Abarca y narcos de Guerreros Unidos, denunciados desde mayo
De acuerdo con la Fiscalía General de Guerrero y la
averiguación de la PGR, hubo imputaciones ministeriales por la comisión de
diversos delitos contra el ex alcalde de Iguala.
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| Sitio donde fueron encontrados restos óseos calcinados. (Jorge Carballo) |
Juan Pablo Becerra-Acosta M./Reportaje 13/11/2014 02:30 AM
México
En mayo pasado hubo imputaciones ministeriales por la
comisión de diversos delitos contra el entonces alcalde de Iguala, José Luis
Abarca, y su secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez
(prófugo), así como contra policías al mando de éste.
De acuerdo con el expediente 82/2014-I de la Fiscalía
General de Guerrero y a la averiguación previa SEIDO/UEIDS/4612/2014, de la
Procuraduría General de la República, también hubo denuncias contra integrantes
del cártel Guerreros Unidos que operaban en esa ciudad y que presuntamente
tenían vínculos con ambos servidores.
Debido al avance en las pesquisas de la PGR en el caso
Iguala-Ayotzinapa, hoy se puede constatar que varios de esos delincuentes,
entonces denunciados, de quienes en las averiguaciones previas se dieron
nombres, apodos e incluso direcciones, fueron algunos de los principales
ejecutores de la agresión contra estudiantes de la escuela normal rural de
Ayotzinapa la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre.
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En la declaración ministerial del ciudadano Ernesto Pineda
Vega (efectuada a partir de las 13:00 horas del 1 de mayo de este año en el
Centro Regional de Reinserción Social de Acapulco), líder social de la colonia
San Miguelito en Iguala, que en abril de este año había denunciado públicamente
la existencia de un narcolaboratorio y una fosa clandestina en su barrio, donde
fueron hallados seis cuerpos y tres osamentas (ambos hechos fueron confirmados
el 10 y el 16 de abril por autoridades locales y federales que aseguraron los
sitios), así como numerosos secuestros perpetrados por Guerreros Unidos,
aparecen nombres y hechos como estos:
—José Luis Abarca, el alcalde, imputado como presunto autor
intelectual de dos asesinatos. Él y su secretario de Seguridad Pública, Felipe
Flores Velázquez, señalados como partícipes en secuestros y extorsiones.
—Mario y Rafael Casarrubias, El M y El Mochomo,
respectivamente, imputados por ser “el brazo armado del presidente municipal y
del director de Seguridad Pública”, junto a un grupo de cinco hermanos (Tilo,
Osiel, Orebelín, Mateo y Salvador) conocidos como Los Peques, de apellidos
Peralta Rodríguez.
Según las averiguaciones de la PGR sobre el caso Ayotzinapa,
El Mochomo es uno de los dos líderes de Guerreros Unidos que, meses después,
dio la orden de desaparecer y eventualmente asesinar a los estudiantes normalistas.
Los Peques, sicarios al servicio de Guerreros Unidos,
dedicados también al narcomenudeo, han sido señalados como algunos de los
responsables de la agresión contra los estudiantes, de acuerdo con lo asentado
en indagatorias de la PGR.
—La existencia y el domicilio del presunto jefe de sicarios
de Guerreros Unidos, El May, a quien también le dicen El Chucky o El Pelón,
quien de acuerdo con pesquisas de la PGR sería jefe de plaza en Iguala y habría
participado en la desaparición de los estudiantes. De hecho, los policías
municipales le habrían entregado a él a los normalistas capturados.
—El Gil, El Gallero, quien de acuerdo con la PGR hoy ya se
sabe que se llama Gildardo López Astudillo, líder local de la organización
criminal Guerreros Unidos, quien ordenó la desaparición de los cuerpos.
Habitante de Pueblo Viejo, al lado de Cerro Viejo, donde se
encontraron nueve fosas clandestinas hace semanas, es, ni más ni menos, quien
supuestamente procedió, junto a varios hombres más, a ejecutar a algunos de los
estudiantes desaparecidos, de acuerdo con las indagatorias de la PGR, una vez
que recibieron órdenes de dos de sus jefes, uno de ellos Sidronio Casarrubias,
ya detenido, quien lo instruyó vía mensajes de texto y de voz a través de un
teléfono móvil.
—Un modus operandi de secuestros implementado por policías
de Abarca y criminales que coincide con el que supuestamente ocurrió durante la
agresión contra los jóvenes de Ayotzinapa:
“La policía municipal levanta a las víctimas y ellos las
entregan a los Guerreros Unidos, y éstos se encargan de negociar y cobrar sus
rescates”, declaró Pineda Vega ante las autoridades.
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La declaración de Pineda Vega fue rendida ante el Ministerio
Público del fuero común adscrito a la Dirección General de Control de Averiguaciones
Previas de la Fiscalía General de Guerrero (expediente 82/2014-I). Al día
siguiente de esa diligencia, el 2 de mayo de este año, se dio parte a la Unidad
Especializada en Delitos contra la Salud (UEIDS) de la PGR, la cual inició la
averiguación previa SEIDO/UEIDS/4612/2014.
Ernesto Pineda Vega, de 40 años de edad, oriundo de
Cutzamala de Pinzón, habitante de la colonia San Miguelito, en Iguala, declaró
estando preso, ya que había sido detenido el 23 de abril de este año en su
domicilio, acusado del secuestro del ciudadano de Iguala Alfredo Salgado
Salgado, ocurrido el 22 de abril. El hombre fue hallado por agentes
ministeriales guerrerenses al día siguiente de su desaparición y en ese momento
imputó a Pineda Vega como el autor de su secuestro. El mismo día de su captura,
Pineda Vega, en su calidad de líder de la colonia donde habita, había hecho
declaraciones a la prensa local en las que denunciaba que el cártel Guerreros
Unidos había secuestrado y desaparecido a “un innumerable número de personas”.
Según sus dichos ministeriales, Abarca como su secretario de
Seguridad Pública estaban involucrados en estos ilícitos. Para sustentar sus
acusaciones narró ante el Ministerio Público que, ante las protestas de los
padres de uno de los secuestrados (el ciudadano Luis Pacheco), tanto Abarca
como su jefe policial dieron instrucciones de que el plagiado fuera liberado.
Tales instrucciones, contó Pineda Vega, fueron dadas a Mario y Rafael
Casarrubias, El M y El Mochomo.
Pineda Vega, como se mencionó, había denunciado semanas
atrás la existencia de un narcolaboratorio en la zona, hecho del cual se
percató debido a los “fuertes olores que enfermaban a los niños”. Su denuncia
verbal la hizo ante el 27 Batallón Militar en Iguala. Y en efecto, el 10 de
abril, efectivos del Ejército mexicano desmantelaron el laboratorio donde se
elaboraban drogas sintéticas. Días después, el miércoles 16 de abril,
integrantes de diferentes corporaciones policiacas localizaron un total de seis
fosas clandestinas, en las cuales fueron hallados seis cuerpos en estado de
descomposición y tres osamentas humanas, también en las inmediaciones de la
colonia San Miguelito, al poniente de Iguala.
LA AMENAZA DE MUERTE
Pineda Vega no solo ha sido líder de su colonia, también
colaboraba en las movilizaciones sociales de Arturo Hernández Carmona,
dirigente del Frente Unidad Popular, quien en mayo del 2013 fue secuestrado y
luego asesinado por Abarca, de acuerdo con las indagatorias de la PGR sobre el
caso. Pineda Vega contó en su declaración ministerial que, ocho días antes de
la desaparición de Arturo Hernández, Abarca lo llamó a su oficina y lo amenazó:
“Quiero señalar que yo anduve trabajando con Arturo
Hernández Cardona, solicitando apoyo para las personas de bajos recursos
(fertilizantes para campesinos) ante el presidente municipal de Iguala, quien
en una ocasión me llamó en lo privado, siendo esto ocho días antes de que
levantara a Hernández, y me dijo lo siguiente: ‘A ver, hijo de la chingada, ya
me tienen hasta la madre. O te separas de Cardona, o vas a correr la misma
suerte’.”
Según Pineda Vega, en sus dichos ante el Ministerio Público,
Abarca también mandó asesinar en 2013 al síndico Justino Carbajal (homicidio
del cual Abarca fue acusado públicamente por Hernández Cardona), a Rafael
Ochoa, líder de una colonia rumbo a la salida hacia Taxco, y ordenó el
secuestro de los propietarios y de 20 trabajadores de una gasolinera ubicada en
la salida de la ciudad hacia el municipio de Teloloapan.
Pineda Vega también dio cuenta de extorsiones de “200 pesos
a cada uno de los choferes y dueños de taxis locales”, lo que representaría
alrededor de 3.2 millones de pesos mensuales por 2 mil unidades. De igual
manera, narró los cobros de piso de 10 mil y hasta 20 mil pesos mensuales a los
comercios locales, con el supuesto aval de Abarca y de su jefe policiaco.
De acuerdo con Pineda Vega, el secuestro que le imputaban se
lo “mandaron a fabricar”, por todas las denuncias públicas que hizo sobre
laboratorios, fosas y nexos con el crimen organizado del alcalde y sus
subordinados, así como por haber dado a conocer las actividades de los
delincuentes. Según él, un hombre llamado Crisóforo Tinoco Bahena habría
recibido 2 millones de pesos para matarlo a él y a toda su familia, por órdenes
del secretario de Seguridad Pública de Iguala, esto debido a que “les estorbó
para seguir con su organización, Guerreros Unidos, de la cual forma parte
Adolfo Salgado Salgado”.
MILENIO tuvo acceso a los documentos aquí citados, de los
cuales posee copias.
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Fuente: http://www.milenio.com/policia/mayo-imputaciones-Abarca-complices-averiguacion-denuncias-Guerreros-Unidos-narco_0_408559158.html
