3.000 víctimas anuales
de trata de personas en Ecuador
SITUACIÓN. Este delito es una de
las más fuertes formas de maltrato. |
La Policía calcula que cada año
cerca de 3.000 personas son víctimas del delito de trata de personas en
Ecuador. De ellas, alrededor del 60% lo componen mujeres.
Este delito fue incluido el
miércoles por las autoridades gubernamentales de seguridad dentro de los cinco
principales problemas de violencia que existen en la frontera norte, donde la
situación se acentúa.
El Gobierno intenta delinear
estrategias para evitar este ilícito a través del control de pasos fronterizos,
puertos y aeropuertos del país, y en la frontera con Colombia (Sucumbíos,
Carchi y Esmeraldas).
Por lo pronto, según funcionarios
del Ministerio de Seguridad, las modificaciones que se implementaron hace casi
dos años en la Dirección Nacional de Migración y que hoy está a cargo de
personal civil, en reemplazo de personal policial, posibilitará un mayor
control.
Los profesionales que laboran en
estas dependencias están obligados a conocer sobre la Ley de Migración y
reciben permanente capacitación acerca de medidas de seguridad del pasaporte y
se entrenan para detectar un documento falso, conocer el perfil del pasajero o
identificar marcas de agua.
“Generalmente, quienes se dedican
a la trata de personas son expertos en adulterar el documento para el traslado
ilegal, por lo que el control de ingreso y salida de personas conlleva una alta
responsabilidad”, comentaron funcionarios de esta Secretaría.
Análisis y recomendaciones
Sin embargo, el experto en
seguridad Pablo Moreno advierte que el control del tráfico de personas va más
allá de qué tipo de personal esté a cargo. “Sea civil o uniformado, el problema
es conocer qué tipo de información tiene a su cargo y cuál es el control que
ejercerá para evitar este delito”, aclara.
En todo caso, este especialista
exhorta a la población a “desconfiar”, por ejemplo, de “ofrecimientos de
trabajo” sin el debido sustento.
Esta es una de las formas que utilizan
las redes delictivas para “vulnerar” a las personas. Y planteó la necesidad de
que el Gobierno reactive el pasado judicial. El 17 de diciembre de 2012, el
Gobierno suspendió el requisito de presentar el documento del pasado judicial a
los colombianos que quieran ingresar a nuestro país. (SC)
Duplicarán cámaras en la frontera
Hasta fines de agosto, el 911
tiene previsto instalar 246 cámaras de videovigilancia en Sucumbíos, Carchi y
Esmeraldas. Actualmente, en las tres provincias se han ubicado 220 equipos.
En San Lorenzo y Palma Real
(Esmeraldas) están en funcionamiento 14 cámaras en el centro de la ciudad, en
el muelle, en el puente sobre el río San Miguel y en pasos ilegales
fronterizos, y hasta agosto se colocarán 40 nuevas. En Esmeraldas 150 y en
Carchi 50.
César Navas, director general del
911, dice que, tras la instalación de los equipos, se han puesto un plazo de
seis meses para evaluar la tasa de reducción de delitos como asesinato, robos y
tráfico. “Esperamos que haya una disminución de los delitos en frontera”,
agrega.
Cifras
De esta realidad
32
millones de dólares le cuesta al
Estado la construcción de una central 911 en la frontera y la colocación de las
cámaras.
2
años se cumplirán en diciembre
desde que el Gobierno eliminó el requisito del pasado judicial para los
colombianos.
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Fuente: http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101698598/-1/3.000_v%C3%ADctimas_anuales_de_trata_de_personas_en_Ecuador.html#.U8M43UBCz8Y
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