Explotación sexual y laboral, las dos caras de la trata de personas
La gran mayoría de los casos reportados hasta el 31
de marzo de 2015 en Estados Unidos de Norteamérica corresponden a tráfico sexual, pero el 14 % es de víctimas de trabajo forzado.
En julio de 2013, Miriam
Kizzie, conocido como “Keys” y “Keyshawn”, de Dorchester -un popular
vecindario de Boston-
conoció a dos jovencitas de 14 y 15
años de edad. Con apenas 21 años, se ganó la confianza de ambas
y logró fotografiarlas en poses sugestivas...ellas nunca imaginaron que las
subiría a internet en forma de anuncio
para prostitución.
En el curso de una semana, ambas chicas fueron obligadas a prostituirse en
habitaciones alquiladas y en los apartamentos de los hombres que respondieron a
los anuncios. Kizzie contó con la ayuda de Anthony Pledger, de 26 años, para hacer los
arreglos de logística para transportar a las víctimas entre Massachusetts y Rhode Island.
Oficiales del departamento de Investigaciones del Servicio
de Inmigración y Aduanas (ICE) y la unidad antihomicidios y tráfico humano de
la Policía de Boston, desmantelaron la operación de ambos hombres; según
documentos judiciales, se declararon culpables de los delitos de tráfico y transporte de menores con el objetivo
de prostituirlas así como de pertenecer a los Thetford Avenue Buffalos, una
pandilla de Boston.
El 11 de mayo, Kizzie
fue sentenciado a 12 años de cárcel y 5 años de libertad
asistida. Durante la audiencia, las madres de las jovencitas relataron el
impacto que esa situación tuvo en sus vidas y familias.
Una de las víctimas, ahora de 16 años, se dirigió a la Corte
y contó su lucha por salir adelante: “Él me
destruyó. Me mintió. He pasado casi dos años tratando de rehacer mi vida”,
declaró.
Tipos de trata de personas
Casos como el
anterior ilustran el infierno que alguien puede vivir al ser víctima explotación sexual, una de las dos formas
más comunes de la trata de personas. También está la explotación laboral, y aunque en menor
frecuencia, la combinación de ambas.
Según
estadísticas recopiladas por el National Human Trafficking Resource
Center (NHTRC),
que opera en todo Estados Unidos, en el transcurso de 2015 ha recibido 5,212 llamadas
alertando sobre casos de trata de personas; 778 fueron realizadas por las mismas víctimas
y sobrevivientes.
La entidad
clasifica el tráfico sexual dependiendo del tipo de local o industria donde se
comete el delito, siendo el más frecuente en negocios-fachadas de
prostíbulos (104
casos), luego los anuncios en internet y locales desconocidos (89 casos), prostitución en hoteles
o moteles (87
casos), prostíbulos
residenciales (51
casos) y servicios
de acompañantes (49
casos), para un total de 973 expedientes abiertos.
Al 31 de marzo
de este año, el NHTRC -que es operado por la organización sin fines de lucro
Polaris- ha registrado 973 casos de tráfico sexual en todo el país, cinco veces
más que los casos de tráfico para propósitos laborales (194). Los cinco estados con
más reportes son California (223), Texas (101), Florida (77) y Nueva York (76).
El trabajo
forzado en negocios pequeños constituye la porción más corta de esta clase de
trata de personas en Estados Unidos, ya que a la fecha se han registrado 12 casos.
Le sigue la agricultura (13), restaurantes y servicios de comida (14), equipos
de ventas ambulantes (15) para que el primer lugar sea ocupado por el trabajo
doméstico forzado (31).
La mayoría de
las víctimas son mujeres (1,127). Se cuentan además 433 menores de edad.
Del total de
casos que se abrieron en 2014, el 36.6 por ciento de las víctimas tenían
nacionalidad estadounidense o eran residentes legales; le siguen las
originarias de México, con el 3 por ciento, y las del triángulo norte de
Centroamérica (Honduras,
Guatemala y El Salvador) suman 1.4 por ciento.
Las autoridades
dependen del público para detener a los perpetradores y liberar a las víctimas,
que por lo general están asustadas, fuera de la vista y sufren en silencio.
Mató a su hermano de dos años a
golpes, porque se aburría cuidándolo
La escalofriante historia de Christian Fernández,
el criminal más joven de EEUU
Con tan sólo dos años, fue encontrado desnudo
vagando de madrugada por la calle, tras escaparse del motel donde su abuela
drogada lo 'cuidaba'.
Su padrastro se suicidó delante suyo, después de propinarle una brutal
paliza.
La vida de Cristian Fernández está plagada de violencia y abusos desde
su infancia
Periodista
Digital, 23 de agosto de 2013 a las 09:48
La vida de Christian Fernández, el menor de 13 años que iba a ser
condenado a cadena perpetua en EEUU pero que al final sólo estará entre rejas
hasta 2018, es la historia de un drama desde su concepción.
Abusos, violencia y maltratos se repiten en su corta pero
acelerada infancia. Biannela Marie Susana, su madre, lo tuvo con tan sólo 12
años después de ser violada por un vecino, condenado a 10 años de prisión. Un
hijo ilegítimo que marcó la vida de ambos.
Con tan sólo dos años, Christian fue encontrado por las
autoridades de Miami desnudo vagando de madrugada por la calle, tras escaparse
del motel donde su abuela lo 'cuidaba' bajo los efectos de las drogas.
Él y su madre, todavía menor, pasaron a estar supervisados
por los servicios sociales. Apenas un año después, fue expulsado de la
guardería por bajarle los pantalones a un compañero y simular que mantenía
relaciones sexuales.
Las autoridades determinaron entonces que el niño había
sufrido abusos de uno de sus primos.
También descubrieron que el pequeño Christian había matado a
un gato porque le había arañado, y fue tratado para corregir su comportamiento
"antisocial y con tendencias criminales", según sus informes.
Su vida parecía enderezarse hasta que su madre se casó con
Luis Alfonso Galarraga.
Tras cinco años de difícil convivencia, Galarraga se pegó un
tiro delante de los hermanastros de Christian, que antes había recibido una
brutal paliza. La violencia se apoderó de su vida y el fatídico 14 de marzo de
2011 se constató.
Brianella, con 24 años en ese momento, le dejó al cargo de sus dos hermanos
pequeños.
Cuando volvió a casa de noche, se encontró al menor de dos años sangrando
por la nariz y los oídos, inconsciente en el suelo. La madre volvió a meterlo
en la cama, después de que Christian le mintiese asegurando que sólo se había caído
de la cama.
Se despreocupó, navegó dos horas en internet, hasta que se dio cuenta de que
el bebé no se movía. Las investigaciones demuestran que entonces buscó en la
red los síntomas que presenta una persona "con un golpe en la
cabeza".
Asustada, avisó a emergencias, pero era tarde. El más pequeño de la familia
falleció en el hospital dos días después con una fractura de cráneo.
Brianella se declaró culpable por negligencia, tras demostrarse en la
autopsia que si hubiera avisado a emergencias podría haberse salvado
.
Además del homicidio de su hermano, Cristian será juzgado por abusar
del otro de cinco años.
LA MADRE SALDRÁ A LA CALLE
A la madre de Christian, Biannela Susana, la acaban de
condenar por su contribución al crimen.
Según recoge The Florida Times-Union, el juez James Daniel
sentenció a Biannela, de 27 años, a pasar 10 años de prisión.
Pero tras la rebaja de años y los cuatro meses que ella ya
ha pasado en la cárcel esperando el juicio, no seguirá entre rejas ya que el
magistrado suspendió el resto de la condena a cambio de libertad condicional.
Así que Biannela Susana saldrá a la calle, pese a su papel
en la muerte de David Galarraga, de dos añitos, y hermanastro de Christian.
La Corte decidió que debe pasar 90 días en una casa refugio
para mujeres víctimas de violencia doméstica y después dos años en una
institución en la que recibirá asistencia de salud mental y ayuda en general
para continuar con su vida.
Susana se declaró culpable de homicidio agravado por la
muerte de su hijo de 2 años de edad a manos de otro hijo Christian, que tenía
12 años en el momento del crimen.
Los fiscales sostuvieron en la causa que Susana esperó más
de cuatro horas antes de solicitar ayuda médica para su hijo menor.
En un principio se enfrentaba a una posible condenad de 30
años de prisión. Susana también deberá esperar a que un terapeuta apruebe que
vuelva a tener contacto con sus hijos biológicos.
79 MENORES CONDENADOS A CADENA PERPETUA
En la actualidad, 79 presos con menos de 14 años se
encuentran cumpliendo cadena perpetua sin posibilidad de excarcelación, de los
casi 2.500 menores condenados en el país a estar toda su vida en una cárcel,
según cifras de Human Right Watch, un 16,4% del total de presos.
Casi dos tercios de estos menores son jóvenes de color y 175
niñas, algunos de los cuales llevan más de media vida encerrados.
Una polémica que se reabre después de que la Corte Suprema,
el más alto tribunal de EEUU, declarase en mayo de este año que la cadena
perpetua a menores era inconstitucional.
Se trataba de la tercera decisión sobre esta materia que
tomaba el grupo de nueve magistrados: en 2005 abolió la pena de muerte para
este colectivo, salvando a 50 niños del corredor de la muerte, y en 2010
declaró inválida la cadena perpetua para 130 menores sin delitos de sangre.
A pesar de ello, la histórica decisión no supone el fin de
estas condenas, como ha quedado patente en el caso de Cristian Fernández. Con
cinco votos a favor y cuatro en contra, la Corte Suprema concluyó "que
cualquier jurado o juez debe tener en cuenta los factores atenuantes que han
llevado al joven a cometer el delito antes de imponer una condena que implique
pasar toda la vida en prisión".
El alto tribunal se pronunció respecto al caso concreto de
dos menores de 14 años, Evan Miller y Kuntrell Jackson, aunque la sentencia
sentó jurisprudencia. "Espero que la mayoría de los convictos tengan
nuevas sentencias, y admito que esta nueva decisión por parte puede hacer que
los Estados cambien las condenas por su cuenta o modifiquen sus leyes",
sostenía Bryan Stevenson, abogado de ambos menores, tras conseguir la rebaja
para sus defendidos.
EEUU dificulta la imposición de estas penas, pero no las
prohíbe
Los magistrados del Supremo dejaban claro que "la
posibilidad de que estas condenas se den, va a ser muy baja", aunque no
imposible, al acogerse a la Octava Enmienda, que garantiza el derecho a no ser
sometido a castigos inusuales o crueles, a la inmadurez e impulsividad de los
condenados para adoptar penas menos rigurosas que a un adulto.
Dejaba sin embargo la puerta abierta a la posibilidad de que
sean juzgados como un mayor de edad, como es la situación de Cristian
Fernández. Además, algunos de los miembros del alto tribunal expusieron sus
reticencias a la decisión.
"No hay nada en nuestra Constitución que autorice a
esta Corte a cambiar esta decisión", aseguraba el juez Thomas.
La facción más conservadora formada por su presidente, John
Roberts, y los jueces Antonin Scalia, Clarence Thomas y Samuel Alito se opuso
rotundamente a la medida, argumentando que "las decisiones sobre las
sentencias más apropiadas para los adolescentes asesinos tienen que ser tomadas
por los legisladores y no por los tribunales".
29 estados no diferencian entre homicidas adultos y menores
Y es que en 29 estados norteamericanos, la ley todavía
establece la cadena perpetua para el homicidio, con independencia de si el
crimen ha sido cometido por un menor.
Los Estados tienen libertad para determinar su duración
máxima, la mínima es de 10 años, aunque la mayoría todavía recoge la pena de
por vida, sin libertad condicional, siendo el único país del mundo en aplicar
esta severa pena contra los menores, según Amnistía Internacional.
Varios tratados internacionales prohíben precisamente la
imposición de estas condenas, como el artículo 37 de la Convención de la ONU
sobre los Derechos del Niño de 1989, ratificada por todos los países salvo EEUU
y Somalía.
Por otro lado, la Convención Internacional de Derechos
Civiles de 1966 fue firmada por EEUU a cambio de incluir una excepción a la
prohibición para condenar a menores en "circunstancias
excepcionales".
Los menores con cadena perpetua se ha multiplicado por seis
desde 1966
Entonces había 400 menores en esa situación, ahora son más
de 2.500 los niños que podrían pasar el resto de su vida tras las rejas.
Una situación que parece no tener fin, a pesar de las
sentencias del Supremo norteamericano. De hecho, el Departamento de Justicia de
EEUU reconoce hasta 29 casos de menores de 14 años que han cometido asesinatos
en los últimos dos años.
Cristian Fernández podría convertirse en unos meses en uno
de esos menores que crezcan y envejezcan en prisión. La acusación de la
Fiscalía para juzgarlo como un adulto por la gravedad de su crimen fue aceptada
por el juez.
De nada sirvió una iniciativa popular que recogió más de
190.000 firmas en todo el país para que sea juzgado como lo que es, un menor.
La fiscalía se opone a esta petición, que permitiría que
Fernández quedase libre con 21 años.
"Tenemos que proteger a la sociedad de este individuo.
Aplicar la pena máxima a un niño de 12 años es algo muy triste, pero es la
única medida legal que tenemos para asegurar la seguridad de los
ciudadanos", aseguraban los responsables de la acusación contra el menor.
Pederastia en las aulas:
así debe actuar un centro educativo
La detención de un
profesor de un colegio de la localidad madrileña de Villanueva del Pardillo
reabre el debate sobre cómo debe actuar un centro educativo.
Los padres han
acusado al colegio de "mentir" y se muestran ofendidos por que se
haga referencia a "una actuación irregular" en lugar de referirse
explícitamente a abusos sexuales.
Fachada del colegio concertado en Villanueva del Pardillo en
el que trabajó el detenido
A.T.R
Jueves,
12/03/15 - 16:21
La detención a manos de la Guardia Civil de un profesor del
colegio concertado bilingüe Vallmont de la localidad madrileña de Villanueva
del Pardillo por abusar sexualmente de siete menores ha vuelto a reabrir el
debate sobre cuál es el protocolo de actuación de un centro educativo ante un
escándalo de tamañas proporciones.
Se produce una situación delicada, de acuerdo con la
definición del propio centro, con la honradez de un docente en posible
entredicho para siempre -en caso de que la acusación no esté fundamentada- y
unos padres asustados y preocupados que reclaman información detallada.
En este sentido, varios padres afectados por el escándalo de
pederastia en las aulas de Villanueva del Pardillo se han quejado en los medios
de comunicación de la información facilitada por Vallmont sobre la detención de
su profesor bajo trágicas acusaciones de pederastia. Los progenitores no han
dudado en acusar al colegio de mentir o incluso de intentar tapar un caso que
sumiría al centro en el absoluto desprestigio.
Otras madres han asegurado que el año que viene matricularán
a sus hijos en otro colegio porque, según ha defendido, la dirección "no
ha actuado de manera correcta" en la comunicación de los hechos hacia los
padres y ha reconocido que existe un "cabreo general por falta de
información".
El centro había informado hacía unas semanas a los padres a
través de dos circulares que el día 2 de febrero recibieron comunicación de una
"presunta actuación irregular" por parte de un docente del centro,
sin especificar que se trataba de abusos sexuales, un matiz que ha soliviantado
a muchos padres.
Protocolo de actuación
Altos responsables educativos de las comunidades autónomas y
fuentes de la Inspección de Educación precisan que el protocolo a seguir ante
una situación de estas características exige ante todo la máxima prudencia,
aunque al mismo tiempo precisan que en el caso de un colegio concertado la
Administración tiene escaso margen de maniobra.
En el caso de Vallmont la investigación se origina al
comunicar el padre de un alumno los hechos relatados por su hijo que ponían de
manifiesto que dicho profesor estaría cometiendo abusos en el propio centro. En
este sentido, si la denuncia de los padres se produce ante los juzgados, el
colegio en cuestión está comprometido a mantener la discreción hasta que las
pesquisas policiales y judiciales alcancen una conclusión definitiva.
En este caso, una vez reunidas todas las pruebas, la
Benemérita detuvo al presunto docente pederasta la semana pasada fuera del
colegio. El juez ordenó su inmediato ingreso en prisión. Un mes antes el
colegio, con buen criterio, informaba a los padres de una situación irregular
que afectaba a uno de sus docentes a pesar de que dicho eufemismo pudiera
enfurecer a unos preocupadas familias. El centro educativo de la localidad
madrileña ha insistido en que ha atendido a las familias que han solicitado
información directa sobre el asunto, "con las limitaciones propias de un
proceso bajo investigación por parte de las autoridades".
El centro apeló asimismo a los padres de los alumnos a la
"discreción necesaria en el tratamiento y difusión" de esta información.
La vía judicial, sin embargo, no excluye en absoluto la
obligación del centro de iniciar su propia investigación interna y de poner en
conocimiento de la comunidad educativa y de la Inspección de Educación la nueva
situación generada. Un compromiso que obliga asimismo al colegio en el caso de
que la denuncia de los padres sea sólo ante el propio centro educativo. Se
establecen por tanto dos investigaciones paralelas. Vallmont aseguró haber
informado de los hechos a Inspección Educativa y a las autoridades competentes,
"con las que se ha venido colaborando de forma permanente" añadía en
un comunicado.
La investigación que desarrolla la Administración puede
desembocar en un expediente informativo sobre el profesor bajo sospecha que
determinará la gravedad de su falta. En última instancia, más allá de la vía
judicial, dicho expediente puede concluir en la expulsión definitiva del cuerpo
de funcionarios del Estado en caso de que el profesor imparta sus clases en un
centro público.
La sanción para los centros concertados sólo la puede
determinar el juez. O en todo caso, más allá de la vía judicial, al propio
centro. Un procedimiento habitual -el utilizado por Vallmont- pasa por
suspender o relevar cautelarmente de sus funciones al profesor acusado hasta
que se esclarezcan los hechos. Asimismo el protocolo aplicado por el centro
concertado bilingüe de Villanueva del Pardillo es similar al que hubiera
utilizado 'siguiendo el manual' un colegio público.
El director fue cesado
El colegio Vallmont de Villanueva del Pardillo cesó el 4 de
marzo de sus funciones al director del centro, Alfonso Pasamontes, un mes
después de conocer los supuestos abusos sexuales cometidos por un profesor y el
mismo día en que tres de las víctimas denunciaron los hechos,
El Consejo de administración del centro concertado y
bilingüe le retiró la confianza "para asumir la delicada situación que
acontece en estos momentos". "Esta trascendente decisión ha sido
tomada tras un largo periodo de reflexión", señalaba el colegio en una
circular enviada hace pocos días a los padres.
Aunque Vallmont se ha esforzado en negar que la destitución
del director del centro educativo tenga relación con este caso, lo cierto es
fuentes informativas aclaran que los artículos 1902 y 1903 del Código Civil
establecen que que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa
o negligencia, está obligado a reparar el daño causado, una obligación que es
exigible, no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas
personas de quienes se debe responder.
Del mismo modo que los padres son responsables de los daños
causados por los hijos que se encuentren bajo su guarda, lo son igualmente los
dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios
causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran
empleados.
En este caso que analizamos, afectaría directamente al
director de Vallmont, una responsabilidad que se vería agravada si en los
tribunales pudiera demostrarse, tal y como denuncian algunos padres, que hubo
ocultación de datos por parte de la dirección del centro.
