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jueves, 26 de mayo de 2016

México: Radiografía de las autodefensas



Una radiografía de las autodefensas

POR DAVID ESPINO ,  26 MAYO, 2016

El fenómeno de las guardias comunitarias no empezó en Michoacán, sino en Guerrero. Durante tres años, David Espino reporteó las autodefensas en ese estado, y en su libro Aunque perdamos la vida. Viaje al corazón de las autodefensas esclarece algunas de las razones que les dieron origen, da cuenta de sus conflictos y aclara su auge y declive. Reproducimos aquí un fragmento de la obra, que subraya un riesgo: las injusticias y violencias que dieron origen a las guardias se mantienen vivas y más crueles que nunca. El latigazo de Ayotzinapa no modificó la iniquidad.


“Aunque perdamos la vida. Viaje al corazón de las autodefensas”, nuevo libro de David Espino. 

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Antes del 26 de septiembre de 2014, el día en que 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecieron a manos de supuestos pistoleros del grupo criminal Guerreros Unidos en Iguala, coludidos con policías municipales, en este estado los desaparecidos por el narco eran casos de todos los días que nadie volteaba a ver. Desde que en mayo de 2010 se localizó en Taxco una mina abandonada con 54 cadáveres –cuyo rescate duró más de una semana– hasta las narcofosas descubiertas en 2013 y 2014 en Zumpango, Acapulco e Iguala, los hallazgos no pararon.
Hice un reportaje para la revista Esquire sobre esta atrocidad. Antes, en julio de 2014 lo había enviado a otro medio nacional que no le dio mucha importancia. Esquire aceptó publicarlo cuando el caso de los normalistas desaparecidos ya era noticia internacional. ¿Por qué a nadie le interesó antes lo que estaba pasando en Guerrero? ¿Por qué nadie volteó a ver los cientos de desaparecidos, no en pueblos perdidos, sino en lugares tan conocidos como Taxco, Acapulco, Chilpancingo? ¿Por qué se creyeron el discurso del Estado de que todas las víctimas tenían algo que ver con el narco?
Mientras seguía el caso de una chica de 15 años que había desaparecido en Zumpango en diciembre de 2013, conocí a Leonid Arreaga Martínez, el antropólogo forense que la halló seis meses después en una fosa clandestina junto con otras 13 personas. Leonid, único en su tipo en Guerrero, empleado del Servicio Médico Forense, me hizo entender muchas cosas. Me dijo que el estado estaba plagado de fosas que seguramente nunca descubrirían porque no tenían cómo hacerlo. Recuerdo que le planteé usar una especie de escáner para monitorear el suelo en los focos rojos y con altos índices de asesinatos. Su respuesta fue una sonrisa de conmiseración hacia mí, y comprendí que eso jamás ocurriría. Y no ocurrió a pesar de que los familiares de otros desaparecidos, es decir, los ajenos al caso de los 43 normalistas, pidieron a la Procuraduría General de la República que usaran todos los medios disponibles para localizarlos.

Tuvieron que emprender ellos mismos la búsqueda y escarbar con sus uñas la tierra donde fueron hallando de a poco otros cientos más. Con Leonid y un colega suyo, el odontólogo forense Emilio Gregorio Ayala, contamos 197 desaparecidos de enero a agosto de 2014, y cuando le sumamos los 43 normalistas de Ayotzinapa dieron 240. Una cifra espeluznante que nadie quiso ver hasta después de que el daño fue mucho mayor e irreversible: el monstruo creció alimentado de tantos cadáveres que cuando se le quiso parar fue imposible.
Quiero decir, nadie de afuera del estado había reconocido el tamaño del crimen que se estaba cometiendo en Guerrero, porque acá adentro un puñado de hombres y mujeres ya se había armado en sus pueblos y comunidades para enfrentar con sus medios y sus armas a narcotraficantes y extorsionadores, los cuales, amparados por el Cártel de los Beltrán Leyva, asolaban lo mismo ciudades que rancherías.
En junio de 2012, en Huamuxtitlán, región de la Montaña de Guerrero, surgió la primera autodefensa armada, antes incluso que en Michoacán, sólo que con una diferencia: acá las armas no pasaban de escopetas y pistolas de bajo calibre, mientras que en Michoacán, aunque el fenómeno emergió más tarde, los cuernos de chivo llamaron la atención de inmediato para las fotos de los titulares de los grandes diarios nacionales e internacionales.
El alzamiento de Huamuxtitlán fue visto por muchos medios sólo como una turba embravecida que rescató a unos secuestrados de un grupo que saqueaba la región y que casi linchó al alcalde sustituto en la plaza central. Pero fue más que eso. No fue el embrión, porque el embrión de la Policía Comunitaria fue el nacimiento de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en noviembre de 1995, pero sí representó el inicio de una autodefensa más frontal contra un enemigo visible: el narco. Fue una declaratoria de guerra que la población lanzó contra un adversario inmenso e imbatible, cuando las cifras alcanzaban ya 10 mil asesinatos violentos en Guerrero (según datos forenses, los homicidios se incrementaron 315% de 2004 a 2013).
En octubre de 2012, a Huamuxtitlán le siguió Olinalá, que tuvo mayor relevancia. A mediados de agosto de 2013, su comandanta Nestora Salgado García cobró notoriedad a partir de que la autodefensa que dirigía detuvo al síndico procurador del municipio, Armando Patrón Jiménez.
La comandanta había arrestado al síndico en Huamuxtitlán luego del asesinato de dos ganaderos en una carretera rural que conduce al municipio vecino de Cualac. Nestora tomó la decisión cuando se supo que después del atentado a los ganaderos había un sobreviviente desaparecido. La autodefensa fue en su búsqueda y llegó hasta Huamuxtitlán. En el sitio ya se encontraba Patrón Jiménez, quien había ido a recoger una camioneta en la que viajaban los ganaderos y transportaban una res. Nestora le reclamó que debería estar dirigiendo la búsqueda del sobreviviente de la matanza. El síndico no supo cómo explicar su presencia en el lugar. La autodefensa lo detuvo. El alcalde de Olinalá, Eusebio González Rodríguez, entendió el acto como una provocación y ensanchó sus desavenencias con Nestora.
Se trataba de una lucha de poder. Las diferencias surgieron porque los narcos se paseaban por el pueblo sin que la Policía Municipal –que obedecía a Eusebio González– moviera un dedo. El propio González, que había asumido la presidencia municipal apenas un mes antes, fue denunciado de ser beneficiario de esa situación. La detención del síndico fue el error que el gobierno municipal buscaba que cometiera Nestora. El hecho se convertiría en la mejor coartada del gobierno para aprehenderla.
El 2 de diciembre de 2012, Telamacatzingo, pueblo perteneciente al municipio de Olinalá, siguió los pasos de la cabecera con otra mujer al frente: esta vez se trataba de la indígena nahua y profesora bilingüe Citlali Pérez Vázquez.
El 5 de enero de 2013, Ayutla de los Libres se sumó a los levantamientos, encabezado por otro indígena: el na’savi Bruno Plácido Valerio, tal vez de los dirigentes más sobresalientes junto con Nestora Salgado, pero con radicales diferencias en su forma de conducir las autodefensas. Mientras Nestora se confrontó con el gobierno del estado, de quien en un principio recibió sólo una pick up, Bruno se hizo su aliado, aceptó cualquier cantidad de prebendas, desde playeras y radios para sus efectivos hasta una camioneta blindada en la que se transportaba; además, hizo de la residencia oficial del gobernador una casa donde entraba y salía sin mayores complicaciones.
De Ayutla de los Libres, Bruno y sus hombres saltaron 10 días después a Tecoanapa. Y ocho días más tarde, el 18 de enero de 2013, surgió en Iguala otra autodefensa, esporádica, sin mayores efectos ni dirigentes visibles. Para entonces, José Luis Abarca Velázquez ya era alcalde de ese municipio. Los sucesos violentos avanzaban con rapidez. El 8 de marzo de ese año, el síndico Justino Carvajal Salgado fue asesinado a unos pasos del ayuntamiento. En mayo, Arturo Hernández Cardona, dirigente de Unidad Popular, una organización de colonos y campesinos, fue desaparecido junto con otros siete integrantes. Tres, incluyendo a Arturo, aparecieron asesinados cuatro días después. De inmediato, las células sociales que conformaban Unidad Popular responsabilizaron al alcalde Abarca, quien posteriormente sería preso junto con su esposa, inmersos ambos en la trama que envuelve la desaparición de los 43 normalistas. No se sabía del todo por qué en Iguala no había surgido con fuerza alguna autodefensa hasta que el municipio se descubrió como el reino de Guerreros Unidos.
En enero de 2013 surgieron cinco diferentes autodefensas en Guerrero. Además de la liderada por Bruno en Ayutla y la llamarada de Iguala, el 21 de enero se rebelaron en Tixtla, a media hora de la capital, Chilpancingo; el 26 de enero en Cuetzala, Tierra Caliente, un movimiento que no terminó de germinar hasta febrero de 2014. Y una más en El Mesón, Ayutla de los Libres.
La de Tixtla fue una autodefensa diferente, más confrontada con el gobierno municipal al que acusaban de estar coludido con los narcos del lugar. El liderazgo más visible fue el de Gonzalo Molina González, muy cercano al de Nestora Salgado y Arturo Campos Herrera, de El Paraíso, Ayutla.
¿Cómo se conformaron estos liderazgos en medio de una oleada de violencia que no respetaba a nadie? ¿De dónde sacaron valor esos hombres y esas mujeres para enfrentar, confrontar o al menos desafiar a una horda de nihilistas que como jinetes del apocalipsis sembraron y siguen sembrando el terror en Guerrero? Esta crónica busca hacer un retrato de las situaciones en las cuales el movimiento de autodefensas surgió, avanzó, creció y se extinguió al igual que sus dirigentes. De cómo el gobierno corrompió y tejió alianzas y de cómo encarceló a los que se mostraron renuentes.
Desde 2012, cuando emergieron en Huamuxtitlán, las autodefensas no han parado en Guerrero. No han parado porque los asesinatos, los hallazgos de fosas clandestinas, los desaparecidos, los secuestros y lo que se ha dado en llamar levantones no han dejado de ocurrir. La escalada de violencia no se ha detenido: no sólo en Acapulco –que fue desde 2005 el centro de la lucha entre el Cártel de Sinaloa, aliado en ese momento de los Beltrán Leyva, y el Cártel del Golfo–, sino en todo Guerrero. La cifra de muertes violentas va en aumento. Siempre en aumento. Y no es tremendismo.
La última autodefensa, surgida apenas el 11 de enero de 2016 en Teloloapan, región norte, es un eslabón más de todas las que se han manifestado a lo largo de las siete regiones de Guerrero en muy diversos municipios: El Mesón, Cualac, Coyuca de Benítez, Tierra Colorada, Teloloapan, Xaltianguis (Acapulco), Tecpan, Costa Grande y Atlixtac, Alpoyeca, Tlapa (centro económico de la Montaña), Chichihualco, Zumpango, Apaxtla. En enero de 2014 emergió una autodefensa donde el gobierno del estado se resistía a que surgiera: Chilpancingo, y aunque si bien no fue en la mera capital, sí en seis pueblos pertenecientes al municipio: Ocotito, Mazatlán, Dos Caminos, Buena Vista, Barrio Viejo y Mojoneras. La autodefensa tardó otro año para acercarse 15 minutos a Chilpancingo: en febrero de 2015, al final, llegaron a la comunidad de Petaquillas, en la zona conurbada de la capital.
Todas estas irrupciones se formaron por un patrón, el mismo por el que continúan apareciendo: la población no quiere más, se niega a vivir atemorizada. Ha habido heroísmo en más de uno, pero también muchos excesos. No han tardado en aparecer las diferencias que han terminado en masacres. La más cruenta fue Xolapa, un pueblo cercano a Xaltianguis, donde el 7 de junio de 2015 dos grupos primero aliados y luego contrarios de la autodefensa se enfrentaron a balazos y hubo 16 asesinados. La explicación de uno de los comandantes, Salvador Alanís Trujillo, fue que se había tratado de una pelea por el control del territorio. Bruno Plácido, en cambio, ha dicho que al final la autodefensa terminó por ser infiltrada por el narco y minada desde adentro.
El fenómeno de las autodefensas en un estado con 3 millones de habitantes, 500 mil de los cuales son indígenas empobrecidos, sigue tan vigente como desde el principio; por lo menos los motivos por los cuales se hizo presente. Al menos las razones por las que inicié esta crónica reporteada durante tres años. Desde Huamuxtitlán hasta Teloloapan, y desde Teloloapan hasta Tecpan, he contado 81 municipios donde grupos armados han desafiado al crimen organizado.
A pesar de todo, el narcotráfico sigue inamovible e imbatible: controla la ciudad más grande y más poblada, Acapulco, y el pueblo más recóndito y pobre, Zitlala; ha causado miles de muertes y ha desplazado a cientos de personas, imponiendo así la ley de la selva, donde el Estado es débil o de plano inexistente. Sin embargo, ese vacío lo han llenado también hombres y mujeres que siguen creyendo en la armonía como norma y en la paz como sistema. Que si tuvieron que tomar las armas, que si siguen tomando las armas, ha sido para desarmar a los otros. Aunque en el intento pierdan la vida.
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Fuente: http://www.proceso.com.mx/441763/una-radiografia-las-autodefensas   

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no. Aunque 

sábado, 12 de septiembre de 2015

Ayotzinapa: La tragedia de Iguala, las 10 mentiras de Peña Nieto



La tragedia de Iguala, las 10 mentiras de Peña Nieto

 

Por Jenaro Villamil


El informe de los expertos del Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constituyó no un “elemento más” en la investigación sobre la tragedia de Iguala sino el golpe central a una operación política, jurídica y policiaca para darle “carpetazo” a uno de los expedientes de desaparición forzada más escalofriantes de los últimos años.

La persistencia de los familiares, abogados y sobrevivientes de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, así como una movilización intensa de la opinión pública en contra de la malograda “verdad histórica” que intentó plantar el gobierno de Enrique Peña Nieto explican la dimensión nacional e internacional que ha cobrado este informe del pasado 6 de septiembre.

Ya está en marcha una contraofensiva mediática del gobierno de Peña Nieto para desestimar este informe. Como la “verdad histórica”, la “respuesta histérica” de los medios y columnistas afines a la línea gubernamental sólo agravan la herida que ha producido este caso.

De manera contundente este informe devela, al menos, 10 mentiras en torno al manejo del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa:

1.- La Incineración en Cocula.-“Con base en estas evidencias, el GIEI descarta las declaraciones de la cremación en Cocula como veraces”. Esta frase, respaldada en las investigaciones de 6 meses, en los peritajes y en la evaluación de las evidencias prácticamente hechó por tierra el thriller relatado por Jesús Murillo Karam en su fatídica conferencia de prensa del viernes 7 de noviembre de 2014.

Murillo Karam reiteró el 27 de enero de 2015 que, a partir de las 386 declaraciones, “ésta es la verdad histórica: los normalistas fueron calcinados, están muertos”.

No le corresponde al GIEI decir qué fue lo que sucedió sino recomendar una investigación más apegada a la realidad, al sentido común y a las evidencias.

2.- El “Carpetazo”.-Los expertos del GIEI insistieron en todo su informe que al no existir certezas sobre la incineración de los 43 normalistas y graves contradicciones sobre los responsables materiales e intelectuales, así como el móvil del ataque a los normalistas, no se puede dar “carpetazo” a un expediente abierto.

Ahora, el gobierno de Enrique Peña Nieto y la PGR han insistido que el caso sigue abierto, pero olvidan mencionar que durante más de siete meses el propio primer mandatario le ha insistido al país y a los familiares de las víctimas que “superen” y acepten lo sucedido.

3.- La No Protección de los Normalistas.-No se trató de un ataque fortuito, resultado del temor de las autoridades de Iguala de la irrupción de los normalistas en la fiesta de la “pareja imperial”. El informe del GIEI subraya que desde su salida de la Escuela Normal hasta su llegada a Iguala, los estudiantes de Ayotzinapa fueron vigilados y seguidos por el ejército, la Policía Federal, la policía estatal y elementos de la policía municipal.
 
4.- Sí hay evidencias de la participación del ejército.-En sus conferencias del 7 de noviembre de 2014 y del 27 de enero de este año, Murillo Karam insistió que “no hay ni una sola evidencia” de la participación del ejército en la tragedia de Iguala.

Ahora sabemos que sí hay evidencias de su participación en los escenarios de vigilancia, de persecución y de agresión a los normalistas. Quizá no sean los responsables de su desaparición, pero integrantes del 27 batallón de Iguala estuvieron enterados y hubo, al menos, omisión y negligencia.

5.- Sí hubo un quinto autobús.-Los normalistas y otros testigos mencionaron una y otra vez la existencia de un quinto autobús. La PGR y la procuraduría estatal negaron y destruyeron evidencias de la existencia de este autobús. La existencia de este autobús es clave para conocer no sólo el móvil sino la mecánica de los hechos.

Los expertos del GIEI han sugerido que este quinto autobús tuviera goma de opio. Guerrero produce el 60 por ciento de toda la goma de opio del país, esencial para la heroína. En 56 municipios del norte de Guerrero se siembra goma de opio. Es una industria que, según cálculos de la DEA, genera 1 mil millones de dólares anualmente.

6.- Ataque coordinado por “alguien”.-En el ataque a los normalistas estuvieron involucrados varios cuerpos de seguridad pública, coordinados desde el C4 por “alguien” de aspecto “atlético”, según algunos testimonios recuperados del expediente. La gran incógnita es quién es este personaje. La gran mentira es que no se trató de un ataque por confusión sino deliberadamente planeado.

7.- Evidencias desaparecidas.-Desde el 17 de agosto, los integrantes del GIEI advirtieron como “hecho grave” que las evidencias de ropa de los normalistas desaparecidos no se les haya comunicado a los familiares y señaló su preocupación por “la pérdida de pruebas del caso”. Entre ellas, “la existencia en su momento de una videograbación de la escena de la intervención policial que dio lugar a la desaparición de un grupo de normalistas en el escenario de la salida de Iguala, cerca del Palacio de Justicia”. Parece que tales evidencias fueron destruidas.

Estos hechos demuestran que no hubo rigor ni imparcialidad en las indagatorias realizadas por la procuraduría.

8.- Respeto a los Derechos Humanos.- En su tercer informe de gobierno, Enrique Peña Nieto mencionó en más de 200 ocasiones el término “derechos humanos” y presumió grandes avances de su administración en esta materia. Tan sólo el caso de los estudiantes de Ayotzinapa demuestra que las más graves violaciones se han cometido con la participación directa o con la franca omisión de las fuerzas armadas y policiales del país.

El GIEI ha confirmado que no se han atendido a los heridos y a los familiares de los jóvenes asesinados.

9.- Agresión y desaparición de los normalistas están conectadas.-En el relato de los sucesos, los expertos del GIEI destacan que no se deben desconectar ni desvincular los dos hechos claves de la larga noche de Iguala del 26 y 27 de septiembre: el de la agresión y el de la desaparición. Hay “enormes contradicciones” entre los peritajes y los testimonios. Además, definir el destino de 43 muchachos no pudo haber sido tan rápido como relató la “verdad histórica” de Murillo Karam.

10.- Investigación no concluida.-Las 20 recomendaciones del GIEI subrayan que no se puede dar por concluída y mucho menos cerrada la investigación de los 43 normalistas. La gran mentira estaba encubierta en una “exhaustiva” investigación que, ahora vemos, fue la construcción de una versión a modo que no encaja ni con la realidad, ni con el más elemental sentido común.

Regeneración, 10 de septiembre del 2015.
Artículo publicado en http://homozapping.com.mx/

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Fuente: http://regeneracion.mx/opinion/la-tragedia-de-iguala-las-10-mentiras-de-pena-por-jenaro-villamil/

lunes, 7 de septiembre de 2015

INFORME AYOTZINAPA (GIEI, 2015)


INFORME AYOTZINAPA 
(GIEI, 2015)


    El siguiente documento, presentado este domingo por los 5 expertos de la CIDH, contiene recomendaciones al Estado mexicano sobre la investigación del caso Ayotzinapa, además de que refuta la “verdad histórica” de los hechos del 26 y 27 de septiembre, que dio a conocer la PGR a inicios de este año, en relación con que los normalistas habían sido incinerados en el basurero de Cocula.

    Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa. Documento elaborado por el Grupo de Investigadores Expertos Independientes (GIEI), designados por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).
"Yo lo que puedo decir ahorita, donde quiera que esté mi hermano que tenga fuerza y que tenga la esperanza de que pronto lo vamos a encontrar. Y si regresa mi hermano con vida, seré muy feliz, con mi hijo, con mi esposa, toda mi familia. Lo agradeceré a Dios y a todas las personas que nos han apoyado. Aunque si perdió la vida, igual agradecerle a toda la gente. Pero debo ser positivo mientras no haya pruebas. Y aquí debo estar con los padres y luchar, encontrarlos".
     




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Más información: http://prensagieiayotzi.wix.com/giei-ayotzinapa


miércoles, 19 de agosto de 2015

Ayotzinapa, la mentira histórica al desnudo



Ayotzinapa, la mentira histórica al desnudo




Jenaro Villamil
18 de agosto de 2015
Análisis

MÉXICO, D.F. (apro).- El 27 de enero pasado Jesús Murillo Karam dio una de sus últimas y polémicas conferencias de prensa sobre los sucesos de Iguala y la situación de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Presumió la detención de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, y afirmó que tras 386 declaraciones “esta es la verdad histórica: los normalistas fueron calcinados, están muertos”.

Murillo Karam ya no está en la PGR, pero su “verdad histórica” sigue siendo tan cuestionada y desmantelada como en su momento lo fue su tenebroso relato del “holocausto” en Cocula, Guerrero, del 7 de noviembre anterior.

La pretensión de darle “carpetazo” a la desaparición de los 43 normalistas fue su misión como procurador, nunca la justicia y menos una investigación a la altura de la conmoción nacional e internacional generada por los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

El reciente avance del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH viene a ser una estocada no sólo a la “verdad histórica”, sino a las mentiras veladas y abiertas de Murillo Karam y de todos los integrantes del Estado mexicano involucrados en la investigación.

“No hay una sola evidencia” de la participación del Ejército en los sucesos de Iguala, sentenció aquel 27 de enero Murillo Karam. Ahora, este lunes 17 el GIEI fue contundente: existe una negativa sistemática del Estado mexicano para que los expertos independientes entrevisten a militares del 27 batallón de Iguala.

“El GIEI no entiende por qué ha podido entrevistar a víctimas, policías, inculpados, testigos y otros agentes del Estado y; sin embargo, en este caso es remitido a la vía penal… En nuestra respuesta remitida al Estado el 4 de agosto señalamos la urgencia de hacer las entrevistas y la disponibilidad de hacerlo del 10 al 14 de agosto, en nuestra última visita antes de presentar el informe”, subrayaron en el documento que está disponible en la página oficial del grupo de expertos.

La respuesta de la PGR a este grupo de cuatro expertos fue que formularan “por escrito” las “posiciones” que consideren formen parte de la diligencia ministerial y que, derivado de las características de esta indagatoria, “sólo estará presente la autoridad ministerial y quienes deban desahogar las posiciones que sean formuladas”.

El GIEI lamentó la respuesta y considera relevante poder entrevistar a los integrantes del 27 Batallón de Iguala, sin inculparlos o responsabilizarlos de nada.

No puede existir “verdad histórica” en tanto el Estado mexicano se cierre a la posibilidad de que los efectivos militares rindan cuentas de su papel –aun sea por omisión– en los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

El GIEI también aportó nuevas revelaciones que sacuden todas las certezas de la “verdad histórica”:
  1. - Se perdieron pruebas del caso. Lo más grave es la destrucción de una videograbación de la escena de la intervención policial que dio lugar a la desaparición de los 43 normalistas en la salida de Iguala, cerca del Palacio de Justicia. “Según testimonios proporcionados al Grupo, dichos videos existieron y fueron enviados a la presidencia del Tribunal. Sin embargo, parece que tales registros videográficos fueron destruidos”, advirtieron los especialistas en su informe preliminar. 
  2. -Nuevas evidencias de ropa de los normalistas desestimadas por la PGR. Esta falla es considerada “grave” por el GIEI, pues en la diligencia original del 27 de septiembre de 2014 se resguardó ropa de algunos de los normalistas desaparecidos. Esta situación no era conocida por familiares ni representantes legales y tampoco existía “un registro específico ni procesamiento de la misma”.                                              El GIEI ha pedido a la PGR que esta ropa fuera examinada por sus peritos y por los integrantes del Equipo de Argentino de Antropología Forense (EAAF), el primer organismo internacional que cuestionó abiertamente la “verdad histórica” de Murillo Karam. 
  3. -Necesidad de nuevas autopsias ante evidencias de “posibles artefactos o de caninos”. En el caso de Julio César Mondragón Fuentes, de Daniel Solís y Julio César Ramírez, los especialistas advierten que “no se evaluaron ciertas lesiones que aparecen en el informe original de la autopsia y en las fotografías proporcionadas”. En el caso de Mondragón se registraron “huellas en los huesos de la cara de posibles artefactos o de caninos que dejan señales características”.
Ninguna de las 386 declaraciones que Murillo Karam presumió como parte del expediente de 115 tomos mencionó la existencia de perros en el ataque a los normalistas ¿Por qué? ¿Quiénes utilizan perros para agredir a jóvenes?

Por esta razón, el GIEI solicitó que se haga una “segunda autopsia” al cuerpo de Julio César Mondragón. 

4-No se les reconoce como víctimas de desaparición forzada.- Ni a los heridos ni familiares de los normalistas, ni a las víctimas directas o indirectas del caso, se les han dado “medidas de atención y reparación integral”. El GIEI ha pedido a la CNDH que “realice recomendaciones para que todas las disposiciones de la ley de víctimas y el conjunto de los derechos de las víctimas cuenten con el necesario reconocimiento y soporte legal”.
 
En tanto la “verdad histórica” pretende dar carpetazo desde la célebre conferencia del 7 de noviembre del “Ya me cansé” de Murillo Karam, los análisis e informes de entidades ajenas al Estado mexicano reiteran que se trata de un caso de desapariciones forzadas que no ha sido indagado ni investigado como tal.

El informe preliminar del GIEI (el final se dará a conocer el 2 de septiembre próximo) constituye, quizá, el golpe más certero a la mentira histórica que el Estado mexicano pretende construir en torno a los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Peritos argentinos y CNDH
Antes de este documento, los peritos de la EAAF cuestionaron el 7 de febrero la “verdad histórica” de Murillo Karam con un informe muy detallado que resultó una clara denuncia a la manera de la PGR de colectar y resguardar evidencias.
Los peritos argentinos afirmaron que no estuvieron presentes en la recolección de evidencias en el basurero de Cocula entre el 27 de octubre y 6 de noviembre de 2014. Los peritos de la PGR recogieron evidencia consistente en 42 elementos balísticos, muestras de tierra y otros elementos no biológicos “sin haber avisado ni contar con la presencia de la EAAF”.

También señalaron la “ausencia de custodia en el basurero de Cocula”, entre el 7 y el 28 de noviembre anterior.

La EAAF encontró “fuerte evidencia sobre la existencia de múltiples focos de fuego en los últimos años en el basurero de Cocula”, por lo tanto, no es concluyente la tesis de la PGR de que fue “un solo evento de fuego” el que originó que calcinaran presuntamente a los normalistas.

El 24 de julio pasado en su Informe del Estado de la Investigación del Caso Iguala, la CNDH también señaló que se cometieron varias fallas y omisiones para aclarar los hechos. El organismo mexicano mencionó la “falta de pruebas”, pero no fue tan detallado ni explícito como los cuatro expertos del GIEI.

¿Qué hará ahora la procuradora Arely Gómez ante el desafío que plantean las observaciones y denuncias a la “verdad histórica” de Murillo Karam?

Si la orden de Enrique Peña Nieto es mantenerse en la tesis original de un holocausto cometido por sicarios del narcotráfico, coludidos solamente con policías municipales de Iguala, estaremos presenciando la mentira histórica más grave y más vergonzosa del Estado mexicano frente a la comunidad internacional.
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Fuente: http://www.proceso.com.mx/413220/2015/08/18/ayotzinapa-la-mentira-historica-al-desnudo

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martes, 16 de junio de 2015

Ayotzinapa: Incertidumbre, dudas y nuevas masacres en México




Dudas por todas partes… Ayotzinapa, Apatzingán

A más de 8 meses de la tragedia de Ayotzinapa, Guerrero, hay manifestaciones aquí y en el extranjero pidiendo lo fundamental: la aparición de los 43 estudiantes normalistas. Para Hilda Hernández Rivera, en Buenos Aires, Argentina, lo central son los jóvenes y no las tan impugnadas elecciones que vienen. Eso mismo dijo Carmen, la madre de Jorge Cruz, en un mitin ante el Hemiciclo a Juárez –pues los cuatro contingentes que iban al Zócalo capitalino el 26 de mayo pasado no pudieron llegar debido a que un cerco policiaco, supuestamente por la visita de Dilma Rousseff, la presidenta brasileña metida en problemas de corrupción.


por Jorge Meléndez Preciado
RED VOLTAIRE| 8 de junio de 2015


Y lejos de ir resolviendo problemas, la administración de Enrique Peña Nieto los complica. El 6 de enero, por ejemplo, asesinaron a 16 personas en Apatzingán, Michoacán. Según la investigación de Laura Castellanos, fue una masacre de los policías federales contra los pobladores. La citada maestra agregó, hace poco, que en el bárbaro acto participaron también miembros del Ejército. Lo que hace caer aún más el prestigio del que antes gozaban las Fuerzas Armadas y muestra a un régimen que utiliza a los soldados para todo.

Antes, supimos, en Tlatlaya, Estado de México (30 de junio de 2014), fueron acribillados 15 muchachos. Lo que en principio se afirmó fue un enfrentamiento con narcotraficantes, según Eruviel Ávila, gobernador del Estado de México, resultó una carnicería sin sentido. Tanto así que se realizaron investigaciones, se indemnizó a los familiares de las víctimas, pero no se tocó a la cúpula.

El viernes 22 de mayo, en Ecuandureo (Rancho de El Sol), Michoacán, hubo otro asunto no muy claro. En el lugar aparecieron 42 personas muertas y un policía que cayó en combate (versión oficial). Pero según fotografías y videos, se trata de una nueva matanza. Ello porque un helicóptero fue quien principalmente disparó ráfagas continuas, los cuerpos de varios caídos aparecieron sin ropa, mutilados, desdentados y en posiciones que les sería casi imposible disparar contra el enemigo.

Un reporte de Univisión, donde se incluye el testimonio de la mencionada Laura Castellanos, dice que puede tratarse de una ejecución tumultuaria.

Eso lo niegan, obviamente, el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, y el jefe de la Policía Federal, Enrique Galindo. Pero ya sabemos que la autoridad jamás acepta alguna recriminación, por mínima que sea.

Tan hay dudas al respecto, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió una investigación, la cual desea, aceptando los protocolos, que se realice lo más rápido posible. Al decir del alcalde de Tanhuato, Michoacán, Ignacio Cuevas Pérez, se trató más de “una matanza que [de un] operativo”.

En cada ocasión hay muestras de que el asunto va para largo, como ocurre en el caso de Ayotzinapa.

Las conclusiones de este problema, luego del octavo mes, están detenidas, ya que los expertos internacionales, aceptados y pagados por México, se encuentran a medias: han podido entrevistarse con los militares y con algunos que supuestamente están metidos en el problema, verbigracia, Angélica Pineda.

Ante un panorama que suma acciones contra los derechos humanos por parte de las llamadas Fuerzas del orden, hay más conflictos que se presentan.

El 25 de mayo pasado hubo un ataque en Aquila, Michoacán, que derivó en seis homicidios. Uno de los integrantes de las autodefensas, al que iban a tratar de liquidar, Semeí Verdía Zepeda, dijo que el clima en el estado es de gran virulencia.

El reportero Víctor Hugo Michel (Milenio, 26 de mayo) señala que el investigador Chris Kyle, de la Universidad de Birmingham, tiene datos precisos que en Chilapa, Guerrero, han sido asesinados 105 personas. Fuera de serie en una población con 122 mil habitantes. Dice Kyle: ello muestra que “el sistema judicial no funciona”. Algo evidente y que han reclamado los organismos internacionales atentos a que la ley se aplique.

Los empresarios, asimismo, insisten en que debe haber tranquilidad para sus inversiones. Pero en los últimos meses 1 mil 200 establecimientos han cerrado sus puertas en Guerrero debido a la violencia (Enrique Galván Ochoa, La Jornada, 25 de mayo de 2015).

En tanto, el clima de intranquilidad e inseguridad persiste, además de las malas noticias económicas que proporcionaron el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Enrique Peña Nieto no sólo recibe a mandatarios extranjeros, sino que se apresta a llevar a cabo otra gira internacional. Estará en Bruselas, Bélgica, el 10 y el 11 de junio, en la segunda cumbre entre los países de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos (Celac). Erogará del presupuesto cerca de 1 millón de pesos en el pago de 37 habitaciones del exclusivo hotel Sofitel Brusseles Europe (Marcos Appel, Proceso, edición 2012). La información confirmada es parte del trabajo de la alianza Mexicoleaks, que llevan a cabo organizaciones mexicanas como Las Periodistas de a Pie, lo que da un ejemplo de que sólo mediante la colaboración internacional se podrá verificar las 1 mil y una aventuras de los poderosos.

México parece un buque explosivo y sin rumbo.
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Publicado originalmente en:
Contralínea (México)
Fuente: http://www.voltairenet.org/article187844.html

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