Admite Cancillería “desaparición forzada” de los 43 normalistas
2 de febrero de 2015
Destacado
 |
| Familiares de los normalistas desaparecidos protestan en la PGR. Foto: Xinhua / Alejandro Ayala |
MÉXICO, D.F. (apro).- Al presentar hoy un informe ante el Comité
contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, el subsecretario para
Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Juan Manuel Gómez
Robledo, admitió que la tragedia de Iguala representó un caso de
“desaparición forzada” –es decir, crimen en que estuvieron implicados
agentes del Estado mexicano–, pero urgió al comité a “ir más allá de la
crítica” al poner en contexto la situación de los derechos humanos en
México.
“Vale la pena recordar de dónde venimos y, sin triunfalismos,
apreciar lo que la sociedad y las instituciones públicas en México hemos
avanzado a lo largo de poco más de tres décadas”, declaró el embajador
en Ginebra, Suiza, al urgir a “cualquier organización internacional de
derechos humanos” a privilegiar el diálogo y “evitar incurrir sólo en la
descalificación”.
En tono defensivo, culminó su discurso al llamar al comité a “actuar
con sentido de responsabilidad, de diálogo y cooperación con aquellos
Estados que voluntariamente decidimos asumir las obligaciones derivadas
de la Convención (para la protección de todas las personas contra la
desaparición forzada)”.
Visiones antagónicas
A través del informe que entregó hoy la representación de México en
Ginebra, el gobierno de Enrique Peña Nieto respondió a cada una de las
25 preguntas que emitió el comité el 20 de octubre pasado para que el
Estado precisara sus formas de luchar contra la desaparición forzada.
En contraste, organizaciones de la sociedad civil proporcionaron sus
propias respuestas a algunas observaciones del comité para exponerle su
visión sobre las medidas implementadas por el gobierno mexicano.
El “informe alternativo” subraya ciertos huecos en la lucha contra la
desaparición forzada desplegada por la gestión de Peña Nieto y concluye
sobre “la emergencia para que el Estado mexicano deje de minimizar la
crisis de las desapariciones de personas que atraviesa México y dé
muestras contundentes de voluntad política, a través de medidas para
superar las deficiencias técnicas en materia de investigación y
búsqueda”.
Así, cuando el gobierno dijo al comité que existen desde abril pasado
varias iniciativas legislativas y el exhorto del propio Peña Nieto para
la creación de una Ley General contra la Desaparición Forzada, un
conjunto de 13 ONG precisó que “no se ha adoptado ninguna iniciativa” y
además denunció que la sociedad civil no ha participado en la redacción
de ninguna de esas propuestas.
En su intervención, el embajador Robledo recordó las 10 medidas para
“mejorar la seguridad, la justicia y el estado de derecho en México” que
anunció Peña Nieto a finales de noviembre.
En su informe alternativo, las ONG calificaron estas medidas de
“preocupantes”, ya que “tienen que ver nuevamente con la militarización y
la seguridad de todo el país mediante la creación de un mando único,
más que con el tema principal de realizar la búsqueda de los miles de
desaparecidos”.
Y concluyeron que el decálogo peñista deja fuera “aspectos
fundamentales” en materia de derechos humanos, como un plan nacional de
búsqueda en vida, el fortalecimiento de las labores periciales, la
transparencia en la información o el fortalecimiento de las autoridades
responsables de las investigaciones.
Falles del Renped
En algunos casos concretos, las interpretaciones del gobierno y las
de las ONG son muy diferentes. Por ello, el comité considerará las
distintas versiones de una misma realidad en el momento de emitir sus
observaciones al gobierno mexicano para que éste cumpla con todas las
disposiciones de la Convención.
En su informe, por ejemplo, el gobierno asegura que mantiene
actualizado, con una “depuración permanente y activa”, el Registro
Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (Renped), el
cual puede consultarse en línea.
No obstante, las ONG plantearon que “en diversas ocasiones y después
de varios intentos desde diversas computadoras, en la mayoría de las
veces no fue posible acceder al Renped”, mientras que cuando lograron
ingresar al portal, “más de la mitad de sus casos no se encuentran
registrados”.
También aseveraron que la definición de “personas no localizadas”
vigente en la ley es vaga y “excluye los casos de secuestro, a pesar de
que muchos casos de personas desaparecidas son clasificados de esta
manera y por lo tanto no están reflejados en las cifras de personas no
localizadas”.
Asimismo, las ONG señalaron que la Unidad Especializada de Búsqueda
de Personas Extraviadas “no ha tenido los resultados esperados”, ya que
según ellas únicamente localizó a 86 personas –102, según el gobierno–, y
denunciaron que el gobierno recortó el presupuesto de la unidad “en al
menos 63%”.
En su informe, la administración peñista planteó que desde la reforma
al Código de Reforma Militar, en junio pasado, el fuero castrense ha
dejado de tener competencia para investigar presuntos hechos cometidos
por militares, e informó que entre 2012 y 2014 se turnaron mil 211
averiguaciones previas de la justicia militar a tribunales civiles.
Si bien las organizaciones reconocieron y saludaron la reforma,
advirtieron al Comité de la ONU que la masacre de Tlatlaya y su
encubrimiento por parte de la institución militar revelaron la ausencia
de “controles civiles efectivos” en el seno del Ejército.
En el olvido, la “guerra sucia”
El Comité de ONU pidió en octubre al gobierno mexicano que desglosara
las acciones que emprendió en búsqueda de las personas desaparecidas
durante la “guerra sucia”.
La administración de Peña Nieto dijo que contaba con 252
averiguaciones previas abiertas, a raíz de las cuales realizó
entrevistas a militares de alto rango, escaneos de subsuelo en distintos
lugares, labores de excavación y elaboración de perfiles genéticos. Al
final, admitió, sólo “se localizó a dos personas gracias a estas
acciones”.
Las organizaciones lo resumieron de otra forma: “Los avances en las investigaciones siguen siendo nulos”.
Y recordaron que la administración de Peña Nieto sigue sin reconocer
la competencia del comité para recibir casos de integrantes de la
sociedad civil víctimas de desaparición forzada, a pesar de que este
reconocimiento queda plasmado en la Convención, la cual entró en vigor
en México en diciembre de 2010.
____
Fuente: http://www.proceso.com.mx/?p=394826
No hay comentarios :
Publicar un comentario