Los trágicos recuerdos que nos dejó el 12F y el destino de
algunos protagonistas
Publicado: 12 febrero, 2015 / 11:55 am
Los Estados Zulia, Miranda, Bolívar, Anzoátegui, Distrito Capital pero, sobre todo
Táchira vivieron el fervor de estudiantes y jóvenes que se mantuvieron en la
calle protestando en algunos casos por reivindicaciones estudiantiles y luego
por la represión de la que fueron víctimas. Parecía que protestar ya no era un
derecho consagrado en la Constitución.
Mientras
más entraban en calor las protestas, más drástica era la represión por parte de
los cuerpos de seguridad. En una oportunidad, hasta aviones caza modelo Sukoi
llegaron a sobre volar el municipio San Cristóbal para tratar de amedrentar a
los grupos en efervescencia.
Estos
movimientos trajeron como consecuencia innumerables detenciones. Algunos fueron
detenidos por estar inmersos en hechos violentos, otros por el simple hecho de
protestar. Estos fueron los motivos que llevaron a marchar el 12 de febrero de
2014.
La
convocatoria la hizo el dirigente político de Voluntad Popular Leopoldo López
quien, para ese día contó con el respaldo popular, ayudado por el llamado de
los propios estudiantes. La meta, era exigir a la Fiscal General Luisa Ortega
Díaz colocar la lupa sobre los organismos de seguridad y su manera de reprimir
pero, además reclamar y conminar al Ministerio Público a poner en libertad
plena a los jóvenes detenidos en las diferentes entidades.
Al llegar
una cuadra antes de la Fiscalía en Parque Carabobo, Caracas, los estudiantes
entregaron un documento pero, no en manos de Ortega Díaz, quien no salió a
recibirlos por seguridad. Acto seguido, López emitió un discurso y pidió a
los manifestantes regresar en paz, pues el cometido ya estaba hecho. Sin
embargo, minutos después todo era caos y confusión.
La forma
pacífica como había transcurrido la movilización terminó cuando algunas
personas empezaron a lanzar objetos contundentes contra la fachada de la
Fiscalía en la avenida Universidad (centro de Caracas). Además, Incendiaron
varios vehículos del CICPC que estaban estacionados en la calle opuesta a la
mencionada avenida, incluso la propia plaza sufrió los embates del desorden y,
sus bancos se transformaron en piedras que fueron lanzadas por doquier.
Cerca de
las dos de la tarde, se escuchó el primer fogonazo de una bomba lacrimógena.
Empezaba la tangana entre estudiantes y la Policía Nacional.
Los
jóvenes y asistentes a la marcha comenzaron a correr por toda La Candelaria.
Iban de la avenida Universidad a la esquina de Miguelacho huyendo de los
perdigones. De Miguelacho seguían la carrera hasta la plaza Candelaria, allí
descansaban y volvían a la refriega. Cerca de las 3 de la tarde llegaron unos
“invitados” que debían estar acuartelados y desobedecieron. Algunos en una
camioneta de “Acciones Especiales” y cuales Rambos se bajaron llenos de armas
de fuego y se apostaron en la esquina de Tracabordo, otros estaban en la
esquina de Ferrenquin, pues justo a la mitad de esta cuadra está la sede del
Ministerio de Interior, Justicia y Paz.
Algunos
estudiantes rompieron el cordón policial que estaba apostado en la esquina de
Miguelacho hacia Tracabordo y corrieron en esa dirección. Al llegar a
Tracabordo se encontraron con los carros del SEBIN y cruzaron. Los funcionarios que estaban
apostados en el Ministerio que, en ese momento manejaba Miguel Rodríguez
Torres, abrieron fuego contra los despavoridos estudiantes que huían hacía Monroy.
Disparaban
y disparaban, sacaban una cacerina del arma y colocaban otra. Pero, ¿a quién le
disparaban, sí en la otra esquina llamada Monroy había un piquete de la Policía
Nacional?, es allí donde se producen las dos primeras muertes de las protestas
de 2014: Bassil Dacosta y Juan Montoya.
Dacosta
recibió un disparo certero en la cabeza, se desplomó frente a sus compañeros y
perdió la vida en forma instantánea. Un año después se conoció que de los ocho
funcionarios que accionaron armas de fuego en ese lugar, fue el gatillo del
comisario del SEBIN Ramón Perdomo, el
que acabó con la vida del joven de 24 años de edad. Siete funcionarios más de
ese organismo están acusados por esta muerte. Todos tienen medidas cautelares,
menos Perdomo.
Janeth
Frías, madre de Bassil, salió del Seguro de Guarenas donde iba a ser operada
ese 12 de febrero de 2014. Le practicarían una histerectomía total. La
intervención se suspendió. El quirófano se contaminó y la enviaron a casa.
“Mi
hermana me fue a buscar y me contó que supuestamente le habían dado un tiro a
Bassil en la pierna”. Janeth comentó que como no le había hecho caso, “capaz y
quedaba cojo”, con problemas de movilidad. No fue si no, hasta llegar a su casa
cuando vio la cara de todos.
En el
Hospital Vargas, en Cotiza estaba su padre Alejandro Dacosta, junto a uno de
los tíos del muchacho. Allí confirmaron la noticia a los periodistas de que
Bassil Dacosta había ingresado sin signos vitales al referido centro
asistencial.
Hoy, la
madre de Dacosta no culpa al dirigente opositor por convocar la marcha. Destaca
que la Constitución de la República consagra la libertad de expresión, la
libertad de marchar y protestar. ¨Simplemente
se llamó a marchar porque hay mucha necesidad en Venezuela, y no se puede
ocultar el sol con un dedo, teníamos derecho a expresarnos¨, dijo.
Por otra
parte, Juan Montoya quien recibió un disparo en la cara, también en La
Candelaria, fue trasladado a la clínica La Arboleda en San Bernardino.
“Juancho” era el coordinador del Secretariado Revolucionario de Venezuela,
organización que agrupaba a más de 100 colectivos. Hermegildo Barrera Niño fue
señalado de haber disparado contra Montoya. De inmediato, Barrera lo negó y
culpó a los cuerpos de seguridad. Seguidamente, tomó el control de los
colectivos. Días después se presentó en la Fiscalía, y quedó detenido de
inmediato.
De allí
en adelante, Venezuela ardió durante seis meses. La cifra de muertos se elevó a
43 y 878 lesionados. De las personas heridas 600 eran civiles y 278 de los
cuerpos policiales. 33 civiles murieron productos de disparos y hasta hubo dos
personas decapitadas en Caracas. 10 efectivos de los cuerpos de seguridad
también perdieron la vida en lo que el gobierno denominó “Guarimbas”.
Durante
este año según números del Ministerio Público, 3.351 personas fueron
aprehendidas en todo el país. 1.436 fueron sobreseídas y 1.402 fueron acusadas.
6 se encuentran en archivo fiscal y 507 en proceso de investigación.
El Foro
Penal Venezolano maneja otras cifras. 3.517 ciudadanos fueron arrestados, 310
de ellos menores de edad. De estos 1.978 tienen medidas cautelares, 640 tienen
libertad plena, 545 fueron liberados en la presentación en tribunales y 60
continúan privados de libertad.
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Fuente: http://www.maduradas.com/memorable-los-tragicos-recuerdos-que-nos-dejo-el-12f-y-el-destino-de-algunos-protagonistas/
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