Claves para entender la
violencia de 2014
Por Ronna Rísquez
Fecha:
02/01/2015
La investigación del Observatorio Venezolano de Violencia no solo reveló que
en Venezuela ocurrieron 24.980 homicidios en 2014. El estudio sorprendió con
algunos hallazgos: únicamente los pobres extremos están libres de secuestro, ya
no queda en el país un pueblito donde se pueda dormir con la puerta abierta, la
gente trabajadora ahora se rebusca delinquiendo, ni lo chavistas creen que
Nicolás Maduro pueda resolver el problema de la inseguridad y “las condiciones
económicas y la pobreza no son las causas de la delincuencia”
Ronna Rísquez
@ronnarisquez
Mientras evaluaban la situación de violencia que asfixia al país,
investigadores de siete universidades identificaron algunas tendencias
significativas y preocupantes para muchos. Roberto Briceño León, sociólogo y
líder del OVV, explicó algunas mutaciones y nuevas modalidades de delitos que
debutaron en 2014, y además plantea debates sobre algunos mitos como la
vinculación entre la agudización de la violencia del venezolano, la crisis
económica y la escasez.
1. Expansión del delitos hacia pueblos antes apacibles
En Venezuela ya no queda un pueblo seguro, de esos donde la gente dormía con
la puerta de la casa abierta. Esos cuentos ahora sí son historia. “Básicamente
se observa que en ciudades medianas y pequeñas como Río Caribe y Cumanacoa, por
ejemplo, se está registrando una actividad delictiva similar a la que ocurría
en Cumaná. Igual ocurre en Lara, el delito ya no se concentra en Barquisimeto
sino que ahora se ha expandido hacia Sanare y Quibor. Sucede lo mismo en
Miranda, la inseguridad no es solo en la Gran Caracas sino que pueblos como
Caucagua son azotados por la criminalidad”, explicó Briceño León.
Sobran víctimas y hechos para ilustrar sus ejemplos. El domingo 20 julio fue
asesinado el alcalde de Río Caribe, Enrique Franceschi. La semana pasada fue
herido de bala el alcalde de Cumanacoa, Jesús Aníbal Velásquez. El móvil de
ambos hechos fue el robo, según versiones oficiales.
Adicionalmente el pasado viernes 26 de diciembre decenas de temporadistas
fueron víctimas de un asalto colectivo en la tranquila y hermosa playa de
Arapito (en la frontera entre Sucre y Anzoátegui). Un grupo de siete hombres
con fusiles AR-15, que llegó en un peñero, despojó a los turistas de todas sus
pertenencias.
Otra manifestación de esta novedosa realidad la viven a diario los moradores
y visitantes de los pueblos que están en la frontera de Aragua y Guárico. Allí
opera una poderosa organización delictiva, liderada por José Antonio Tovar
Colina, alías “El Picure”. En noviembre de este año ese grupo protagonizó la
matanza de 11 personas en la finca San Juan de Dios, en la localidad de El
Sombrero. Extorsiones, secuestro de vehículos, cobro de vacuna y robo de
camiones son algunos de los delitos a los que se dedica esta banda.
“La propensión general observada por los distintos equipos de investigación
es hacia la expansión del delito violento en todo el territorio nacional. Zonas
que hasta hace poco tiempo eran seguras, se han convertido en territorio de las
bandas armadas que agreden y extorsionan a sus habitantes”, señala el informe
de la OVV.
2. El delito como rebusque
“Se trata del rebusque del individuo que puede tener un trabajo y que en
medio del trabajo puede cometer un delito. Un motorizado que trabaja de 9:00 am
a 5:00 pm, que en su ruta al trabajo le roba el celular a una mujer y luego
sigue a su trabajo. Ese no es un delincuente profesional pero comete delitos.
La gente que entra a los supermercados y tiendas y va sacando mercancía. Eso
empieza a existir de una manera más generalizadas: delitos cometidos por no
delincuentes. Estas acciones se ampara en la gran impunidad”, señaló el
especialista.
Los investigadores tienen su visión del asunto. “No creemos que las
condiciones económicas y la pobreza sean la causa de la delincuencia. Este país
ha tenido una gran bonanza económica y la criminalidad no ha dejado de crecer.
El problema aquí son las políticas públicas equivocadas, el quiebre de la
normativa y la impunidad. Eso es lo que explica para nosotros el incremento de
la violencia”, aseguró con convicción Roberto Briceño León.
El contrabando (bachaqueo) y la reventa de productos regulados son otras
actividades al margen de la ley que cada vez ganan más adeptos entre los
venezolanos que pertenecen al mercado laboral formal.
En el Zulia, los taxistas han dejado sus trabajos para vivir de la venta de
gasolina en la frontera, mientras que las domésticas dejaron ir a trabajar
porque ganan más haciendo colas para las mafias de bachaqueros que negocian
productos regulados.
3. El secuestro para todos
“Históricamente es un delito que había afectado a los sectores de más altos
ingresos y allí se siguen cometiendo. Sin embargo se ha generalizado el
secuestro donde las víctimas son de la clase media y la clase trabajadora. Los
únicos que no son víctimas del secuestro son las personas que están en pobreza
extrema. Hay casos de mototaxista que tienen que vender la moto para pagar el
rescate por algún familiar. Lo que se puede ver en las encuestas de
victimización es que en la mitad de los secuestro las víctimas son gente de la
clase D”, indicó el sociólogo Briceño León, quien agregó que la mayoría son
plagios express y que los delincuentes esperan recibir el recate en efectivo.
Hacia esa nueva práctica delictiva han migrado asaltantes de quintas y
ladrones de banco. El delito es rentable y con una alta tasa de impunidad.
Aunque la política tácita en los cuerpos de seguridad es: “muerte a los
secuestradores”. Algunas ONG comienzan a documentar la ejecución generalizada
de plagiarios cuando son cercados por la policía.
En 2014 ocurrió un presunto secuestro que marcó una diferencia con respecto
a los plagios habituales. La periodistas Nairobi Pinto, vinculada a la líder de
un movimiento político de oposición Gaby Arellano, estuvo desaparecida durante
más de una semana. Aunque el hecho se manejó y fue denunciado como un
secuestro, los supuestos plagiarios nunca exigieron pago de rescate ni hicieron
contacto con los familiares de la víctima. Sin ninguna negociación la joven fue
liberada. Se manejó la tesis del plagio por motivaciones políticas.
4. Policías que buscan “justicia” y aplican pena de muerte
“El año que concluyó ha visto también un incremento en el asesinato de
funcionarios policiales… Hay una desmoralización cada día mayor en los cuerpos
policiales, quienes además de ser victimizados se sienten sin autoridad y sin
apoyo. Hay un abandono de la carrera policial por muchos funcionarios honestos
quienes opinan que no tienen ni la remuneración ni el respeto que su profesión
merece”, dice el estudio.
Las autoridades calculan que la menos 250 murieron a manos del hampa en todo
el país el año pasado. En Caracas durante el 2014 fueron asesinados más de dos
policías por semana, 132 en total. La mayoría de estos casos permanecen
impunes, lo que genera impotencia y resentimiento en el grupo afectado.
“La respuesta de los funcionarios policiales que han visto fallecer a sus
compañeros ha sido igualmente violenta. Muchos policías tampoco creen en la
justicia de los tribunales y han decidido tomar justicia por mano propia. Todo
lo cual ha redundado en un ambiente de mayor violencia y agresividad en el país
muy marcado y fuerte. Lo que termina ocurriendo es que esos policías están
matando a quienes los matan”, indicó Briceño León.
Según el experto esto se convirtió en círculo donde la pena de muerte parece
ser la fórmula para dirimir todo. Los delincuentes matan a los policías para
robarle las armas y las motos, y porque son policías. Y los policías matan a
los delincuentes porque son delincuentes y no confían en el sistema de
justicia.
Esto además deriva en un incremento en las ejecuciones extrajudiciales. “No
hay manera de detener eso porque no se cree en la justicia y la justicia lo que
hace es pacificar a la sociedad. En estos casos, se da una interacción de más
violencia. Los policías matan, los delincuentes matan y la sociedad se hace más
violenta”, agregó el experto.
Amparados también en la impunidad los policías aplican estas prácticas
violatorias de los Derechos Humanos, como el incidente ocurrido el pasado 7 de
octubre en el edificio Centro Manfredir Quinta Crespo. Allí fueron
presuntamente ajusticiados 5 miembros del Frente 5 de Marzo durante un
procedimiento realizado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas. Entre los argumentos ofrecidos por el
director del CICPC, comisarios José Sierralta, para explicar la acción destaca
que las 5 personas fallecidas (entre ellas José Miguel Odremán, líder del grupo
cercano al gobierno revolucionario) estaban involucradas en una serie de
homicidios. Una de las víctimas de estos presuntos crímenes cometidos por el
colectivo fue Francisco Antonio Viloria, funcionario de la Policía Nacional
Bolivariana, asesinado en Cotiza el 9 de enero de 2014.
Pese a que la acción generó una fuerte presión de estos grupos, denominados
colectivos y el Ministerio Público emitió órdenes de captura para 8
funcionarios del CICPC, el caso sigue impune. Los policías lograron evadirse.
Solo el ministro de Relaciones Interiores, Miguel Rodríguez Torres, pagó con su
cargo por el exceso cometido.
5. Privatización de la seguridad y de la justicia
“Es la expansión también peligrosa de grupos armados que se sienten con
autoridad para aplicar la ley. Es como si en tu vecindario contrataras a un
grupo de gente para cumplir funciones de seguridad ciudadana, en lugar de la
policía. Ese es un proceso incivilizado. Para nosotros eso es la privatización
de las seguridad y es contrario al estado de derecho y al proceso
civilizatorio”, explicó Roberto Briceño, refiriéndose, sin nombrarlos, a los
colectivos armados que en teoría defienden la revolución bolivariana.
“Muchos han limpiado la venta de drogas de sus barrios, pero luego se
encargan ellos del negocio de la droga. Esto es una irregularidad. El gobierno
es quien debe tener el monopolio de las armas y no grupos privados”, apuntó.
Incluso en las declaraciones de algunos miembros del Frente 5 de Marzo queda
claro que el enfrentamiento entre este colectivo y el CICPC está relacionado
con una disputa por el tráfico de drogas. Según explicó uno de los líderes de
esta organización, funcionarios del CICPC protegían a un traficante del barrio
José Gregorio Hernández de Cotiza, que ellos obligaron a salir del lugar.
Por ejemplo, estos grupos colaboraron con las autoridades en el desalojo de
la Torre de David y el Centro Comercial Sambil de la Candelaria, que habían
sido tomados por invasores y damnificados.
“La presencia de grupos que hacen ostensivo su carácter armado, retando el
monopolio de la fuerza y de las armas del Estado, ha tenido durante este año un
efecto en la sociedad mucho mayor que el restringido a sus zonas de actividad.
Sus amenazas a los funcionarios y la destitución de las autoridades que
intentaron aplicarles la ley, enviaron un mensaje profundamente negativo al
país”, refiere la investigación del OVV.
6. Ni los chavistas creen que Nicolás Maduro pueda frenar la
inseguridad
“Más de 90% de la gente no confía en la capacidad del gobierno de responder
al problema de la inseguridad y de controlar el delito. Con Hugo Chávez la
gente pensaba que él no era responsable de la inseguridad y que sí podía
resolver el problema. Ahora aproximadamente 90% de los consultados piensan que
Maduro no puede combatir la delincuencia, esto incluye a un grueso importante
del chavismo que no confía en la capacidad del Presidente para atender esta
materia”.
Lo que en algún momento los líderes del gobierno calificaron como una
“sensación de inseguridad” tiene cada vez más víctimas y casos concretos. En
2014 ocurrieron 24.980 asesinatos, con una tasa de 82 homicidios por cada
100.000 habitantes y Venezuela se ubicó como el segundo país del mundo con más
homicidios, según un ranking de la Organización Mundial de la Salud.
En la lista de víctimas están los nombres de una ex Miss Venezuela, un
alcalde, un concejal y un diputado del oficialismo.
El año pasado arrancó con el asesinato de la ex miss Venezuela, Mónica
Spear. La joven actriz fue atacada por delincuentes armados el 6 de enero,
cuando viajaba por una carretera del estado Carabobo junto a su esposo Tomás
Berry y su hija Maya. Ella y su pareja murieron al recibir varias heridas de
bala, mientras que la niña sobrevivió.
En 26 de abril fue asesinado Eliécer Otaiza, presidente del Concejo
Municipal de Libertador y dirigente del oficialismo. El también ex director de
la DISIP recibió cuatro disparos y su cuerpo fue encontrado en Turgua,
municipio El Hatillo. Presuntamente fue sometido por delincuentes, la mayoría
adolescentes, que lo mataron para robarle el vehículo y sus pertenencias.
El 1ro de octubre fueron localizados en su residencia de La Pastora, los
cadáveres del diputado del PSUV, Robert Serra y su asistente María Herrera.
Ambos fueron asesinados con armas blancas y amarrados y amordazados con tirro.
Los presuntos homicidas se llevaron del lugar armas y dinero en efectivo.
Aunque el Gobierno insistió en demostrar que se trataba de un crimen por
encargo planificado por paramilitares colombianos y el ex presidente Alvaro
Uribe. Pero hasta la fecha no hay ningún elemento que permita demostrar esta
tesis. Hay 11 personas detenidas, entre ellas uno de los escoltas del
parlamentario que era funcionario de la Policía de Caracas. Versiones
policiales indican que móvil del crimen fue el robo.
A esta lista de personalidades víctimas del hampa se sumó recientemente el
ex jugador de la NBA, Carl Herrera, quien fue herido de bala por asaltantes que
lo despojaron de sus prendas. El incidente ocurrió el sábado 20 de diciembre en
un restaurante en la vía de Playa El Agua, en la isla de Margarita. El primer
NBA venezolano (solo hay tres) se recupera de la lesión ocasionada por el
proyectil.
7. La que hay que cambiar
El mensaje. “Para nosotros hay que enviar mensajes, y
cambiar los mensajes. No es lo mismo ser un delincuente que un trabajador
honesto, no es lo mismo quien cumple la ley que quien la infringe y eso es algo
que hay que reforzar en la gente”, explicó Roberto Briceño León.
Más policías. “Es necesario aumentar la protección de las
personas. Combinar la labor de las policías y la seguridad privada para la
gente, no solo para las personalidades, como escuche que pretenden hacer”,
apuntó.
Aplicar la ley. “Es necesario disminuir la impunidad y
aumentar el castigo. Hacer cumplir la ley. No se gana nada aumentado la
severidad de las penas, se gana aumentando la severidad de la ley”, recomendó
el experto.
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Fuente: http://runrun.es/nacional/venezuela-2/178624/claves-para-entender-la-violencia-de-2014.html
