Embarazadas en la cárcel por si acaso se drogan
Por: Carolina García | 29 de octubre de 2013
Alicia Beltran, de 28 años, vive en Milwaukee (Wisconsin) y
lloró desconsoladamente por miedo e impotencia cuando las autoridades federales
llegaron a su casa el pasado 18 de julio y la detuvieron. Embarazada de 14
semanas, y después de pensar que había hecho lo correcto contándole a su médico
que había sido adicta a los medicamentos, los agentes la internaron en un
centro de desintoxicación para proteger el feto, una medida respaldada por la
ley en este Estado.
Beltran tuvo la mala suerte de toparse con una trabajadora
social y una médico escépticas que le acusaron de no cuidar a su feto por no
querer someterse a un tratamiento de desintoxicación; todo ello a pesar de que
en los primeros análisis de orina solo encontraron trazas de Suboxone, un
medicamento que palía los síntomas de dependencia a los opiáceos, y que en los
segundos efectuados, la mujer estaba limpia.
La trabajadora social le recomendó que volviera a tomar la
Suboxone, a lo que ella alegó que no lo necesitaba porque ya no era adicta.
Beltran, enfadada, le dio con la puerta en las narices gritando: “A lo mejor lo
que tengo que hacer es abortar”. La médico, por su parte, alegó que la mujer
“había admitido abiertamente su consumo y abuso”. “Mostró poco control de sí
misma y rechazó el tratamiento que se le ofreció -reclutamiento total en un
centro o prisión-. La vida del niño depende totalmente de las acciones
judiciales que se tomen al respecto”, indicó la doctora. Cuarenta y ocho horas
después de estos acontecimientos, varios agentes se apersonaron en su casa y se
la llevaron a la cárcel del condado. Beltrán se enfrentaba a su primera
audiencia ante el juez. “No sabía que los no nacidos tenían abogados”, explica
Beltran en la historia relatada por The New York Times.
Tras ser detenida, la mujer compareció ante un juez que le
indicó que necesitaba un letrado; ante su perplejidad, descubrió que su feto
tenía un guardián y que debía luchar por su custodia, explica esta mujer, ya en
casa y embarazada de seis meses, tras pasar 78 días en un centro de
desintoxicación por orden judicial.
Beltran se ha quedado sin su trabajo a tiempo completo y sus
esperanzas de encontrar uno a media jornada son casi nulas: "Salgo de
cuentas el 15 de enero y estoy muy asustada de que vengan y se lleven a mi
bebé. Se supone que estoy en la época más feliz de mi embarazo y yo solo puedo
sentir terror”, ha declarado Beltran al mismo periódico.
La ley de Wisconsin, conocida como “mamá cocaína” y aprobada
en 1998, otorga a los facultativos y autoridades el derecho a confinar a una
futura madre si consume alcohol o drogas “de forma severa” y se niega a ir a un
centro de tratamiento voluntariamente. El caso de Beltran se encuentra en este
momento en los tribunales, donde se denuncia la inconstitucionalidad de la
regulación; es la primera vez que se desafía la protección del feto sobre el
derecho de la madre en EE UU.
Wisconsin, Minnesota, Oklahoma y Dakota del Sur son los
Estados de los 50 que conforman la nación que cuentan con una normativa de
estas características -poder internar a una mujer embarazada por abusar de
sustancias y así proteger al feto-. "Esta regulación también es contraria
a su libertad física, a su privacidad médica y a otros muchos derechos
constitucionales”, según se explica en la denuncia. “La guerra encubierta entre
los derechos de las mujeres embarazadas y los del feto debe acabar”, continúa
el texto. Debido a que los datos de la seguridad social de Wisconsin son
confidenciales, se desconoce cuántos casos se han dado desde su entrada en
vigor en 1998, aunque el periódico asegura que “se sabe que ha habido varios el
año pasado”.
Entre aquellos que defienden la regulación, su principal
alegación es que la norma “es un
esfuerzo adecuado para proteger al recién nacido”. “Si la madre no es lo
suficientemente inteligente como para no tomar drogas, tenemos que actuar. La
ley está hecha para proteger a las madres y a los bebés”. Sobre este tipo de
leyes se sostienen muchas de las regulaciones antiabortistas del país, que
pretenden otorgar al no nacido todos los derechos. A parte de en estos cuatro
Estados, en otros existen regulaciones acogidas al derecho civil; a la
protección de menores o a las leyes criminales que fuerzan a las mujeres a ir a
programas de tratamiento e, incluso, a castigarlas por su consumo.
Las asociaciones contrarias a este tipo de leyes aseguran
que hay centenares de casos documentados de mujeres afectadas y que justo
coinciden con aquellas que cuentan con menos recursos y que pertenecen a minorías. Además, la
Asociación de Médicos de EE UU asegura
que estas normas “sobrevaloran los efectos de las drogas en los no nacidos”.
Por desgracia, en EE UU existen casos más extremos que el de
Beltran en Wisconsin. Por ejemplo, Alabama redactó una ley en 2006, denominada
“Protección contra el peligro químico hacia los niños” que, supuestamente, les
protege de las metanfetaminas. Gracias, o a pesar de ella, se ha llegado enviar a más de 100 mujeres a
la cárcel porque sus recién nacidos dieron positivo a esta sustancia. Son
muchos los Estados que consideran esta ley inconstitucional, pero Alabama ha
conseguido aplicarla desde el momento de la concepción.
Los expertos señalan que todas estas injusticias ocurren
“porque estas leyes dan a las autoridades el poder y la legitimidad de poner al
mismo nivel los derechos de una mujer embarazada y los de los óvulos
fertilizados, los embriones y los fetos”. Un hecho que para muchos no tiene
ningún sentido, pero que otros han hecho de ello una cruzada en pro de la vida;
un debate emocional que, por lo menos en EE UU, parece no tener una fácil
solución en un futuro cercano.
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Foto: Mujer embarazada de SAMUEL SÁNCHEZ
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Fuente: http://blogs.elpais.com/mujeres/2013/10/cuando-los-derechos-del-feto-se-anteponen-a-los-de-la-madre-.html
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