloró desconsoladamente por miedo e impotencia cuando las autoridades federales llegaron a su casa el pasado 18 de julio y la detuvieron. Embarazada de 14 semanas, y después de pensar que había hecho lo correcto contándole a su médico que había sido adicta a los medicamentos, los agentes la internaron en un centro de desintoxicación para proteger el feto, una medida respaldada por la ley en este Estado.

     Beltran tuvo la mala suerte de toparse con una trabajadora social y una médico escépticas que le acusaron de no cuidar a su feto por no querer someterse a un tratamiento de desintoxicación; todo ello a pesar de que en los primeros análisis de orina solo encontraron trazas de Suboxone, un medicamento que palía los síntomas de dependencia a los opiáceos, y que en los segundos efectuados, la mujer estaba limpia.


       La trabajadora social le recomendó que volviera a tomar la Suboxone, a lo que ella alegó que no lo necesitaba porque ya no era adicta. Beltran, enfadada, le dio con la puerta en las narices gritando: “A lo mejor lo que tengo que hacer es abortar”. La médico, por su parte, alegó que la mujer “había admitido abiertamente su consumo y abuso”. “Mostró poco control de sí misma y rechazó el tratamiento que se le ofreció -reclutamiento total en un centro o prisión-. La vida del niño depende totalmente de las acciones judiciales que se tomen al respecto”, indicó la doctora. Cuarenta y ocho horas después de estos acontecimientos, varios agentes se apersonaron en su casa y se la llevaron a la cárcel del condado. Beltrán se enfrentaba a su primera audiencia ante el juez. “No sabía que los no nacidos tenían abogados”, explica Beltran en la historia relatada por The New York Times.

     Tras ser detenida, la mujer compareció ante un juez que le indicó que necesitaba un letrado; ante su perplejidad, descubrió que su feto tenía un guardián y que debía luchar por su custodia, explica esta mujer, ya en casa y embarazada de seis meses, tras pasar 78 días en un centro de desintoxicación por orden judicial.

     Beltran se ha quedado sin su trabajo a tiempo completo y sus esperanzas de encontrar uno a media jornada son casi nulas: "Salgo de cuentas el 15 de enero y estoy muy asustada de que vengan y se lleven a mi bebé. Se supone que estoy en la época más feliz de mi embarazo y yo solo puedo sentir terror”, ha declarado Beltran al mismo periódico.

      La ley de Wisconsin, conocida como “mamá cocaína” y aprobada en 1998, otorga a los facultativos y autoridades el derecho a confinar a una futura madre si consume alcohol o drogas “de forma severa” y se niega a ir a un centro de tratamiento voluntariamente. El caso de Beltran se encuentra en este momento en los tribunales, donde se denuncia la inconstitucionalidad de la regulación; es la primera vez que se desafía la protección del feto sobre el derecho de la madre en EE UU.

     Wisconsin, Minnesota, Oklahoma y Dakota del Sur son los Estados de los 50 que conforman la nación que cuentan con una normativa de estas características -poder internar a una mujer embarazada por abusar de sustancias y así proteger al feto-. "Esta regulación también es contraria a su libertad física, a su privacidad médica y a otros muchos derechos constitucionales”, según se explica en la denuncia. “La guerra encubierta entre los derechos de las mujeres embarazadas y los del feto debe acabar”, continúa el texto. Debido a que los datos de la seguridad social de Wisconsin son confidenciales, se desconoce cuántos casos se han dado desde su entrada en vigor en 1998, aunque el periódico asegura que “se sabe que ha habido varios el año pasado”.

Entre aquellos que defienden la regulación, su principal alegación es que la norma “es  un esfuerzo adecuado para proteger al recién nacido”. “Si la madre no es lo suficientemente inteligente como para no tomar drogas, tenemos que actuar. La ley está hecha para proteger a las madres y a los bebés”. Sobre este tipo de leyes se sostienen muchas de las regulaciones antiabortistas del país, que pretenden otorgar al no nacido todos los derechos. A parte de en estos cuatro Estados, en otros existen regulaciones acogidas al derecho civil; a la protección de menores o a las leyes criminales que fuerzan a las mujeres a ir a programas de tratamiento e, incluso, a castigarlas por su consumo.

   Las asociaciones contrarias a este tipo de leyes aseguran que hay centenares de casos documentados de mujeres afectadas y que justo coinciden con aquellas que cuentan con menos recursos y  que pertenecen a minorías. Además, la Asociación de Médicos de EE UU  asegura que estas normas “sobrevaloran los efectos de las drogas en los no nacidos”.

    Por desgracia, en EE UU existen casos más extremos que el de Beltran en Wisconsin. Por ejemplo, Alabama redactó una ley en 2006, denominada “Protección contra el peligro químico hacia los niños” que, supuestamente, les protege de las metanfetaminas. Gracias, o a pesar de ella,  se ha llegado enviar a más de 100 mujeres a la cárcel porque sus recién nacidos dieron positivo a esta sustancia. Son muchos los Estados que consideran esta ley inconstitucional, pero Alabama ha conseguido aplicarla desde el momento de la concepción.

    Los expertos señalan que todas estas injusticias ocurren “porque estas leyes dan a las autoridades el poder y la legitimidad de poner al mismo nivel los derechos de una mujer embarazada y los de los óvulos fertilizados, los embriones y los fetos”. Un hecho que para muchos no tiene ningún sentido, pero que otros han hecho de ello una cruzada en pro de la vida; un debate emocional que, por lo menos en EE UU, parece no tener una fácil solución en un futuro cercano.

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Foto: Mujer embarazada de SAMUEL SÁNCHEZ

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Fuente: http://blogs.elpais.com/mujeres/2013/10/cuando-los-derechos-del-feto-se-anteponen-a-los-de-la-madre-.html