FUNDAMERCED: Política Criminal en Venezuela

domingo, 22 de mayo de 2016

Política Criminal en Venezuela

Política Criminal en Venezuela

Fundamerced

Caracas, 22 de Mayo de 2016

Recientemente fue inaugurada la Dirección de Política Criminal del Ministerio Público. Este es el boletín de prensa, al cual se puede acceder desde la siguiente dirección electrónica: http://avn.info.ve/node/353522

Caracas, 03 May. AVN.- La nueva Dirección de Política Criminal del Ministerio Público (MP) dará importantes aportes a la seguridad ciudadana y a la celeridad procesal y, en consecuencia, optimizará la marcha del sistema de justicia penal y fomentará la credibilidad y la confianza de la colectividad en los cuerpos de seguridad, sostuvo este martes la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.

En rueda de prensa, tras la inauguración de la nueva instancia en Caracas, la fiscal explicó que esta dependencia estará presidida por Rafael González, quien cuenta con amplia trayectoria en el sistema de la justicia penal. Agregó que el funcionario dirigirá un equipo de profesionales que trabajarán en función de elaborar una propuesta integral al Estado para contrarrestar el accionar de las bandas delictivas y para ello recurrirán a insumos y estadísticas de las instancias vinculadas con el área, así como de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y demás entes del sistema de justicia penal.

"Somos el único organismo del país que cuenta con una dependencia especializada para realizar estudios, diagnósticos y recomendaciones en materia de política criminal que sirvan para mantener la armonía y la tranquilidad de los ciudadanos", dijo.Ortega Díaz reiteró su llamado al desarme de la población y consideró que la tenencia de las armas debe estar controlada por el Estado con el fin de evitar incitaciones a la violencia, así como resaltó la importancia de promover valores del buen vivir para garantizar la paz.

A tal respecto hemos de señalar que en Venezuela existe desde el año 1951 un ente público cuya misión es ocuparse de la política criminal, cuándo por Decreto Nº 323 de fecha 19-10-1951 fue creada la Comisión de Prevención de la Delincuencia. Esta Comisión tenía como objetivo “…investigar las causas de la criminalidad de las distintas regiones del país, y proponer al Ejecutivo Federal las medidas adecuadas para contrarrestarla.” Era ésta una época caracterizada políticamente por la represión política, la segregación de los disidentes políticos –tildados como “comunistas”- en centros de reclusión alejados de los grandes centros urbanos –como la Isla Guasina, en el curso final del río Orinoco, en Delta Amacuro, o la Isla del Burro, en el Lago de Valencia- pocos meses antes de la asunción al poder del General Pérez Jiménez.

Conforme al decreto que la creó, esa Comisión de Prevención de la Delincuencia estaba conformada así:

► Directores de Política y Seguridad Nacional, en representación del Ministerio de Relaciones Interiores

► Directores de Renta Interna y Aduanas, en representación del Ministerio de Hacienda

► Comandante de las Fuerzas Armadas de Cooperación (actual Guardia Nacional Bolivariana), en representación del Ministerio de la Defensa

► Director de Educación Primaria y Normal, en representación del Ministerio de Educación

► Jefe de la División de Higiene Mental y el Presidente del Consejo Venezolano del Niño (actual INAM, en proceso de desaparición jurídica), en representación del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social

► Directores de Justicia y Prisiones, en representación del Ministerio de Justicia.

Esta Comisión de Prevención de la Delincuencia fue reemplazada mediante Decreto Nº 241 de fecha 11-02-1970, durante la primera presidencia de Rafael Caldera, por la Dirección de Prevención del Delito, actualmente existente, adscrita al Ministerio de Justicia, integrada exclusivamente por personal ministerial, sin participación de otros entes ni públicos ni privados.

Desde ese entonces, más de sesenta años luego, la política criminal en Venezuela se ha caracterizado por la aplicación discontinua de programas aislados y carentes de un marco o plan de acción que los unifique y confiera al menos coherencia conceptual y metodológica respecto a una norma rectora que los oriente hacia un fin específico y que ha provocado más bién un incremento del auge delictivo debido a que las soluciones aportadas para abordar y hacer frente al fenómeno criminal son coyunturales y no estructurales, y de allí que en vez de prevenir las causas de la criminalidad y brindar tratamiento resocializador a quienes delinquen, impone medidas represivas que afectan más a quienes no delinquen, qué sería la población en general, o ciudadanía.

Entonces, es falso que en Venezuela no exista una “…dependencia especializada para realizar estudios, diagnósticos y recomendaciones en materia de política criminal…”; ha existido desde la época de las juntas militares que gobernaron al país hace más de sesenta años, cómo ya quedó evidenciado; igualmente es falso que la política criminal para ser dictada deba nutrirse meramente de datos estadísticos respecto a cuántos incurren en determinado delito cómo pareciera afirmar la Fiscal General, dado que para dictar una medida pública en materia de prevención del delito se requiere conocer más bién cuál es la norma cultural que orientará precisamente esa medida de política criminal a ser dictada o formulada. Por tanto, nos parece que esta nueva dependencia viene a engrosar aún más la ya abultada burocracia que poseemos a nivel nacional, y que al existir ya una dependencia cuya función es implementar medidas de política criminal esta nueva dependencia estaría invadiendo entonces la esfera de competencias de esa antigua Dirección de Prevención del Delito, e incurriendo igualmente en un dispendio de recursos públicos, lesionando aún más así nuestro ya maltratado erario público.

Somos de la opinión igualmente que la Fiscalía del Ministerio Público bastante tiene de que ocuparse, en vez de estar indagando también acerca de la fenomenología criminal: Crímenes atroces por doquier como decapitaciones, descuartizamientos y

Caso de corrupción pública:
Tercer Puente sobre el Río Orinoco

desmembramientos; linchamientos por la desesperación de la gente al sentirse impotentes ante los embates del hampa; notorios casos de corrupción pública; miles y miles de funcionarios públicos devengando sueldos y salarios sin prestar servicio alguno ni cumplir horario, tráfico y distribución de drogas…¿Quieren investigar? Investiguen entonces los innumerables casos de la cifra negra de la criminalidad, y cuya persecución criminal deberían abrir de oficio vía “noticia criminis” dado que tanto en las redes sociales como en la prensa escrita circulan datos respecto a esos delitos cuya comisión no es denunciada ante los correspondientes organismos de investigación criminal o que siendo denunciados son desestimados hasta por la propia Fiscalía.

En cuanto al hacinamiento carcelario y el retardo procesal, son graves cuestiones a ser resueltas, indudablemente; la primera, no sólo incrementando la capacidad de albergue del sistema carcelario sino procurando minimizar tanto la reincidencia criminal como la comisión misma de actos delictivos; la segunda, extendiendo a 24 horas al día los 365 días del año el horario de actividad efectiva de los tribunales de la República así como el de todos los factores del sistema de justicia: Fiscales, Defensores Públicos, cuerpos policiales, etc.

El hampa no descansa ni toma vacaciones ni reposa, ni siquiera cuándo hay racionamientos de energía eléctrica o se decreta como no laborables tres días de cada semana para ahorrar energía eléctrica: El hampa actúa todos los días y a toda hora, indefectiblemente.

De modo pues, a sabiendas que no existe esa política criminal, deberíamos comenzar entonces por formularla; nosotros la comenzaríamos así:

Quién llame vía telefónica debido a una emergencia policial, debería ser atendido inmediatamente por el sistema judicial, el día qué sea, a la hora qué sea…y que la policía esté en las calles a toda hora, patrullando, a pie, no mediante drones ni por cámaras remotas colocadas en lo alto de postes…y que quién delinca sepa que purgará condena sí es hallado

culpable, y que purgando condena habrá de modificar su comportamiento pues sí reincide, purgará una sanción adicional por haber reincidido…pero purgando “condena” en una cárcel, en vez de estar reforzando su propia conducta desviada en un recinto con piscinas, restaurantes y discotecas, disfrutando de la compañía de sus compinches y exhibiendo en redes sociales su smartphone y sus armamentos, por lo cual deberían colocar entonces bloqueadores de llamadas telefónicas en todos los recintos, e impedirle a los reos el uso y posesión de teléfonos móviles y computadoras, evitando así que desde el interior de esos recintos prosigan ejecutando actividades criminales tales como extorsiones, secuestros, robos, etc.; asimismo, para evitar que consuman drogas y alcohol dentro de las cárceles, todo recinto carcelario debería estar provisto de sistemas electrónicos

de detección tanto de armas como de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, e incluir el uso de brigadas caninas antidrogas, evitando así tanto el ingreso de armas y drogas por parte de los visitantes, como el vejatorio examen de las partes íntimas de las mujeres que visitan a los reclusos, con exploración digital incluída, pese a que dentro de algunas cárceles los reclusos estacionan los vehículos recién robados.

En definitiva, es inexistente en Venezuela una política criminal, un programa integral de medidas públicas en materia de prevención de la criminalidad; existen sí programas para recrear y dar esparcimiento a las madres de los reclusos; o llevarlos en gira artística por Europa como integrantes de una sinfónica; pero no una sana medida en cuya virtud se establezca cómo ha de ser socializado todo individuo miembro de nuestra sociedad venezolana, o resocializarlo sí perturba el orden social, al incurrir en la comisión de algún delito.
No basta expresar públicamente: “Dile no a las drogas” o “No más bullying”; son

Basura en Caracas: ¿Quién debería responder?
Respuesta: El Alcalde.

frases y expresiones carentes de todo sentido sí la impunidad criminal es promovida por el propio Estado al no castigar oportuna y adecuadamente a quién delinque, son simples clichés.

La política criminal ha de ser formulada como un todo integral, que comprenda todas las incidencias y facetas de la vida cotidiana de los miembros de una sociedad: ¿Cómo y por qué evitar los embarazos precoces? ¿A partir de cuál edad se podrá mantener relaciones sexuales o consumir alcohol? ¿Evitamos que determinados programas de televisión sean transmitidos durante el día, o impediremos que sean transmitidos a cualquier hora? ¿Legalizamos el consumo de la marihuana, pues en otros países la consumen legalmente? ¿Permitimos el matrimonio entre humanos y animales, pese a que en Alemania todavía el asunto está en discusión? ¿Un hombre se podrá casar con un perro macho, o una mujer con una perra?

Cómo podremos advertir, formular una política criminal va más allá que el de ordenar una simple razzia para exterminar unos delincuentes que se hallen ubicados en una determinada ubicación geográfica; tampoco podría ser formulada de modo improvisado, ni guiado por las hormonas ni por la moda del momento ni por aquellos que a cada rato y en todas partes opinan y pontifican sobre cualquier tema. Corresponde a la sociedad formularla pero a partir de sus correspondientes normas culturales, qué tras ser establecidas y enunciadas servirían como fundamento sobre el cuál formular entonces éstas medidas públicas de prevención de la criminalidad. Por supuesto, mientras impere como norma el encubrimiento y el espíritu de complicidad en una sociedad, difícilmente podría ser formulada una adecuada y sana medida de política pública, debiendo conformarse por las esporádicas razzias efectuadas de en vez en cuando para depurar un poco el tejido social de la sociedad como ente, extrayendo y extirpando lo dañado y pernicioso.