Dos personas fueron abatidas y dos funcionarios resultaron heridos
durante un enfrentamiento entre sujetos armados y los uniformados de la Cuarta
Compañía del Destacamento 341 (D341), del Comando de Zona de la Guardia
Nacional Bolivariana N° 34 (CZGNB-34), y la Policía del estado Guárico (Poliguárico),
la noche del domingo 2 de julio.
Según fuentes policiales, efectivos de la GNB y efectivos del Centro de Coordinación Policial de Poliguárico, ejecutando labores de
patrullaje en el sector Bicentenario, de El Sombrero, conocido como Concha de
Mango, avistaron a un sujeto en actitud sospechosa, por lo cual procedieron a
darle la voz de alto, pero éste emprendió veloz huida hacia una vivienda, de
características precarias, tipo rancho.
Al llegar los funcionarios, fueron recibidos a tiros, resultando heridos dos efectivos de Poliguárico, uno con herida superficial en
la cabeza y otro en uno de los brazos. Ambos fueron trasladados al hospital,
donde según el reporte policial, se encuentran fuera de peligro.
Al ver la acción de los sujetos, los uniformados accionaron sus
armas de reglamento y dispararon contra los pistoleros, resultando heridos los
sujetos; por tal motivo, fueron trasladados a la sala de emergencia del Hospital Dr.
Francisco Risquez de la población de El Sombrero, donde fallecieron a los pocos minutos de su llegada.
Los fallecidos quedaron identificados como Aleixis Javier Seíjas López de 12 años y José
Gabriel Aquino López de 14 años, ambos menores y según la legislación venezolana: Niños. Los cadáveres fueron trasladados a la morgue
del Hospital Dr. Israel Ranuárez Balza de San Juan de los Morros, Guárico, para la
necropsia de rigor.
Se conoció que en el sitio del suceso fueron colectadas dos armas de fuego, una tipo
pistola y una escopeta, además de una bomba; se presume que ambos abatidos
pertenecen a la banda de “El Picure”, cuyo líder fue abatido a principios de
mayo.
Pederastia en las aulas:
así debe actuar un centro educativo
La detención de un
profesor de un colegio de la localidad madrileña de Villanueva del Pardillo
reabre el debate sobre cómo debe actuar un centro educativo.
Los padres han
acusado al colegio de "mentir" y se muestran ofendidos por que se
haga referencia a "una actuación irregular" en lugar de referirse
explícitamente a abusos sexuales.
Fachada del colegio concertado en Villanueva del Pardillo en
el que trabajó el detenido
A.T.R
Jueves,
12/03/15 - 16:21
La detención a manos de la Guardia Civil de un profesor del
colegio concertado bilingüe Vallmont de la localidad madrileña de Villanueva
del Pardillo por abusar sexualmente de siete menores ha vuelto a reabrir el
debate sobre cuál es el protocolo de actuación de un centro educativo ante un
escándalo de tamañas proporciones.
Se produce una situación delicada, de acuerdo con la
definición del propio centro, con la honradez de un docente en posible
entredicho para siempre -en caso de que la acusación no esté fundamentada- y
unos padres asustados y preocupados que reclaman información detallada.
En este sentido, varios padres afectados por el escándalo de
pederastia en las aulas de Villanueva del Pardillo se han quejado en los medios
de comunicación de la información facilitada por Vallmont sobre la detención de
su profesor bajo trágicas acusaciones de pederastia. Los progenitores no han
dudado en acusar al colegio de mentir o incluso de intentar tapar un caso que
sumiría al centro en el absoluto desprestigio.
Otras madres han asegurado que el año que viene matricularán
a sus hijos en otro colegio porque, según ha defendido, la dirección "no
ha actuado de manera correcta" en la comunicación de los hechos hacia los
padres y ha reconocido que existe un "cabreo general por falta de
información".
El centro había informado hacía unas semanas a los padres a
través de dos circulares que el día 2 de febrero recibieron comunicación de una
"presunta actuación irregular" por parte de un docente del centro,
sin especificar que se trataba de abusos sexuales, un matiz que ha soliviantado
a muchos padres.
Protocolo de actuación
Altos responsables educativos de las comunidades autónomas y
fuentes de la Inspección de Educación precisan que el protocolo a seguir ante
una situación de estas características exige ante todo la máxima prudencia,
aunque al mismo tiempo precisan que en el caso de un colegio concertado la
Administración tiene escaso margen de maniobra.
En el caso de Vallmont la investigación se origina al
comunicar el padre de un alumno los hechos relatados por su hijo que ponían de
manifiesto que dicho profesor estaría cometiendo abusos en el propio centro. En
este sentido, si la denuncia de los padres se produce ante los juzgados, el
colegio en cuestión está comprometido a mantener la discreción hasta que las
pesquisas policiales y judiciales alcancen una conclusión definitiva.
En este caso, una vez reunidas todas las pruebas, la
Benemérita detuvo al presunto docente pederasta la semana pasada fuera del
colegio. El juez ordenó su inmediato ingreso en prisión. Un mes antes el
colegio, con buen criterio, informaba a los padres de una situación irregular
que afectaba a uno de sus docentes a pesar de que dicho eufemismo pudiera
enfurecer a unos preocupadas familias. El centro educativo de la localidad
madrileña ha insistido en que ha atendido a las familias que han solicitado
información directa sobre el asunto, "con las limitaciones propias de un
proceso bajo investigación por parte de las autoridades".
El centro apeló asimismo a los padres de los alumnos a la
"discreción necesaria en el tratamiento y difusión" de esta información.
La vía judicial, sin embargo, no excluye en absoluto la
obligación del centro de iniciar su propia investigación interna y de poner en
conocimiento de la comunidad educativa y de la Inspección de Educación la nueva
situación generada. Un compromiso que obliga asimismo al colegio en el caso de
que la denuncia de los padres sea sólo ante el propio centro educativo. Se
establecen por tanto dos investigaciones paralelas. Vallmont aseguró haber
informado de los hechos a Inspección Educativa y a las autoridades competentes,
"con las que se ha venido colaborando de forma permanente" añadía en
un comunicado.
La investigación que desarrolla la Administración puede
desembocar en un expediente informativo sobre el profesor bajo sospecha que
determinará la gravedad de su falta. En última instancia, más allá de la vía
judicial, dicho expediente puede concluir en la expulsión definitiva del cuerpo
de funcionarios del Estado en caso de que el profesor imparta sus clases en un
centro público.
La sanción para los centros concertados sólo la puede
determinar el juez. O en todo caso, más allá de la vía judicial, al propio
centro. Un procedimiento habitual -el utilizado por Vallmont- pasa por
suspender o relevar cautelarmente de sus funciones al profesor acusado hasta
que se esclarezcan los hechos. Asimismo el protocolo aplicado por el centro
concertado bilingüe de Villanueva del Pardillo es similar al que hubiera
utilizado 'siguiendo el manual' un colegio público.
El director fue cesado
El colegio Vallmont de Villanueva del Pardillo cesó el 4 de
marzo de sus funciones al director del centro, Alfonso Pasamontes, un mes
después de conocer los supuestos abusos sexuales cometidos por un profesor y el
mismo día en que tres de las víctimas denunciaron los hechos,
El Consejo de administración del centro concertado y
bilingüe le retiró la confianza "para asumir la delicada situación que
acontece en estos momentos". "Esta trascendente decisión ha sido
tomada tras un largo periodo de reflexión", señalaba el colegio en una
circular enviada hace pocos días a los padres.
Aunque Vallmont se ha esforzado en negar que la destitución
del director del centro educativo tenga relación con este caso, lo cierto es
fuentes informativas aclaran que los artículos 1902 y 1903 del Código Civil
establecen que que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa
o negligencia, está obligado a reparar el daño causado, una obligación que es
exigible, no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas
personas de quienes se debe responder.
Del mismo modo que los padres son responsables de los daños
causados por los hijos que se encuentren bajo su guarda, lo son igualmente los
dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios
causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran
empleados.
En este caso que analizamos, afectaría directamente al
director de Vallmont, una responsabilidad que se vería agravada si en los
tribunales pudiera demostrarse, tal y como denuncian algunos padres, que hubo
ocultación de datos por parte de la dirección del centro.
Padres perderían patria potestad por poner en
riesgo a niños en colas
El pasado
22 de diciembre siete menores resultaron lesionados cuando en un supermercado
de Maracay se originó una estampida. (Foto César Pérez)
05 febrero 2015
Luis Alejandro Borrero ||
lborrero@el-carabobeno.com
Una cola
es considerada un ambiente peligroso. Inclemente sol, deshidratación rápida y
cansancio son factores de riesgo. Si hay niños sometidos a realizar la espera,
los padres podrían ser sancionados, advirtió Ruth Palma, presidenta del Consejo
Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Girardot, en Aragua.
Existen
implicaciones legales. Padres que utilicen a los pequeños como “herramientas”
perderían la patria potestad de sus hijos. Palma no especificó qué parámetros,
más que la inspección ocular, serán considerados para determinar en qué caso un
menor es usado u obligado a hacer una cola.
Padres
irresponsables ponen a los niños a guardar un puesto. Los dejan durante horas
en la fila. En la ciudad al menos 70 se han extraviado. Hacemos un enérgico
llamado a la consciencia de la gente, detalló la funcionaria.
Para el
control público son utilizados agentes armados. Funcionarios de la policía
regional y la Guardia Nacional Bolivariana custodian la venta de productos.
Generalmente cargan consigo fusiles. Si hay menores un accidente podría ser más
dramático, advirtió la consejera.
El pasado
22 de diciembre siete menores resultaron lesionados. En un supermercado de
Maracay se originó una estampida. Al parecer alguien sacó un arma de fuego.
Algunos
niños resultaron con moretones y chichones provocados por golpes que
recibieron. Se abrieron los procesos administrativos correspondientes, aclaró
Palma.
Para
algunos parece no haber opción. Madres, con bebés en brazos, argumentan que no
tienen con quien dejarlos en casa. Otras dicen que para adquirir pañales es
obligatorio presentar certificado de nacimiento y llevar a sus hijos,
reconoció. Es falso, solo con la copia de la partida de nacimiento los
comerciantes están obligados a expender los productos, reafirmó la declarante.
Tiene que
activarse la comunidad. El Consejo de Protección no tiene personal suficiente
para poner inspectores en todas las colas que se forman en la ciudad. Los
consejos comunales, a través de sus comisiones de protección infantil están
llamados a ser veedores de los derechos infantiles.
El
ayuntamiento tiene facultades. La alcaldía de Girardot tiene la potestad legal
de prohibir la presencia de los más jóvenes frente a establecimientos. Palma
informó que se está reuniendo con la Defensoría del Pueblo para estudiar la
posible aprobación de una ordenanza que regule la actividad.
Alquiler De Niños
A las
puertas del mercado, el bebé llora incesante. El policía que resguardaba el
ingreso cae en la desesperación. Le dice a la mujer que pase, compre y se vaya.
Hay oportunistas que se han aprovechado de situaciones como ésta, dijo Palma.
Se está
generando el alquiler de niños. Quienes ya hicieron la cola prestan a otros al
recién nacido para que, con su llanto, agilice el movimiento de entrada al
establecimiento. A cambio, el padre o la madre recibe 200 o 300 bolívares. Esto
es considerado explotación explicó la abogada en conferencia de prensa.
De uno a
tres años de cárcel podrían enfrentar quienes sean capturados. El CMDNNA en
Maracay no ha recibido denuncias formales. Estamos preparados y trabajando para
actuar rápidamente si se presenta alguna denuncia.
Denunciadas Mafias Policiales
Operan
amparados por la oscuridad. Llegan cuando cae la noche y fueron los últimos de
la cola. Patrullas de la Policía de Aragua arriban a supermercados para cargar
pañales, mantequilla, leche u otro producto escaso. Y no lo hacen para uso
personal, sino por bultos, denunció el parlamentario regional, Rodrigo Campos.
La fracción opositora acudió a la Defensoría regional del Pueblo. Campos
introdujo un documento solicitando investigación inmediata. A su juicio,
funcionarios de seguridad promueven y operan en mafias de reventa de productos
escasos. Consignamos documentos fotográficos para sustentar la denuncia,
afirmó. En las colas hay agresiones. Funcionarios de la policía y la Guardia
Nacional Bolivariana llaman a mujeres revendedoras sin razón, criticó el
opositor. Hostigan a quienes toman fotos e intentan registrar las filas frente
a establecimientos. Abusando de su poder, quitan teléfonos a personas, dijo. El
defensor del Pueblo en Aragua, Nancy Villalobos, debe responder de inmediato.
Su sueldo proviene de los impuestos que pagamos todos, recordó Campos. Sus
funciones no pueden estar supeditadas a los intereses político partidistas.
Exigió una respuesta inmediata a las denuncias.
Las leyes de protección de los derechos de la niñez
en Venezuela estipulan expresamente que podrían ser privados de la custodia
aquellos padres que expongan a sus menores hijos a situaciones de riesgo; este
es un hecho indudable. Pero de allí a pretender aplicarle esta grave sanción a
todo padre que acuda a comprar en compañía de sus hijos es una insensatez, aún
cuándo para efectuar esa compra ese padre deba permanecer horas y horas a la
intemperie, formando una gran e inevitable cola; constituiría otra de las
tantas medidas que son aplicadas discrecional y arbitrariamente en contra del
pueblo venezolano, humillándolo: Marcarle en sus brazos un número con tinta
indeleble para saber cuál es la posición que ocupa en una cola, restringirle la
oportunidad de comprar imponiéndole una determinada frecuencia para hacerlo o
imponiéndole un máximo de productos a ser adquiridos, registrar su respectiva
identidad mediante sistemas biométricos cada vez que compre mercancías para así
llevar un récord de los productos que adquiere, etc.
El interés criminológico de la cuestión estriba en
el siguiente hecho: ¿Habrán de ser objeto de estudio sólo aquellas conductas
que estén tipificadas como delitos por una norma penal, o –siguiendo a Rafael
Garofalo- sí la Criminología podría estudiar toda aquella conducta que transgreda
los sentimientos altruistas de probidad y piedad poseídos por una sociedad y
qué son indispensables para la adaptación del individuo a esa sociedad? De
optar por la primera alternativa, la Criminología estaría limitada a estudiar
sólo aquello que la norma penal defina como delito, y cómo es bien sabido la
norma penal no es dictada por el Estado, sino por aquellos quienes detentan el
poder; por tanto, sería “delito” sólo aquello que así sea tipificado por esas
élites dominantes y escapando del ámbito de estudio criminológico muchas
conductas que constituyen violencia, difuminadas bajo visos de aparente
legitimidad y legalidad, pero íntimamente ligadas al abuso del derecho y de la
desviación del poder, o a la extralimitación de funciones y a la usurpación de
funciones; constitutivas todas a su vez de una especie de violencia política
que podríamos categorizar como mobbing político.
En el caso bajo comentario, supongamos que priven a
los padres de la custodia de sus hijos, por exponerlos a situación de riesgo o
amenaza a los derechos fundamentales de sus hijos -que en Venezuela no se denomina “custodia”,
sino “responsabilidad de crianza”, siendo la “custodia” apenas uno de los
componentes de esa responsabilidad, además de amarlos, criarlos, formarlos,
educarlos, etc.- , y que esa privación derive del hecho de hacerse acompañar
ese padre por sus hijos, cuándo hace cola para comprar víveres, medicamentos o
pañales o lo que sea que expendan ese día: ¿Le quitarán al hijo para albergarlo
en dónde? ¿En un sitio dónde carecerá del amor y los cuidados de su propia
familia? ¿En un sitio desde dónde comenzará a adquirir proclividad criminal por
asociación diferencial?
Nos parece que en vez de pretender sancionar a esos
padres por estar acompañados de sus menores hijos, cuándo hacen cola para
adquirir alimentos y otras mercancías, el Estado más bién debería cumplir con
su correspondiente función, procurando el oportuno abastecimiento; de lo
contrario, estaría violentando y vulnerando los derechos fundamentales tanto de
la población en general, como el de esos niños que quedan expuestos a
situaciones de riesgo, y ello por una sencilla razón: Hacer cola para comprar
alimentos no es en sí la situación de riesgo; ese riesgo proviene de la
delincuencia que actúa impunemente, atracando y matando a mansalva, razón ésta
por la cual los niveles de violencia se han incrementado en nuestra sociedad,
pretendiéndose paliar entonces militarizando nuestras calles, resguardadas
ahora en horas de oficina con equipos antimotines y armas largas: fusiles,
ametralladoras…
Para no proseguir, seguidamente les invito a ver dos
videos; en uno, percibirán cómo en una larguísima fila de personas,
pacientemente aguardan para entrar a hacer cola dentro de un establecimiento;
sí, me exprese bién: Hacen cola, para hacer otra cola. En ese video,
observaremos a padres y a madres, con niños de pecho, haciendo cola con
infantes, precisamente por cuanto es una cola para comprar pañales, y se exige
la presentación de los documentos del niño –su acta de nacimiento- para poder
expender el producto.
El otro video fue grabado en el interior de un local
expendedor, y los concurrentes aguardan para comprar pollo; se nota de
inmediato que la cantidad de niños es mucho menor, y que no existen infantes,
debido quizás a que su presencia allí no es necesaria: La diferencia es enorme;
entre ambos videos distinguimos cómo difiere hasta la actitud de los
compradores; en una es como de resignación, de mansedumbre; en la otra es lo
contrario, se advierte un espíritu más animado…Espero sus comentarios!
Conclusión: La responsabilidad por todo este desorden público es del propio Estado, todo este caos se lo debemos a los personeros del gobierno, a quienes ejercen funciones públicas en el gobierno...
Desde luego, es una insensatez el criminalizar un acto cotidiano cómo lo es el acudir con un hijo a abastecerse de algún producto, cuándo en realidad el acto que debería ser criminalizado y sancionado es el no haber evitado que haya ocurrido ese desabastecimiento, pero las leyes penales no las dicta el Pueblo...
