La desaparición de normalistas, maniobra militar: General Francisco Gallardo
Martes 20 de enero de 2015 | 6:58 P.M.
Una de las imágenes más llamativas de las marchas y manifestaciones de
protesta en solidaridad con los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos
desde el 26 de septiembre de 2014 es la del incendio del Congreso de Guerrero,
en Chilpancingo, el 12 de noviembre.
Seis días antes, el 6 de noviembre por la tarde —antes de su conferencia de
prensa—, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús
Murillo Karam, se reunió con el embajador de Estados Unidos en México, Earl
Anthony Wayne. Luego vino su controvertido discurso, que causó desazón entre
los padres de los estudiantes e indignación en Guerrero y otras entidades del
país, incluida la Ciudad de México.
Y aun cuando el procurador Murillo Karam expuso que era imposible afirmar
con certeza que los huesos y dientes calcinados podrían ser de los normalistas,
en ningún momento externó que se trataba de ellos, lo cual creó confusión en
los medios mexicanos e internacionales, así como entre las organizaciones
sociales que siguen el caso.
Dos días después, el 9 de noviembre, el Centro de Derechos Humanos de La
Montaña Tachinollan —cuyos abogados representan a los padres de los
normalistas— difundió un comunicado en el que afirmó:
“Los hallazgos dados a conocer por la PGR y respaldados por Enrique Peña
Nieto carecen de pruebas científicas y credibilidad y han de ser avalados por
peritos argentinos. Los padres de familia estarían dispuestos a aceptar
resultados si hubiera pruebas irrefutables que al día de hoy no se tienen. El
gobierno al hablar sin pruebas juega con la situación dolorosa de las familias
de los desaparecidos”.
“Iguala no es el Estado mexicano”, dijo ese día Murillo Karam frente a las
cámaras, intentando deslindar al gobierno federal de su responsabilidad y
endosando las culpas a la policía municipal y a las autoridades de Iguala (el
alcalde José Luis Abarca Velázquez y su esposa, María de los Ángeles Pineda
Villa, habían sido arrestados en la Ciudad de México el 4 de noviembre).
Sin embargo, el general brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez, quien
cobró fama en la década de los noventa del siglo pasado por proponer la
creación de la figura de un ombudsman militar, manifiesta su
discrepancia.
“Desde que pasó ‘el detalle’ (la agresión a los normalistas y la
desaparición de 43 de ellos), yo dije: fue el ejército el que realizó la
desaparición porque hicieron una maniobra militar”.
No tiene dudas pues, expone a Variopinto, tuvo testimonios directos:
“Yo platiqué al día siguiente con gente que presenció los hechos. Vinieron a mi
oficina y platicaron conmigo. Estoy seguro que fue el ejército. Porque la
policía en México está militarizada. El ejército hizo una maniobra militar. Hay
policía municipal, hay civiles, pero son militarizados".
“A todos los policías de la región los concentran, para hacer cursos e
investigarlos, en la zona militar de Tlaxcala, donde hay un centro de
adiestramiento. Pero ¿por qué a los policías civiles los mandan a adiestrar a
la zona militar? Pues porque son militares. Todo este show —agarrar al
presidente municipal, encontrar a un único culpable— es para que no se
concentre la mirada en el ejército”.
La estrategia del yunque y el martillo
Y aunque en su conferencia del 7 de noviembre Murillo Karam afirmó que el
ejército no tuvo nada que ver con los acontecimientos de Iguala, los días
posteriores al 26 de septiembre los normalistas sobrevivientes relataron que
las tropas de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) no quisieron
intervenir para auxiliar a los agredidos.
Al respecto, el general Gallardo Rodríguez comenta: “No fue omisión; son
cómplices. Esta es la maniobra que a mí me platicaron: los estudiantes tomaron
vehículos ‘prestados’ —lo cual estuvo mal— e intentaron meterse a Chilpancingo.
La policía, el ejército y todas las fuerzas de seguridad los detuvieron y los
empujaron hacia Iguala, por la carretera".
“Pasaron un puente, adelante del cual había un retén de la Policía Federal;
un retén militar vestido de Policía Federal, mejor dicho. Pasaron, los seguían
empujando; luego llegaron a otro retén que estaba enfrente del cuartel del 27
Batallón de Infantería. Y ahí fue donde pasaron todos los detalles”.
Fue una maniobra llamada “yunque y martillo” que, según el entrevistado, se
usa en la guerra de guerrillas: el que detiene es el yunque, el que golpea es
el martillo.
Y sigue relatando: “Los estudiantes dijeron: aquí está el ejército, nos va a
ayudar… pero no los ayudaron. Fueron a las clínicas a pedir auxilio; tampoco
los ayudaron. En ningún lado los ayudaron. ¿De qué se trata? ¿Por qué las
fuerzas de la policía y las tropas del ejército se comportaron de esa forma?".
“Yo digo que porque pensaron que no iba a pasar nada. Un joven de Ayotzinapa
que presenció la agresión me contó: ‘Cuando detuvieron el camión se bajó un
compañero de nosotros a discutir con la policía que por qué los estaban
deteniendo’. Y al estar discutiendo le dieron un tiro en la cabeza; fue un
francotirador”.
Jesús Moisés González, ex subdelegado del Centro de Investigación y
Seguridad Nacional (CISEN) y actual asesor de la senadora Layda Sansores,
sostiene que la responsabilidad directa es del presidente de la República:
“En México no existe un solo camión que recorra las carreteras federales o
estatales sin que lo sepa el CISEN; no existe. Si un grupo se mueve en
determinada región, el delegado de ese estado, a través de las subdelegaciones
del CISEN, reporta a la Ciudad de México en tiempo real qué movimientos efectúa
ese camión, su trayectoria, cuánta gente va y quién la encabeza".
“Es imposible que el CISEN no lo supiera. Además, el organismo tiene
computadoras instaladas en los vehículos para mandar imágenes e información de
los vehículos al satélite y en tres segundos llega todo a las oficinas del
CISEN. Así es como opera”.
Las omisiones
El territorio de Guerrero es rico en recursos naturales, sobre todo en minas
de oro, plata, bosques y agua. De acuerdo con el general Gallardo y otros
analistas consultados por Variopinto, es precisamente por esos
recursos que se genera la violencia y la represión.
“La minera canadiense Torex, por ejemplo, descubrió una mina sobre el río
Balsas en la localidad de Quechultenango, a pocos kilómetros de Chilpancingo”,
dice el general.
Con base en informaciones de la minera, el periódico El Economista
publicó el 6 de noviembre pasado una nota según la cual la empresa va a
invertir 725 millones de dólares en los próximos años y se espera que sólo de
esa mina se puedan extraer 358 mil onzas de oro anuales entre 2017 y 2024.
“Pero la gente que está ahí no se va a dejar. Es así como se debe leer el
caso de los normalistas de Ayotzinapa”. Y se pregunta: “¿Quién apoya esta
política? El presidente de la República. Al decidir que el ejército siga
desempeñando funciones de policía en la calle es ‘dominio del hecho’”, explica
el general José Francisco Gallardo.
El dominio del hecho es la teoría jurídica en la que el autor intelectual es
tan responsable como el autor material que cometió el ilícito, sobre todo en
instituciones jerárquicas, ya sea por acción (una orden clara) o por omisión
(falta de supervisión o inacción).
En las semanas posteriores a la desaparición de los normalistas, en las
estructuras del Estado mexicano involucradas se fortaleció la idea de que, como
varios hermanos de la esposa del ex alcalde igualteco José Luis Abarca
Velázquez eran capos del grupo Guerreros Unidos, la responsabilidad directa e
intelectual de la masacre y de la desaparición forzada se atribuía totalmente a
la pareja.
No obstante, Jesús Moisés González sostiene que esto es impensable: “La
responsabilidad recae directamente en el presidente de la República porque a
través de su delegado del CISEN debió abrir una ficha sobre la familia Abarca
Pineda. Las fichas se abren cotidianamente cuando hay campañas o precampañas
electorales. Se forman fichas por cada aspirante. Esas fichas incluyen: nombre,
apellido, ideología, a qué grupos pertenecen los aspirantes, si pertenecen a
algún club deportivo.
“La información completa la tenía el CISEN antes de que Abarca Velázquez
ocupara un cargo de elección popular. ¿Por qué la PGR y los órganos de
inteligencia no dieron aviso? Y si lo dieron, ¿por qué el secretario de
Gobernación no dio las instrucciones para que se le detuviera o investigara?
“El asunto recae directamente en el presidente. El secretario de Gobernación
no puede actuar si no obedece la orden del señor presidente, quien tenía
información previa sobre quién era Abarca. Pero ahora todos se deslindan”.
Tlatlaya
La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrió cuatro días
después de que se denunció que el 30 de junio pasado una partida de soldados
ejecutó en una bodega a 22 personas en el municipio de Tlatlaya, Estado de
México.
Sobre ese caso, el general Gallardo comenta: “Es lógico que no va a haber
una orden específica, porque los mandos no son tontos y nadie en su sano juicio
va a dar una orden de ese tipo, pero hay una responsabilidad del mando de la
zona militar, del jefe de Estado Mayor de la zona, que es el que opera las
tropas desde el punto de vista teórico operacional”.
Pero se ha intentado pasar la ejecución como un homicidio doloso o un delito
administrativo de los soldados que dispararon. La versión oficial es que no fue
una ejecución. “Desde que vi las fotos de Tlatlaya dije: este es un
fusilamiento; así de fácil. Porque yo he estado con la tropa en operaciones de
orden interno".
“La responsabilidad directa la tiene el titular de la SEDENA, el general
Salvador Cienfuegos. Luego nos bajamos al comandante de la zona, al jefe del
Estado Mayor de la zona, al comandante del batallón, al comandante de la
compañía y (después a) quienes dispararon.
“Pero ¿quién apoya esta política de militares con funciones de policía?: el
presidente de la República. Decidir que el ejército siga desempeñando funciones
de policía en la calle es dominio del hecho. Si procesan a los soldados que
dispararon en Tlatlaya por infracción de deberes militares y no por ejecuciones
extrajudiciales, cambia todo.”
Ellos, dice, “están siendo juzgados por infracciones en el servicio público
en sus funciones como militares. ¿Qué son actos del servicio? Son aquellos que
desempeña un militar que tenga relación con la disciplina castrense. Nada más.
Y la matanza de Tlatlaya no tiene relación con la disciplina, porque están
desempeñando funciones de policía. Lo que está haciendo el gobierno de Peña
Nieto es encubrir ese crimen”.
Para Gallardo, la responsabilidad se remonta directamente al titular de la
SEDENA: “¿Y él cómo para el escándalo? — se pregunta—. La PGR ya intervino.
Hubo una negociación con el Alto Mando militar. El secretario de la Defensa
nunca va a permitir que le ocupen sus funciones como administrador de la
justicia. Entonces el militar dijo: ‘A ver, vamos a hacer un trato; releva a
los comandantes, detén a siete gentes, a un oficial. De todos ellos vamos a
procesar a tres’.
“Y luego, a esos tres, les dicen: ‘¿Saben qué? Tranquilos, dejen que se
calmen todas las aguas y después les damos la mano’. Y le llaman ‘lealtad a la
institución’; espíritu de cuerpo mal interpretado. Esto es complicidad con el
crimen. Apuesto lo que sea que este delito va a quedar impune.”
Los deberes del ejército
En los países democráticos los cuerpos castrenses no cumplen con asuntos de
orden interno, pues éstos recaen en los cuerpos de seguridad civiles.
Según el artículo 89 de la Constitución mexicana, el presidente de la
República tiene la facultad de utilizar la máxima fuerza del Estado para
seguridad interior o la seguridad nacional; es decir, a las tres fuerzas armadas.
No obstante, otros artículos indican que compete al Senado de la República
declarar el Estado de excepción, un documento político-jurídico que permite al
Poder Legislativo regular el manejo de las fuerzas armadas en los asuntos de
orden interno.
“Ese documento nunca se firmó formalmente —según Gallardo—, pero en México
el Estado de excepción es de facto. Y ahí vienen las broncas. Si es de
facto, no hay controles. ¿A quién le rinde cuentas el ejército? ¡A nadie!
La Sedena no se puede autorregular.”
La función del ejército en todos los Estados democráticos es defender la
integridad territorial y la soberanía nacional, concluye Gallardo:
“En un Estado democrático las armas no apuntan hacia dentro, apuntan hacia
fuera. Simón Bolívar dijo que un soldado que apunta sus armas a su pueblo es un
soldado maldito. ¿Por qué en México el ejército realiza funciones de policía?
La función de policía es de carácter administrativo y compete exclusivamente a
la autoridad civil. El ejército está afuera porque la autoridad civil ha sido
negligente. La justificación es que ‘la policía es corrupta e inoperante".
“Y yo digo: también el ejército es corrupto e inoperante. Y más ahora. El
asunto de carácter estratégico es que ahora no tenemos ejército; no existe.
Tenemos a una policía militar. Las tropas están subordinadas a las políticas de
seguridad de Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida”.
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Fuente: http://www.revistavariopinto.com/nota.php?id=601#.VL74UyyrE8t
