Investigación: Crece recelo en el CICPC contra el
Ministerio Público
Miércoles,
12 Noviembre 2014 00:00
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| Cinco personas fueron asesinadas en el allanamiento que hizo el Cicpc en el edificio Manfredir en Quinta Crespo el martes 7 de octubre. Foto: Alejandro Cegarra |
Los
policías dicen recibir “órdenes de arriba” para liberar a miembros de
colectivos armados. Critican que la Fiscalía abra laboratorios de investigación
penal
Valentina
Oropeza.- Comisarios,
inspectores, detectives, asistentes y auxiliares. Dos convicciones cohesionan
hoy a los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (CICPC), sin importar el rango que ocupan o la división para la
que trabajan: no pueden tocar a los colectivos armados y el Ministerio
Público (MP) intenta desplazarlos en la investigación del crimen.
Los
agentes de la policía científica han procedido con más cautela en las últimas
semanas: evitan enfrentamientos a tiros con delincuentes y redoblaron sus
guardias para custodiar las sedes del CICPC ante posibles ataques de colectivos
armados. Estas instrucciones se giraron después de que el presidente Nicolás
Maduro relevó a Miguel Rodríguez Torres como ministro de Relaciones Interiores,
Justicia y Paz el viernes 24 de octubre; y luego de que el MP ordenó la
detención de siete funcionarios del CICPC que participaron en el allanamiento
del edificio Manfredir el martes 7 de octubre, y en el que fueron asesinadas
cinco personas.
De la
reforma policial que dirige el diputado Freddy Bernal no esperan cambios
estructurales que sobrepasen promesas de mejoras salariales y algunas
destituciones internas; les inquieta más bien que la restructuración allane el
camino para que miembros de colectivos armados ingresen a las nóminas de los
cuerpos policiales.
Este
escenario divide a los funcionarios del CICPC. Unos desechan esta hipótesis al
alegar que si la directiva del cuerpo no fue destituida tras el allanamiento a
la sede del colectivo Escudo de la Revolución en Quinta Crespo, como se rumoreó
inicialmente, es porque los colectivos no son tan poderosos como parecen. Otros
consideran que el Gobierno podría abrir cargos en los cuerpos que resguardan la
seguridad ciudadana para líderes de estos grupos que fueron miembros de la
desaparecida Policía Metropolitana (PM), bajo el argumento de que están
formados en la carrera policial.
“No
sabemos cuánta influencia tienen en Miraflores, pero cada vez que detenemos
a un miembro de un colectivo armado, recibimos órdenes de arriba para liberarlo
inmediatamente, sin importar que lleven armas solicitadas por delitos”, contó
un funcionario del CICPC. Varios agentes coincidieron en señalar que en los
barrios dominados por colectivos armados, el patrullaje tiene toque de queda y
los enfrentamientos se libran con fusiles. “Aquí lo que hay que preguntarse es
de dónde sacan algunos colectivos las armas de guerra”, cuestionó un detective
del CICPC que trabaja en Caracas.
La semana
pasada, miembros del Movimiento de Resistencia Popular Juan Montoya presentaron
ante la prensa un documento de 18 páginas, que habría sido suscrito por 260
organizaciones, en el que exigen al presidente Nicolás Maduro que los
incorpore a las discusiones de la comisión que preside Bernal. Descartaron
tener contacto directo con el diputado sobre este tema y pusieron sus armas a
la orden del Gobierno para ejecutar el desarme de la delincuencia en los
barrios. Hasta el momento, el Ejecutivo no ha dado respuesta a estos
señalamientos.
Consultados
por Contrapunto en la antigua sede de la PM en Cotiza, miembros del
Movimiento Juan Montoya negaron que tengan armas, e insistieron en denunciar al
CICPC como el cuerpo que más se
beneficia de la extorsión a la delincuencia en zonas populares.
En una comisaría
del CICPC, varios policías citaron nombres y esquinas de pequeños comercios
donde colectivos cobrarían vacuna para mantener la “seguridad” de sus
propietarios en Caracas. Un funcionario resumió el pronóstico discutido por
casi una decena de colegas: “Si tratan de meter a los colectivos dentro del CICPC, sálvese quien pueda”.
Pérdida de competencias
A las limitaciones para investigar y combatir a los colectivos armados,
agentes del CICPC suman la creación de laboratorios para hacer experticias
penales dentro del MP como una pérdida fundamental de competencias, dado que la
policía científica es el principal órgano encargado de respaldar al sistema de
justicia en la investigación criminal.
“No tiene sentido que el Ministerio Público haga las experticias en una
investigación penal si son parte acusadora en los procesos judiciales. Se pagan
y se dan el vuelto”, aseguró un funcionario del CICPC que declaró bajo
condición de anonimato.
La visión de fiscales y abogados es diametralmente opuesta. Enumeran casos
conocidos de primera mano en los que los denunciantes fueron extorsionados por
funcionarios del CICPC para no convertirlos en victimarios en los expedientes,
y señalan errores de procedimiento que plagan de irregularidades las
investigaciones penales. “He tenido clientes que se arrepienten de ir a
denunciar a la policía científica porque si se encuentran con un funcionario
corrupto y no pagan lo que les piden, terminan en la cárcel sin que haya un
elemento de convicción en su contra”, contó a Contrapunto un abogado penalista
que solicitó mantener su identidad en reserva.
En el informe de 2013, la organización de defensa de derechos humanos PROVEA
apunta al CICPC como el cuerpo de
seguridad del Estado más señalado de cometer abusos dentro de las más de 8.000
denuncias contra agentes de cuerpos de seguridad del Estado que la Dirección de
Protección de Derechos Fundamentales del MP recibió el año pasado.
El 7 de mayo de 2014, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz,
creó la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal, que depende de la
Vicefiscalía, la instancia más importante después de su despacho. Contrapunto
solicitó una entrevista con la directora de la instancia, Rocío Gásperi, pero
no se concretó para la fecha de publicación de este reportaje.
El MP ofrece mejores sueldos y condiciones laborales a los funcionarios del CICPC
para que migren a sus laboratorios, mientras los que se quedan en la policía
científica resienten que deben costear de sus bolsillos hasta las
resmas de papel que utilizan para imprimir los registros de las
denuncias.
Dentro de la policía científica confían en que la ampliación de la capacidad
del MP para hacer investigación penal cesará cuando Ortega Díaz salga de la
Fiscalía en diciembre, tras cumplir siete años de gestión como lo establece la
Constitución.
En los pasillos del MP y del CICPC suena Miriam del Valle Morandy
Mijares como una de las candidatas con mayores posibilidades para
sustituir a Ortega Díaz.
Morandy es magistrada jubilada de la Sala de Casación Penal del Tribunal
Supremo de Justicia y se formó en el Instituto Universitario de la Policía
Científica. Ingresó a la Policía Técnica Judicial (PTJ) en 1981 como
sumariadora, y ha sido docente en otros cuerpos de seguridad del Estado como la
DISIP y la extinta PM.
Por sus nexos profesionales con la institución, agentes del CICPC pronostican que la cooperación con el MP se
estrechará si Morandy llega a encabezar la Fiscalía. Por el contrario, dentro
del MP vaticinan que la credibilidad de Morandy frente a los policías
facilitará el éxodo de más especialistas del CICPC a los laboratorios de
investigación creados por Ortega Díaz.
Durante la gestión de la Fiscal, los cuestionamientos del MP al CICPC han tenido lugar frente a los micrófonos y
tras bastidores. En junio de 2013, por ejemplo, Ortega Díaz criticó la
labor de los cuerpos policiales en el resguardo de los escenarios de
crímenes, una observación que fue respaldada por el entonces ministro Rodríguez
Torres frente a un auditorio repleto de jefes policiales. Señaló que los
lugares donde se habían cometido delitos parecían “ferias donde todo el mundo
agarra lo que quiere”, y dijo que algunas actas policiales “parecen
hechas por Cantiflas por los errores ortográficos y de sindéresis”.
A principios de este año, una decisión de la Fiscalía levantó resquemores
dentro del CICPC. El MP puso en duda los
resultados que arrojaron las experticias desarrolladas por el CICPC en los
casos de Bassil Da Costa y Juan Montoya, quienes fueron asesinados en la marcha
que encabezó el movimiento estudiantil hacia el MP el 12 de febrero. Las
pruebas fueron enviadas a un laboratorio en Brasil para certificar su validez.
Un año y medio antes, en septiembre de 2012, se publicó un informe de
diagnóstico y propuestas para reformar el CICPC que encabezó el entonces ministro de
Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami, y que recomendaba hacer una
“reinterpretación constitucional” a través de la Asamblea Nacional o la Sala
Constitucional del TSJ, para precisar que la función de un investigador
criminal es hacer la experticia técnica del delito de forma “controlada y
validada” por el MP, mientras que al fiscal le corresponde hacer “la traducción
jurídico-penal de la investigación”. El reporte recuerda que el CICPC no
forma parte del Poder Judicial para “evitar aquel modelo superado de fusión
entre las funciones de juzgar e investigar”.
Laboratorios independientes
El 23 de diciembre de 2008, Ortega Díaz abrió la Unidad Criminalística
contra la Vulneración de Derechos Fundamentales como un ente de investigación
independiente de la policía científica para evitar la manipulación de pruebas,
indicaron fuentes consultadas en la Fiscalía.
“Si un homicidio ocurre en las manos de un funcionario del CICPC, por
ejemplo, las averiguaciones no pueden ser objetivas si las ejecuta el organismo
involucrado”, declaró a Contrapunto María Mercedes Berthé, jefa de la
Dirección de Protección de Derechos Fundamentales del MP.
El abogado penalista y criminólogo Luis Izquiel asegura que no es
conveniente que todas las experticias de una investigación penal estén
dominadas por el MP porque es la parte acusadora, a menos de que se trate de
evaluar denuncias de abusos cometidos por policías y militares. Advirtió,
sin embargo, que la reforma policial que diseña el Gobierno podría rescatar
prácticas como recurrir a expertos de organizaciones independientes
como el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, o reforzar la
capacidad de unidades como la División de Asuntos Internos y la División de
Inspectoría del CICPC, encargadas de investigar y sancionar a los agentes que
incurren en delitos.
Izquiel duda que Bernal sea la persona idónea para dirigir la reforma policial, dado que dirigió el Comando Especial Táctico de Apoyo de la PM, un cuerpo que fue acusado de utilizar las ejecuciones extrajudiciales como protocolo corriente de actuación contra los criminales.
El ex-director de la policía científica, Miguel Dao, recordó que el ex-fiscal
general Isaías Rodríguez fue pionero en la incorporación de la investigación
penal al organigrama del MP al crear hace 14 años la Unidad de Asesoría
Técnico-Científica e Investigaciones de la Fiscalía, a cargo de la comisaria
general Daisy Cañizales, bióloga especializada en criminalística y con más de
30 años de servicio en la carrera policial.
“No entiendo por qué los funcionarios del CICPC resienten la creación de
laboratorios que hagan experticia penal si no se dan abasto para investigar el
enorme volumen de denuncias que reciben a diario en las comisarias”, apuntó. Dao
calcula que la policía científica requiere de 25 mil funcionarios más
para abarcar el procesamiento criminalístico. “Si hay más órganos que se
dediquen a la investigación penal, bienvenidos sean”, subrayó.
En una entrevista publicada por El Universal en julio del año
pasado, Cañizales explicó que la función de la dependencia que coordinó en el
año 2000 era instruir a los fiscales para depurar los errores en las
experticias ocasionados por la incapacidad de policías y fiscales para procesar
el volumen de casos que debían investigar.
Funcionarios del CICPC advirtieron que durante la gestión de Ortega Díaz no
solamente se desvaneció el acercamiento entre policías y fiscales que habría
promovido Cañizales a través de los cursos conjuntos para ambos funcionarios,
sino que hoy la comunicación entre la Fiscalía y la policía científica se
interrumpe en la investigación de expedientes sobre legitimación de capitales,
delitos financieros e informáticos, y casos asociados a delincuencia
organizada.
Otros agentes descartaron que el MP tenga capacidad de asumir la
investigación de delitos como homicidios y secuestros porque los fiscales no
estarían preparados para laborar en zonas de alta peligrosidad. “Los
fiscales trabajan hasta las 5:00 de la tarde, mientras que nosotros estamos
pateando los barrios todo el día. Ellos no pueden con eso”, comentó a Contrapunto
un inspector del CICPC.
Otra policía señaló que la comisión presidencial encargada de la reforma
policial debería promover que se agilicen las gestiones del MP y el Ministerio
de Servicios Penitenciarios para descongestionar las divisiones de captura de
las policías y los cuarteles de prisiones en las comisarías del interior del
país. Advierte que para hacer “una verdadera revolución” dentro de las policías
es fundamental fortalecer las condiciones laborales de los cuerpos de
protección de la seguridad ciudadana con aumentos sustanciales de sueldo,
inversión en armas y furgonetas, así como la innovación en los equipos y
materiales que utilizan para la evaluación criminalística.
La reforma policial será ejecutada a través de cinco subcomisiones: una
normativa para reformar las leyes, otra para construir “el sistema policial
bolivariano y revolucionario”, una para analizar la estructura
organizacional de la policía, otra para incorporar al poder comunal a la
reforma y una dedicada a diseñar un sistema de seguridad integral del policía,
que contempla la creación de un instituto de seguridad social para policías y
bomberos.
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Fuente: http://contrapunto.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=10110:crece-recelo-en-el-cicpc-contra-el-ministerio-publico&Itemid=269
